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El
gobierno no pega una La compra de acciones a la Unión Fenosa genera rechazos aquí y en
España, mientras la Venezuela de Hugo Chávez llega casi al rompimiento
de relaciones El
gobierno del presidente Hipólito Mejía sigue atrapado en una cadena de
infortunios en la que nada parece salirle bien, ni siquiera en el viaje a
España, donde le abrumaron con recriminaciones de supuesta falta de
seguridad para las inversiones, por la compra de las acciones de Unión
Fenosa en la distribuidoras de energía, mientras la opinión pública
nacional rechazaba la operación. La
decisión del gobierno venezolano de retirar a su embajador en Santo
Domingo y suspender las ventas de petróleo al país, implica revés en la
política exterior y mayores dificultades para el flujo del petróleo que
conllevarían nuevas cargas financieras y de precios. El
retiro esta semana del proyecto para gravar las exportaciones con un 5 por
ciento, implica otro tropiezo, además de que deja abierto un hueco de 2
mil 800 millones de pesos en el presupuesto del año que declina, que por
el momento no se sabe cómo podrá ser tapado. Le aguaron la fiesta La
propaganda gubernamental reivindica que el presidente Hipólito Mejía es
uno de los dos únicos gobernantes del mundo en ser recibido este año por
la realeza y el gobierno de España. Hospedado en la antigua mansión de
Francisco Franco, condecorado y agasajado, el mandatario dominicano tenía
razón para satisfacciones. Antes
de viajar el sábado 13 a Madrid, el agrónomo Mejía había precipitado
negociaciones un tanto forzadas con la poderosa empresa española Unión
Fenosa, al objeto de dejar zanjadas las diferencias que habían emergido públicamente
en los últimos tiempos, acompañdas de amenazas de intervención. Ya
la diplomacia española había dejado claramente sentado su respaldo
irrestricto a la empresa y los reclamos de seguridad para sus inversiones.
En un encuentro anterior, el presidente del gobierno español, José María
Aznar, también había acudido en defensa de los intereses de sus
empresarios. Pero
una vez anunciado el acuerdo con Unión Fenosa, nadie borró ni amortiguó
las recriminaciones que se habían guardado al presidente dominicano. Se
le echó en cara la falta de seguridad jurídica para las inversiones que
estaría predominando en el país. Lo hizo el rey Juan Carlos, el
presidente Aznar y el presidente de la confederación de organizaciones
empresariales. En tres escenarios diferentes. Aunque
los españoles tienen aquí otro caso pendiente, por deudas de 15 millones
de dólares a recolectoras de basura, lo que desató el vendabal fueron
las presiones para liquidar la participación de Unión Fenosa en la
distribución de energía, revocando parcialmente la capitalización
ejecutada por el pasado gobierno, rechazada por Mejía desde que era
candidato. Tan
a la defensiva quedó el presidente en su estadía en Madrid, que
empresarios como Jose Luis Corripio y Elena Viyella, la presidenta del
Consejo Nacional de la Empresa Privada, tuvieron que salir a defender las
garantías que se ofrece aquí a los inversionistas tanto nacionales como
extranjeros, testimoniando sus propias experiencias. ¿Una
jugada electorera? No
deja de resultar irónico y contradictorio que mientras en España
recriminaban al presidente dominicano por la operación con Unión Fenosa,
en el país gran parte de la opinión pública rechazaba la compra de las
acciones. En
general se ha considerado muy alto el costo que tendrá para el Estado, la
readquisición de las acciones de Unión Fenosa en las Distribuidoras del
Norte y del Sur, que rondará los 700 millones de dólares cuando se
concluya en 12 años con una tasa de 12 por ciento anual. La
operación parece ventajosa en cuanto a que sólo implica en lo inmediato
un desembolso de 15 millones de dólares, pero deja un nuevo endeudamiento
llamado a agravar la situación financiera de las distribuidoras de energía,
ya que han quedado pignorados los ingresos más seguros de los usuarios de
electricidad. En
otras palabras, que buscando una solución coyuntural o inmediatista, se
condena el sistema a mayores dificultades. Con el agravante de que esa
atadura financiera dificultará que alguna otra empresa quiera invertir
para recapitalizar las dos empresas nuevamente en manos del Estado. Más
que por el valor a pagar a Unión Fenosa, los cuestionamientos se refieren
a la carga que constituirán esas dos empresas para el Estado. De ahí que
el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel
Fernández, llegara a considerar que se trata de una "decisión
electorera." La
convicción generalizada entre comentaristas y dirigentes políticos es
que el gobierno quería dar una demostración de fuerza y al mismo tiempo
ganar apoyo resolviendo el problema de los apagones. Hasta agentes del
reeleccionismo alentaron esa consideración, que sin embargo luce de poco
