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Hay
que modificar la ley de primarias La JCE no debe dilatar la convocatoria del liderazgo político y legislativo para exponerle la inviabilidad de la ley y plantear modificaciones básicas
El máximo organismo electoral está compelido a convocar al liderazgo político
y legislativo para exponerle claramente todas las dificultades y riesgos
que entraña esa ley y la necesidad de modificarla en varios aspectos
medulares, devolviendo a los partidos la responsabilidad de sus procesos
electorales internos.
Expertos internacionales han revelado que la República Dominicana sería
el primer país en instituir un sistema de primarias para la selección de
candidaturas congresionales y municipales a cargo del organismo rector de
los comicios nacionales, y a realizarse en una sola jornada con
multiplicidad de partidos. Sólo
para presidente
En los escenarios en que se ha debatido a fondo la ley aprobada el 15 de
agosto y promulgada en la misma fecha por el presidente Hipólito Mejía
se ha concluido en que sólo es aplicable en las elecciones presidenciales,
y prácticamente imposible para los niveles congresionales y
municipales.
De hecho el consultor chileno Carlos Eduardo Mena, traído al país a
mediados de noviembre por el movimiento cívico Participación Ciudadana
con auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
sostuvo que no tiene constancia de que en alguna parte del mundo se haya
puesto bajo responsabilidad del organismo rector de las elecciones la
selección de candidatos para los cargos legislativos y municipales.
Aunque por otro lado se dijo que Bolivia ha aprobado también una ley al
respecto, pero que al igual que aquí, no se sabe cómo podría ser puesta
en práctica.
Aún para escoger candidatos presidenciales en un sistema que para los últimos
comicios registró 22 partidos con derecho a postular, sería una tarea
muchas veces más complicada que las mismas elecciones nacionales.
Demandaría un nuevo entrenamiento de quienes operan los colegios
electorales.
De entrada la JCE no podría limitar el número de precandidatos, porque
entrañaría la violación del derecho de cualquier militante de partido a
aspirar a la candidatura presidencial. Una limitación del número
conllevaría una elección pre-primaria, a no ser que se deje en manos de
las cúpulas la selección de quienes irían a la competencia, lo que
desnaturalizaría la intención democrática de la legislación y originaría
los mismos conflictos internos que se trata de evadir al poner las
primarias en manos del tribunal electoral.
Tomando como ejemplo el número de perredeístas que a mediados del año
pasado aspiraban a la candidatura presidencial, que fueron por lo menos
diez, y multiplicándolos por 22 partidos, la JCE tendría que realizar en
una sola jornada 220 cómputos individuales para proclamar. Mientras en
una elección presidencial sólo se determina un ganador, en las primarias
serían 22.
La representación de tantos candidatos sería imposible en los colegios
electorales, lo que aumentaría las impugnaciones. Si se hace por partido,
resultaría conflictivo seleccionar uno o dos delegados que representaran
a todos los aspirantes.
En principio el proyecto de ley que elaboró el Consejo
Nacional de Reforma del Estado sólo instituía la obligación de las
primarias para las candidaturas individuales, a la presidencia, senador y
síndico. Pero en el Congreso se entusiasmaron y lo extendieron a
diputados y regidores.
Previsible
caos institucional
La ley de Primarias tendría que ponerse a prueba con los comicios más
difíciles, por la multiplicidad de candidatos, los congresionales y
municipales del 2006, donde se ponen en juego los 32 senadores, 150
diputados, 135 síndicos y vicesíndicos y cientos de regidores.
No habría mecanismo para impedir que por cada cargo en disputa se
presente una decena de aspirantes por cada uno de los partidos reconocidos,
lo que implicaría millares de escrutinios individuales a nivel nacional y
cientos por cada circunscripción electoral.
Las boletas serían inmanejables si se pretende recoger en una sola todas
las precandidaturas, tanto como si dispone una por partido político.
En la elección congresional y municipal del 2002 hubo graves problemas de
escrutinio al instituirse la circunscripción con voto preferencial para
los diputados, ya que hubo errores de sumatorias en una alta proporción
de las actas.
El escrutinio sería interminable, con el agravante de que la ley dispone
en su artículo quinto que la proclama de los ganadores debe producirse 5
días después de celebradas las primarias. Los legisladores no previeron
la posibilidad de muchas impugnaciones que deben ser conocidas por las
juntas electorales municipales.
