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El
continuismo contradice el ajuste económico Apenas
transcurrido el primer mes de su aplicación el acuerdo pactado con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) comienza a hacer agua a causa de la
contradicción entre los afanes continuistas del presidente Hipólito Mejía,
que tienen al borde de la división al partido de gobierno, y el programa
de ajustes económicos. En la última semana han aumentando las protestas
sociales, aguijoneadas por una de las peores tandas de apagones y por un
ambiente de desesperanza y creciente disgusto frente al gobierno, al que
se percibe más empeñado en abrirse perspectivas de continuidad “al
precio que sea”, como planteó coordinador general del grupo político
del Presidente de la República, que en contener el deterioro económico. Aunque los indicadores externos de la economía
registran buenos resultados, especialmente en el auge del turismo, las
reservas monetarias siguen en disminución y la tasa cambiaria ha vuelto a
rondar los 35 pesos por dólar, manteniendo expectativas pesimistas sobre
el futuro próximo de la nación. El
acuerdo en peligro Antes de
que concluyera el mes de septiembre, el primero del programa de ajustes
económicos y reformas financieras pactado con el FMI,
se registraron las primeras diferencias con los técnicos del
organismo internacional, los cuales viajaron a Washington para consultas. El primero
de noviembre, cuando harán dos meses del inicio del programa, será la
primera revisión y ya hay quienes temen que pueda producirse una suspensión,
lo que generaría graves repercusiones sobre la precaria estabilidad
macroeconómica. Las diferencias se han manifestado fundamentalmente en torno a la recompra de las acciones de la empresa española Unión Fenosa en las dos mayores distribuidoras de energía, lo que adiciona presiones sobre el déficit fiscal y el endeudamiento de corto plazo. A esto se suma la suspensión de la aplicación del impuesto del 5 por ciento a las exportaciones de bienes y servicios, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, por no haber sido aprobado por el Congreso Nacional, mientras se espera igual suerte, por la misma razón, para el gravamen del 2 por ciento a las importaciones. Con el impuesto a las exportaciones, el gobierno se había comprometido a recaudar 2 mil 800 millones de pesos en los últimos 4 meses del año. Si se ve obligado a suspender el de las importaciones el hueco pasaría de los 3 mil 500 millones de pesos, solo hasta diciembre. Un efecto inmediato del desacuerdo ha sido que tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo han paralizado desembolsos de préstamos millonarios, incluida la primera partida de unos 200 millones de dólares contratados para cubrir viejas deudas del sector energético. La objeción a la compra de las acciones de Unión Fenosa se sustenta, además, en que el gobierno tendría que pagar nuevas deudas con los generadores eléctricos, por un monto superior a los 100 millones de dólares. En lo inmediato el gobierno se comprometió a pagar a esa empresa 15 millones de dólares, equivalentes a unos 500 millones de pesos, en un cheque certificado que haría efectivo en 15 días. Con la mayoría de las plantas generadoras de electricidad apagadas, el gobierno tendrá que negociar con los generadores para abonar una buena parte de los 115 millones de dólares que adeudaban las dos distribuidoras estatizadas, lo que implica otros 3 mil 900 millones de pesos. Por los cuatro renglones citados, el hueco fiscal rondaría los 8 mil millones de pesos, que podrían superar los 10 mil millones, con el pago del salario navideño del gobierno, para el cual no se han podido hacer las reservas correspondientes. Una decisión aventurera Los analistas económicos no han podido entender la racionalidad de la operación de compra de las acciones de la Unión Fenosa, por las implicaciones financieras que conlleva en medio de un programa de ajuste que el mismo gobierno consideró fundamental hace apenas un mes para la precaria estabilidad macroeconómica. Los políticos entienden que el gobierno buscaba dar un golpe de efecto, habida cuenta del resentimiento acumulado por las distribuidoras de energía a causa de los interminables apagones y del costo de la energía. Pero la
operación parece ser una peligrosa aventura que persigue ganar bonos políticos,
por la inversión inmediata que implica una reducción considerable
de los apagones y justo cuando comienza en octubre a producirse una
elevación mensual del 3 por ciento en la tarifa de la energía. El
sacerdote y economista José Luis Alemán, la calificó como “una jugada
política demasiado peligrosa”. En
adelante el encono popular contra las distribuidoras, se revertirá hacia
el gobierno, mucho más si tiene que aumentar la eficiencia en el cobro,
difícil de lograr en momentos en que los sectores de menores ingresos están
más imposibilitados que nunca para pagar. No se olvide que el frustrado
impuesto a las exportaciones estaba destinado a elevar el subsidio de la
energía de los barrios. El gobierno asumió esta semana el control de las dos empresas distribuidoras en medio de apagones de hasta 20 horas diarias a nivel nacional, generadores de protestas en una decena de poblaciones del interior y en barrios capitalinos. Al mismo tiempo el petróleo ha vuelto a superar los 29 dólares el barril, después de varias semanas en baja, la tasa cambiaria ha repuntado para volver sobre los 34 pesos por dólar, las reservas monetarias netas se redujeron en 36 millones de dólares en el mes de agosto para quedar en 152.7 millones de dólares. Y el gasto en nómina registra un aumento del 12 por ciento en los primeros 8 meses del año, contradiciendo propósitos y acuerdos. Las precariedades del gobierno se manifiestan en reducción del gasto de capital y elevación sistemática de la deuda interna. Todavía debe 800 millones de pesos de los Juegos panamericanos y esta semana estaban paralizadas las 500 guaguas de la Organización Metropolitana de Servicios de Autobuses, por falta de dinero para repuestos y combustible, lo que se traduce inmediatamente en mayor disgusto popular. Eso en
momentos en que ha tenido que desviar 50 millones de pesos para la
reparación de los locales públicos afectados por el reciente terremoto,
y más de 5 millones de pesos para ayudar a la rehabilitación de
viviendas dañadas.