sustento. En
caso de que esa haya sido la intención, puede ser que una vez más el
tiro esté condenado a salir por la culata, y que se trate de un nuevo y
deseseperado aventurerismo político. La
mejor muestra fue el recrudecimiento de los apagones que siguió esta
semana al anuncio del acuerdo con la Unión Fenosa, cuando el suministro
se redujo en más de 500 megavatios. Los generadores reclamaron que en el
acuerdo no se habla de unos 100 millones de dólares que les deben las dos
distribuidoras reestatizadas. El superintendente de energía llegó a
hablar de revisar el flamante acuerdo, lo que reavivaría las querellas
españolas. La
pregunta del millón es de dónde va a sacar el gobierno los recursos para
pagar las deudas de esas distribuidoras y para mantener a flote el sistema
durante los 8 meses que distan para las elecciones. El hueco de 2,800
millones de pesos dejados por la suspensión del impuesto a las
exportaciones es sólo hasta diciembre. Habría que duplicarlo para mayo. Con
el Fondo Monetario Internacional vigilando los compromisos fiscales y con
un programa de aumento de la tarifa del 3 por ciento cada mes, el gobierno
no parece haber hecho una buena inversión con la Unión Fenosa. Porque ya
no tendrá chivo expiatorio para los apagones. La crisis con Chávez Más
allá del desenfado y las desconsideraciones inexcusables del presidente
Hugo Chávez, el que las relaciones entre los dos gobiernos hayan llegado
casi al punto del rompimiento, es otro revés para el régimen del
presidente Mejía, sobre todo por las implicaciones del caso. Un
desacuerdo de esa magnitud con cualquier gobierno amigo es un tropiezo político,
indicativo de pocas habilidades en el manejo de las relaciones exteriores.
Pero en este caso está de por medio el suministro petrolero y el Acuerdo
de San José que desde 1979 han sostenido Venezuela y México, para
aligerar la carga del petróleo sobre los países centroamericanos y del
Caribe. El
anuncio esta semana del retiro del embajador venezolano, probablemente
hasta que pasen las elecciones, lo que implica una expectativa de no
continuidad del régimen, y de la suspensión del suministro petrolero,
causó impacto en el país. Se
asume que en lo inmediato implica compras al contado del petróleo, en
mercados más distantes y a mayores costos. A mediano plazo habría que
agregar la pérdida del márgen del financiamiento para obras de
desarrollo que prevé el Acuerdo de San José. Sobre una base de denuncias
no documentadas, la actitud del gobierno venezolano se corresponde con el
temperamento del presidente Chávez, un experto en abrirse frente por
todos los confines. Y configura una grave ofensa a una nación hermana, la
que al fin de cuenta paga su petróleo. Pero
el acontecimiento se anota como un revés para el gobierno del presidente
Mejía, quien en la primera mitad de su período sostuvo cordiales
relaciones con Chávez, pero que subestimó las quejas de éste por el
laborantismo en el país del expresidente venezolano Carlos Andrés Pérez
y de empresarios de esa nacionalidad. Es
obvio que nadie podía esperar una actitud tan radical y desconsiderada
del presidente venezolano. Pero aparentemente tampoco se hicieron
suficientes esfuerzos ante sus denuncias, bien o mal fundadas,
adecuadamente canalizadas o poco diplomáticas. Otros factores negativos El
que se haya acordado retirar el proyecto de impuesto a las exportaciones,
debería ser en sí mismo positivo para el gobierno, pero es negativo el
hueco financiero que deja. Además de que implica que la resistencia
empresarial le dobló el pulso. No se puede olvidar que la Asociación de
Hoteles llegó al grado de desafiar al régimen, pidiendo públicamente a
sus miembros que no pagaran el gravamen. Debilita
la imagen del gobierno por cuanto sus voceros, incluyendo al presidente,
pasaron más de dos meses defendiendo ese proyecto, para al final
reconocer que no es viable, incluso que había sido sobreestimado. A
los factores adversos al gobierno hay que agregar la condena salida del Diálogo
Nacional a los pronunciamientos políticos reeleccionistas que han
formulado mandos militares de la categoría del Jefe del Ejército, sumada
a las preocupaciones sobre la Junta Central Electoral, que sectores políticos
de oposición exageran. Y
finalmente, el Colegio Médico Dominicano se lanzó a paros hospitalarios
en demanda de reajuste salarial, sueldos y subvenciones a los centros de
salud atrasados, lo que podría iniciar una nueva tanda de protestas y
paralizaciones en el sector público. El
alivio gubernamental de la semana fue que la tasa de cambio se redujo en
un par de pesos por dólar y que el petróleo de referencia para el país
siguió en baja en el mercado internacional, llegando a 27 dólares, una
reducción de 4 a 5 dólares sobre los precios que habían predominado en
los últimos meses.-
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