El nuevo sistema pondría también en juego las alianzas de los partidos,
que tendrían que ser redefinidas en la ley electoral, o por lo menos
reglamentadas.
Con tantas precandidaturas y complicaciones, todo el proceso
organizativo de las primarias, la propaganda de la JCE y la logística serían
más complicadas y costosas que cualquier elección nacional, implicando
la erogación de cientos de millones de pesos con cargo al presupuesto
nacional, adicional al ya instituido por ley en beneficio de los partidos,
que es del 0.5 por ciento de los ingresos ordinarios en los años
electorales y de la mitad en los demás.
Se atribuye a la Dirección General de Elecciones haber cuantificado en más
de 400 millones de pesos el costo que tendría una primaria.
El doctor Roberto Rosario ha sido el juez electoral más decidido en
proclamar la inviabilidad de la ley de Primeras, llegando a calificarla
como “una trampa que podría llevar a la JCE a un matadero” e
inhabilitarla para arbitrar las elecciones del 2006. Estimó que los
precandidatos podrían llegar hasta 40 o 50 mil. Vaticina un caos
institucional que pondría el país en una situación innecesaria de
ingobernabilidad.
Falta
decisión en la JCE
La JCE está en el deber de tomar una decisión sobre la ley de Primarias,
para lo cual deberá convocar a los partidos políticos. El presidente de
la misma, doctor Luis Arias, dijo la semana pasada que consultarían
primero a los técnicos del organismo para proceder posteriormente a
convocar la jerarquía de todos lo partidos y de los legisladores.
Lo primero que procede es que el plenario de los jueces electorales adopte
una posición. Se sabe que la mayoría de sus integrantes considera
impracticable la ley, pero dos o tres de ellos se aferran al criterio de
que tienen que aplicarla.
Luis Arias se cuenta entre los jueces que estiman imprescindible
importantes modificaciones a la ley, pero aferrado al criterio
institucional no ha querido expresarse públicamente.
En los niveles técnicos se estima imposible proclamar candidatos
congresionales y municipales de todos los partidos en el plazo legal de 5
días. Al director general de Elecciones se le atribuye haber dicho que
las primarias tendrían que hacerse en noviembre para estar seguros de que
en enero hayan sido conocidas las posibles impugnaciones.
Eso conlleva un perjuicio adicional al extender la campaña electoral, en
vez de reducirla como se ha planteado reiteradamente en la opinión pública.
El país podría tener un año de precampaña y campaña electoral, con
los costos que implica, y al final los candidatos terminarían más
alienados y subordinados a los grandes financistas, lo que opera en
sentido inverso a la democracia.
Nadie cuestiona la intención democrática de las elecciones primarias,
que de hecho ya es el método de elección de candidatos de los
partidos mayoritarios. Pasar su organización a la JCE implica una confesión
de que son incapaces de practicar la democracia interna Posición
de los partidos
La ley fue aprobada en el Congreso Nacional con votos
provenientes de todos los partidos, aunque fueron los perredeístas los más
entusiastas, creyendo que de esa forma evadirían los conflictos que
suelen aquejar al partido blanco en cada elección de candidatos.
El senador del PLD por el Distrito Nacional, José Tomás Pérez, se
cuenta entre quienes votaron la ley y la han defendido, aferrado al
criterio de que mejoraría el sistema democrático en tanto reduciría el
poder de las cúpulas en las nominaciones de candidatos.
Sin embargo, los partidos no han fijado posición formal sobre la ley, lo
que tendrían que hacer si son consultados por la JCE.
Los reformistas han sido los más críticos de la ley de Primarias pero,
según fuentes de la JCE, no fijaron una posición definitiva durante una
visita girada al organismo a comienzos de esta semana.
En el fondo de la posición de los partidos subyace el interés de elevar
el financiamiento público. Al traspasar la organización de las Primarias
a la JCE se economizarían su costo.
Como si eso fuera poco, varios legisladores introdujeron en la Cámara de
diputados un proyecto de ley para llevar al 0.5 por ciento de los ingresos
ordinarios, sea o no año de elecciones. Con un presupuesto que se acercará
a los 200 mil millones de pesos el próximo año, de los cuales unos 150
mil millones serían de ingresos internos, el financiamiento a los
partidos rondaría los 750 millones de pesos en el 2005.-
Juan Bolivar Díaz 25
de noviembre 2004 |
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