El país debe agradecer las valientes declaraciones del oficial del Estado Civil Luis Felipe Rodríguez, quien ha propuesto públicamente que a los oficiales del Estado Civil se les fije un sueldo en vez de seguir percibiendo como propios los ingresos de las oficialías, lo que permitiría invertir los recursos ahorrados en mejorar los servicios que estas importantes oficinas públicas ofrecen a la población. 

Algunos miembros de la Junta Central Electoral (JCE) entienden que el oficial Rodríguez debe ser separado de sus funciones por haber actuado de una manera imprudente o por no entender su posición. Aplicarle una sanción sería una clara señal de que quienes no entienden las necesidades de la población son los miembros de la JCE. Convertirían en víctima a una persona que dirige una oficialía que puede generarle beneficios personales por trescientos mil pesos mensuales y está dispuesto a sacrificarlos a cambio de un salario digno y que está abogando por mayor acceso de la ciudadanía a los servicios del Estado Civil. Sería indudable que un acto de esta naturaleza, que no reflejaría autoridad sino autoritarismo, generaría un serio perjuicio en la imagen de la JCE. 

Lo que debe hacer la JCE es cumplir con la ley, pues en dos oportunidades distintas la ley ha dispuesto establecer salarios a los oficiales del Estado Civil, sin que la JCE haya obtemperado a su cumplimiento. En la Ley 8/92, que pasó el control de las oficialías a la JCE, se señaló que ésta última “establecerá para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil un nuevo sistema tributario, consagrando como ingresos del Estado las tasas y derechos que actualmente perciben  dichos funcionarios públicos y fijándoles a estos sueldos del Estado”. Posteriormente, la Ley Electoral 275/97 dispuso que la JCE fijara la remuneración de todos sus empleados y funcionarios, lo que incluye a los oficiales del Estado Civil.  A pesar del mandato legal, la JCE ha mantenido el sistema por el cual casi todos los ingresos de las oficialías corresponden a quienes las dirigen, al igual que los consulados, lo que origina corrupción, clientelismo y nepotismo, en detrimento del servicio que se debe rendir a la población. 

Mientras no se corrija la forma en que son designados y remunerados los oficiales del Estado Civil, los escándalos continuarán, las actas de nacimiento seguirán comercializándose para reducir la edad, para crear matrimonios y parentescos falsos y para cualquier fin que permita un pago, que termina lucrando ilegalmente a muchos oficiales y a otros detrás de éstos. Es una pena que teniendo la JCE miembros de reconocida seriedad y capacidad, ninguno todavía se haya convertido de manera pública en denunciante de esta ilegalidad, no sólo para proteger su nombre sino a la sociedad. Es hora de que cada uno se pronuncie públicamente al respecto. Si lo que detiene a estas personas es no poner en riesgo la “gobernabilidad” en el organismo, habría que preguntarse si el país y ellos mismos deben pagar un precio tan alto por la misma.

Francisco Álvarez Valdez
Abogado