Los últimos diez años han traído una importante cantidad de nuevas leyes, y otra igualmente importante está pendiente de aprobación congresional, y parecería que marchamos a una sobre regulación que, sin embargo, no produce efectos significativos en la cotidianidad dominicana. 

En el país se aprueban leyes que posteriormente no se cumplen, total o parcialmente, pues la realidad es que existe una fortísima cultura de incumplimiento que nadie se preocupa por reducir. Existen ejemplos por todas partes. Se aprobó una ley para obligar a los funcionarios entrantes y salientes a declarar sus patrimonios y todos conocemos que sólo se cumple parcialmente y no existen consecuencias. 

Es cierto que no existe sanción en la indicada ley, pero bastaría con separar de la administración pública a aquellos que no hayan cumplido con el mandato de la ley, lo que tampoco ocurre. La Ley Electoral define el período de campaña, pero parecería letra muerta pues la mayoría de los partidos la incumple. La Ley del Defensor del Pueblo es incumplida por el propio Congreso que la aprobó, al dejar engavetada la designación de este funcionario y  de sus adjuntos.   

La Ley de Medio Ambiente fue aprobada para ser violada constantemente, incluso por legisladores que participaron en  su aprobación. La Ley de Carrera Judicial prohibió los traslados de jueces como forma de sanción disciplinaria y hasta la Suprema Corte de Justicia se ha sumado, incumpliéndola, a la cultura imperante.  La Constitución prohíbe el endeudamiento del Estado, en cualquier tipo de moneda,  sin aprobación congresional, y, sin embargo, todos los gobiernos han violado esta disposición sin que se haya escuchado a un solo congresista reivindicar la facultad del Congreso en esta materia. Tenemos una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que prácticamente no se aplica y, a pesar de ello, se viola sin contemplaciones.  

Recientemente se ha aprobado una flamante Ley de Migración, que dispone un plazo para la aprobación de su reglamento de aplicación y, a pesar de que el plazo ha transcurrido, no tenemos reglamento y la ley no se cumple. Luego de años de discusión se aprobó una Ley Monetaria y Financiera sólo para que meses después se violara de manera rampante con el rescate de los depositantes en la crisis bancaria del 2003.  Esa misma ley establece topes a los préstamos de última instancia que el Banco Central puede otorgar a las entidades de intermediación financiera, que tampoco fueron respetados. 

Y no cabrían en todas las páginas de este medio los casos que faltan, por lo que es válido preguntarse si es correcta la estrategia de seguir levantando el edificio normativo a pesar de que conocemos que la zapata no funciona correctamente. Es difícil tomar la decisión de no aprobar leyes que el país necesita, por lo que la estrategia correcta debería ser seguir aprobando estas leyes al mismo tiempo que se trabaja en ponerle fin a la cultura de incumplimiento que existe en nuestra sociedad, y de la que todos, en mayor o menor grado, somos responsables.

Francisco Álvarez Valdez
Abogado