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El
continuismo comienza a cobrar su costo Por momentos uno quisiera creer que ciertamente la
nación se ha fortalecido tanto que estamos en capacidad de pasar la
prueba de una repostulación
presidencial sin que se vean afectados los logros de la última década
en el orden democrático institucional. Pero la realidad es tan tercamente
persistente que no deja espacio a las ilusiones. Dos acontecimientos ocurrieron esta semana que acentúan
los temores generalizados de que una vez más el deseo de un presidente de prolongarse en el poder será
confundido con el interés supremo de la nación y prevalecerá
sobre la solemnidad del Estado. Uno fue el nuevo
pronunciamiento reeleccionista formulado por el Jefe de Estado
Mayor del Ejército Nacional, general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna,
quien abogó por la continuidad del agrónomo Hipólito Mejía al frente
del gobierno. Por segunda vez el militar incursiona en un área
que la constitución y las leyes le tienen vedada, aunque ya en la primera
ocasión el mismo presidente Mejía le había desautorizado, como volvió
a hacerlo ahora. Para los que aducen que ya el país está en
capacidad de aguantar una reelección sin mayores sobresaltos, vale
recordar que estas deliberaciones militares no se producían desde la
campaña electoral de 1978, cuando Joaquín Balaguer intentaba
permanecer en el poder por tercer período consecutivo. Esa vez
fracasó, pese a todos los abusos del poder en que incurrió junto a sus
seguidores. Aunque en 1990 y 1994 Balaguer retornó por sus
fueros abusando de los recursos estatales y los comicios volvieron a ser
fraudulentos, hay que reconocer que los jefes militares no repitieron los
excesos de los 12 años. Respetaron la despolitización ejecutada en las
Fuerzas Armadas por el gobierno perredeísta del presidente Antonio Guzmán. El presidente Mejía, quien fuera un distinguido
ministro de aquel gobierno, debía recordar perfectamente todo lo que costó
y significó la despolitización militar. En consecuencia debería dar
demostraciones más firmes y creíbles para evitar el desbordamiento del
general Zorrilla y cualquier otro uniformado.
Pero es obvio que ya el propio mandatario está
también desbordado y por tanto imposibilitado de establecer límites a
sus subordinados. Porque fue él mismo quien incurrió en el otro exceso
preocupante, al convertir la reunión del miércoles del Consejo de
Gobierno en un mitin de su grupo dentro del Partido Revolucionario
Dominicano. No se puede entender que el Presidente de la República
confunda el ámbito del Consejo de gobierno con los escenarios
intrapartidarios, para discutir problemas referentes a los mecanismos con
que podrían escoger el candidato presidencial. A esa tarea dedicó la
tercera parte del discurso, cuestionando las posiciones de sus
contrincantes internos, incluidos la vicepresidente Milagros Ortiz Bosch,
quien estaba en el acto y hubo de guardar prudente silencio. Ni siquiera los más acuciantes problemas nacionales,
como la crisis financiera o la energética, ameritaron el tiempo que el
mandatario dedicó a abonar
la lucha interna de su partido, con las descalificaciones a las que nos
tiene acostumbrados. Como es natural, casi todos los altos funcionarios
de la nación tuvieron que aplaudir con entusiasmo los pronunciamientos
partidarios del presidente Mejía. De esa forma, su interés dentro del
PRD pasó a ser, virtualmente,
el interés del gobierno. Y si eso ocurre ahora cuando la disputa política es
entre pájaros del mismo plumaje, qué no ocurrirá si luego el agrónomo Mejía es investido como candidato
presidencial y tiene que enfrentarse en campaña con aspirantes de otros
signos partidarios. Aquí no valen las promesas, ni la palabra devaluada.
Son los hechos los que están indicando que una vez más el reeleccionismo
podría tener un costo desproporcionado para el proceso democrático
nacional. Y si ese exceso ocurre en pleno Palacio Nacional,
ante las cámaras de la televisión, habría que temer cosas peores cuando
los partidarios de la reelección del presidente Mejía se desparramen por
los ministerios y puedan disponer a discreción de los recursos públicos.
Hasta prueba en contrario, sigo creyendo que la
cultura democrática nacional no ha evolucionado suficientemente para
soportar el desafío de una campaña reeleccionista. Para ello necesitaríamos
al menos tres décadas con prohibición del continuismo, además de
reformas profundas que impidan los abusos del poder en las campañas
electorales, y órganos en capacidad de hacerlas cumplir. El continuismo ha comenzado a cobrar sus costos. Tenemos que prepararnos para ponerle límites y evitar que podamos sufrir un retroceso institucional.-
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