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Para
quién es la advertencia A
propósito del terremoto que afectó el país en la madrugada del lunes
22, el Arzobispo de Santiago formuló un llamado de alerta, fundado en que
el fenómeno había ocasionado relativamente pocos daños, especialmente
en su jurisdicción eclesiástica. Monseñor Juan Antonio Flores cree que
el sismo contiene una advertencia de Dios a los creyentes que viven en
pecado para que se arrepientan, para que pongan su conciencia en orden y
enderecen su cabeza. Según
la crónica publicada por el Listín Diario el miércoles 24, la
preocupación del prelado cibaeño es básicamente de orden moral-religioso.
Se referiría a los vicios, el egoísmo, la ceguera espiritual, la ambición,
la avaricia y hasta el desorden sexual. En
cualquiera de esas dimensiones puede ser que Monseñor Flores tenga razón.
Hay muchos creyentes que viven en abierto divorcio con los valores de su fé
religiosa. Son cristianos de tradición o de encuestas. Los hay también
que se dan muchos golpes de pecho e imploran al Señor, sin recordar que
lo fundamental son las obras, que el primer mandato carece de sentido si
no se atiende el segundo que exige amar al prójimo como a uno mismo. Pero
más allá de lo individual-espiritual, el sismo que causó severos daños
en el Cibao contiene una gran advertencia a la sociedad dominicana,
particularmente a los responsables de la supervisión de las
construcciones públicas y privadas. El
colpaso sufrido por planteles escolares como el Gregorio Urbano Gilbert,
indica que si el terremoto hubiese ocurrido en horario de docencia, estaríamos
contando las víctimas por centenares. Llama
la atención que la mayor parte de los edificios dañados sean
precisamente escuelas, (140 aulas en total) donde se concentran los niños
y adolescentes por varias horas al día, u hospitales, lugar de residencia
de los enfermos. Autoridades
como el director de la Defensa Civil, Radhamés Lora Salcedo, el senador
Tommy Durán, el presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y
Agrimensores, Amancio Pedro López, o dirigentes de la Sociedad de
Ingeniería Sísmica, como los ingenieros Rafael Corominas, Romeo Llinás
y Juan Alberto Chalas, han reconocido que las edificaciones colapsadas no
guardaban las condiciones requeridas. El
más contundente fue el presidente del CODIA, quien dijo que muchos de
esos edificios eran obras ilegales, construídas al margen de las normas
establecidas. En
realidad un sismo de 6.5 en la escala de Richter es un terremoto, pero
hace décadas que la ingeniería está preparada para construir
edificaciones que lo resistan, aún de mayor duración que el de esta
semana. Y el país tiene desde 1980 un código antisísmico, que de haber
sido observado en esas construcciones, el resultado no fuera tan
deplorable. El
problema es quién vigila el cumplimiento de ese código, cuando sus
requerimientos no son observables a simple vista, en un país donde no se
acatan requisitos tan visibles como las escaleras de emergencia. La mayoría
de las torres recién construídas carecen de ese elemental requerimiento.
Y ninguna autoridad parece darse por enterada. Más
aún: todavía se realizan construcciones multimillonarias sin siquiera
someter a los planos a aprobación, como quedó de manifiesto
recientemente cuando los compradores de una torre de lujo tuvieron que
iniciar acciones legales para proteger su inversión. Aunque la obra está
concluído en más de un 90 por ciento, lo primero que descubrieron fue
que los planos no estaban autorizados, pese a lo cual un banco había
financiado la obra con decenas de millones de pesos. Parece
que los constructores multi millonarios pueden burlar todas las normas,
incluso apropiarse de las aceras y de las calles por meses y años, y
luego dejarlas destruídas, sin que nadie les cobre siquiera por lo dañado,
o por usar la propiedad pública. Si
eso ocurre a la vista de todos hay razón para preguntarse qué estarán
haciendo con las normas antisísmicas, con los requisitos de simientos y
estructuras verticales y horizontales, que sólo la inspección
especializada puede verificar. Monseñor
Flores debió incluir en su a esos desaprensivos, al igual que a los
contratistas de obras públicas que usan materiales baratos para aumentar
sus beneficios, y a los responsables de inspeccionarlas. Aunque a lo mejor
el prelado de Santiago pensaba en ellos cuando habló de egoísmo, ambición
y avaricia. No
hay dudas de que los dominicanos y las dominicanas vivimos demasiado
dependientes de la mano de Dios. Porque nuestras autoridades no
inspeccionan ni controlan nada. Se inclinan reverentes ante el poder del
dinero. Y en la construcción, tanto pública como privada, se mueve mucho
pero mucho dinero. Después
de la advertencia de este sismo, cualquiera no quisiera encontrarse con
otro de magnitud similar al de 1946, que sobrepasó los 8 grados en la
escala Ritcher. Porque ese día lloraremos una catástrofe. Ojalá podamos
asimilar la lección del 22 de septiembre.-
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