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El
gobierno requiere un golpe de suerte Las ácidas críticas de la Iglesia y el desafío de sectores
empresariales se suman a la crisis financiera y los enfrentamientos
intrapartidarios El
gobierno del Presidente Hipólito Mejía parece urgido de un golpe de
suerte que le permita invertir la caída libre de popularidad que lo ha
afectado en el curso del año, al compás de la crisis financiera, las
precariedades del servicio energético y los enfrentamientos en el seno de
su propio partido. Como
si las crecientes protestas populares y el ambiente de frustración que se
respira no fueran suficientes, en la última semana ha tenido que
enfrentar ácidas críticas de la Iglesia Católica, tanto en los niveles
de la jerarquía como de las bases eclesiásticas y desafíos de los
sectores empresariales que resisten las cargas impositivas establecidas
por decreto. Las
mayores expectativas parecen cifradas en la inminente firma del acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional, con lo que espera una inyección de
divisas que produzca una reducción significativa de la tasa cambiaria,
llamada a reflejarse en una contracción de la inflación que sigue
consumiendo el poder adquisitivo de la población. Cadena de infortunios La
semana comenzó con la tasa de cambio nuevamente en alza, tras dos semanas
de contracción en que el costo del dólar se había reducido de 35 a 33
pesos. De inmediato las aguas se agitaron con una infortunada declaración
del coordinador general del Proyecto Presidencial Hipólito (PPH). Eligio
Jáquez incurrió en la temeridad de adelantar que el PPH orientaría la
inversión del fondo de cien millones de dólares que aportará el Banco
Interamericano de Desarrollo para un proyecto de compensación a la
pobreza incrementada por las cargas que ha impuesto la devaluación de los
últimos meses. El
rechazo a esa afirmación fue generalizado y aumentó la desconfianza
sobre el manejo que hará el gobierno de los recursos externos que se
esperan del acuerdo con el FMI en medio del temerario proyecto
reeleccionista en que se ha inmerso el Presidentre de la República. La
generalidad de la opinión pública teme que el régimen que encabeza Hipólito
Mejía subordinará esos recursos a su interés continuista. Muy pocos
creen que pueda cumplir con la austeridad y la reducción del gasto público
que demanda la situación financiera de la nación. Hasta
el propio mandatario y el director de presupuesto tuvieron que salir al
frente para negar la posibilidad de que el PPH paute el proyecto de
compensación social, aduciendo que esos recursos están contemplados en
el presupuesto nacional. En
el fin de semana pasado los apagones volvieron a brillar en su máximo
esplendor, mientras el gobierno desarrolla una nueva confrontación con
las empresas capitalizadas a las que viene amenazando sin poder darle el
menor golpe. En
San Francisco de Macorís los barrios siguieron protagonizando protestas
por los apagones y la política económica, con una nueva víctima mortal,
el joven Dionisio López Sánchez, de 20 años, la octava en las últimas
tres semanas. En
muchos de los hospitales públicos de la capital y las ciudades del
interior médicos y enfermeras protagonizaron paros de labores, esta vez
reclamando el pago de dos quincenas de salarios atrasados, a consecuencia
de que los limitados ingresos tuvieron que ser gastados en el compromiso
de los Juegos Panamericanos. Denuncias
de brotes de dengue, que han cobrado una treintena de víctimas mortales
en el hospital infantil Reid Cabral y en el interior, particularmente la
inquieta ciudad de San Francisco de Macorís, configuraron un panorama
conflictivo en el sector salud. El ataque de los curas El
presidente Mejía logró escapar a mediados de la semana anterior de la
descarnada crítica del embajador de la Unión Europea, Miguel Amado, en
la inauguración de un seminario sobre "el buen gobierno",
gracias a que el texto fue adelantado a las autoridades. Pero
el mandatario no tuvo la misma fortuna cuando el domingo acudió a la
festividad patronal de su pueblo natal, Gurabo, sin sospechar que sería
planchado allí por el cura párroco Milton Amparo Tapia, quien formuló
una fuerte crítica al gobierno, al que llegó a considerar el peor que ha
tenido el país tras la liquidación de la tiranía de Trujillo. Gran
parte del país se deleitó con el valor y hasta el atrevimiento del
sacerdote, quien desconcertó a Mejía y sus acopañantes por las críticas
que formuló en su homilía, llegando a la exageración cuando consideró
al presidente Mejía como un dictador, algo muy superior a los rasgos
autoritarios contenidos básicamente en su discurso. El
padre Amparo Tapia quedó convertido en el verdadero guapo de Gurabo,
siendo comparado por el presidente con el párroco de Cristo Rey, Rogelio
Cruz, cabeza de las manifestaciones antigubernamentales de las últimas
semanas en los barrios capitalinos. Pero
la figura más relevante de la Iglesia Católica dominicana no se quedó
atrás. El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez se manifestó en
dos ocasiones. La primera el domingo cuando rechazó una nueva reforma
constitucional sugerida en los ámbitos perredeístas, con el arguimento
de que sería protagonizada por "bandas de cuatreros". A
mitad de semana el purpurado urgió a detener la "hemorragia económica",
la devaluación del peso y el deterioro de la calidad de la vida, así
como a resolver los problemas energéticos que "mantienen a los
ciudadanos crispados, nerviosos y molestos". El
padre Regino Martínez, vino desde Dajabón para sumarse a las críticas
diciendo que la mayoría de la población se siente "desamparada y
desprotegida" en medio del empeoramiento de la situación económica.
