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Insisto, insisto e insisto El 18 de agosto escribí que la JCE violaba el artículo 8 de la Ley 8-92 que la manda a establecer un sistema tributario para las actuaciones de los Oficiales del Estado Civil “consagrando como ingresos de Estado las tasas y derechos que actualmente perciben dichos funcionarios públicos y fijándoles a éstos sueldos del Estado”. Agrega el artículo 8 que “las declaraciones de nacimiento, reconocimiento y defunciones serán gratuitas”. Me sorprendió que la comunidad jurídica, el Congreso hacedor de Leyes, el Poder Ejecutivo que asigna los recursos a la JCE y los partidos políticos no dijeran ni estaboca es mía sobre el particular. Como si una violación de esta magnitud fuese insignificante. Llegué a pensar que estaba equivocado o que andaba caminando entre las nubes de una ética tetrapléjica. Le encontré sentido al silencio cuando leí las declaraciones del Oficial del Estado Civil de la Doceava Circunscripción, Luis Felipe Rodríguez, de las que se infiere que esta violación a la ley resulta onerosa para el erario y deja pingües beneficios a los oficiales del Estado Civil y a quienes les apoyan. Sume esto al rumor de que existe una repartición de las Oficialías que dejan mayor cantidad de dinero entre familiares, allegados y allegadas de quienes tienen incidencia en la JCE y lo entenderá usted. Según Rodríguez, mientras los oficiales del Estado Civil pueden fijar los precios que deseen por sus servicios y quedarse con el dinero que recaudan, la JCE paga el 80% de los costos operativos de las Oficialías. Dijo: “Lo único que cubre el oficial es el personal que él emplea, pero luego la Junta paga gran parte del personal de las oficialías, la factura eléctrica, el teléfono, el papel de seguridad que se usa para la expedición de documentos y los archivos”. Rodríguez ha desarrollado en su circunscripción un novedoso, exitoso y replicable programa para dotar de acta de nacimiento de manera gratuita y rápida a las personas que carecen de ella, pero la JCE no ha querido llevar este programa a otras oficialías. El presidente de la JCE le ha respondido a Rodríguez. Su respuesta me ha dejado patidifuso. No esperaba que un jurista y profesor tan elogiado obviara el tema en debate y dijera que “un oficial del Estado Civil no está facultado para ofrecer declaraciones que son competencia de la política de la JCE”. Además dijo que él mismo presentará las acusaciones contra Rodríguez en el pleno del tribunal. No responde al contenido de lo dicho por el oficial del Estado Civil, no explica el asunto de la violación a la Ley 8-92, sino que dice que Rodríguez no está facultado para hablar. ¿Lo van a acusar y a quitar de su cargo sin dar respuestas a tan graves denuncias? ¿El problema es quién imputa una irregularidad y no la irregularidad? ¿Seguiremos sin darnos cuenta de las implicaciones graves que sobre la estructura de valores de la sociedad tienen hechos como este? ¿Puede el poder condenar sin juicio a quien denuncia actos reñidos con la ética de servicio del funcionario y con las leyes vigentes? Ciudadano y ciudadana, no se laven las manitas.
Ramón Tejada Holguín
22
de septiembre 2005 |
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