Suben las incertidumbres Esta semana las firmas
internacionales calificadora
de riesgos registraron las dificultades del gobierno para cumplir el
acuerdo con el FMI y presentaron unas perspectivas inciertas. La Standard
& Poor´s volvió a reducir la posición de crédito de la moneda
dominicana, basada en las malas perspectivas para el próximo año.
Mientras la Bear & Sterns califica el país como de riesgo para la
inversión, vaticinando que la economía nacional será más voluble por
la inestabilidad de la tasa de cambio. Los
temores de una ruptura del acuerdo con el FMI alientan las incertidumbres
y disminuyen la confianza en el futuro inmediato. Agentes económicos y
políticos advierten sobre sus implicaciones para la estabilidad macroeconómica.
Podría desbordar de nuevo la tasa cambiaria, lo que repercutiría sobre
la inflación, estimada al 35 por ciento para el año. En los ámbitos
políticos existe la convicción de que el proyecto continuista del
presidente Mejía y el acuerdo con el FMI son incompatibles, porque el
gobierno no logrará invertir el proceso de deterioro de su popularidad
sin desbordar el gasto. Pero esto a su vez conllevaría mayores
penalidades, por vía de la devaluación y la inflación, en un dramático
círculo vicioso, de palo si boga y palo si no boga. Ya esta
semana se anunció un aumento del 9.5 por ciento de los salarios del
sector privado a partir de enero, mientras los médicos paralizan los
hospitales en demanda de un reajuste de sueldos, y profesores y otros
servidores públicos contemplan lanzarse a las protestas.
Por lo
menos en el gabinete económico y entre las autoridades monetarias y
financieras hay plena convicción de que es vital el mantenimiento del
acuerdo con el FMI, sin el cual quedarían en suspenso cientos de millones
de dólares del mismo organismo y de los organismos internacionales. De momento
la decisión oficial ha sido la creación de una comisión de alto nivel
para renegociar con el FMI y los organismos internacionales sobre las
implicaciones de la compra de las acciones de Unión Fenosa.
El entrampamiento político El
entrampamiento político en que se encuentra el partido de gobierno, cada
vez más enfilado a la división, es otro factor generador de
incertidumbres, de cara a las elecciones presidenciales de mayo próximo.
No por temor a la alternabilidad, sino por las implicaciones del empeño
del presidente Mejía en mantenerse al frente del gobierno para otro período
de 4 años. Cada vez
es más generalizado el temor de que el proyecto continuista conlleve
retrocesos institucionales que afecten la gobernabilidad y la convivencia
política, lo que se inscribe diametralmente en contra de la recuperación
de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Los mismos
voceros oficialistas contribuyen a la incertidumbre. Por ejemplo esta
semana el coordinador general del PPH y secretario de Agricultura, Eligio
Jáquez, declaró públicamente que el mayor interés del grupo del
presidente es conservar el poder “al precio que sea”.
Pero tanto
al PPH como al Partido Revolucionario Dominicano se le va haciendo tarde
para recuperar el terreno político perdido. El rechazo al gobierno es tan
profundo que llega al absurdo. Ya lo responsabilizan hasta del auge de la
violencia intrafamiliar. PRD y PPH
siguen empantanados en el enfrentamiento por la candidatura presidencial,
y el presidente Mejía en vez de aparecer como factor de equilibrio o
conciliación, mantiene un lenguaje desafiante y ofensivo frente a sus
propios compañeros de partido. Como si creyera el resultado de una
encuesta que publicaron esta semana, que le atribuye más del 50 por
ciento de las intenciones de voto.
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