No
se trató de una ofensiva concertada, pero sí de una expresión del
rechazo que está generando el gobierno tanto en los niveles jerárquicos
como en las bases eclesiásticas. Las contradicciones lucen tan agudas que
el cardenal hasta responsabilizó al gobierno de los actos de otro cura y
capellán militar acusado de violación de menores, diciendo que lo habían
ascendido después que él lo separó de la responsabilidad parroquial. Un
mordaz comentarista adujo que la suerte del gobierno está tan de capa caída
que hasta le quieren cobrar las inconductas de un sacerdote, no en el
ejercicio de capellán, sino en el de párroco. Como al "dedo malo
que todo se le pega". El desafío empresarial La
suerte del gobierno no ha sido mejor ultimamente con otro de los poderes fácticos,
el empresariado, que lo ha desafiado a propósito de los decretos que
instituyen recargos impositivos del 2 por ciento a las importaciones y del
cinco a las exportaciones. El
Consejo Nacional de la Empresa Privada, junto a otras entidades sociales,
levantó una instancia ante la Suprema Corte de Justicia pidiendo que se
declare la inconstitucionalidad de los impuestos por decreto. Según el
inciso 1 del artículo 37 de la Constitución de la República es facultad
del Congreso "Establecer los impuestos o contribuciones generales y
determinar el modo de su recaudación e inversión". Los
impuestos por decreto fueron tolerados al presidente Joaquín Balaguer,
quien llegó a implementar mediante esa vía toda una reforma fiscal al
comienzo de la década de los noventa. También el presidente Leonel Fernández
apeló a esa práctica cuando elevó al 5 por ciento el recargo cambiario.
Pero
la sociedad dominicana en general luce ahora más empeñada en la
observancia de la institucionalidad democrática, lo que pretende ignorar
el gobierno que podría hacerlo por ley, al disponer del 90 por ciento de
los senadores y casi la mitad de los diputados. Claro
que también influye la renuencia empresarial a pagar mayores impuestos, aún
en la circunstancia en que el gobierno requiere más recursos para hacer
frente al descalabro financiero que ha beneficiado a los exportadores por
vía de la devaluación del peso. La
confrontación empresarial ha llegado tan lejos que la Asociación
Nacional de Hoteles y Restaurantes ha planteado un boicot al decreto que
grava las exportaciones y el turismo, sugiriendo a sus afiliados que no
paguen el recargo del 5 por ciento. Tal
posición sin precedente en el país fue respondida por el secretario de
Finanzas quien dijo que cobrarán el impuesto "llueve truene o ventee".
Contradictoriamente y como para afianzar las dudas sobre la disposición a
cumplir el acuerdo con el FMI, en el renglón de este correspondiente a
Política Fiscal y Sostenibildiad de la Deuda se establece que a finales
de agosto se procuraría la aprobación del Congreso a esos impuestos. Para
colmo de males, la Suprema Corte de Justicia mostró prisa esta semana en
conocer la instancia, aún sin la opinión del Procurador General de la
República, lo que originó otra confrontación al gobierno. Pocos
dudan sobre la inconstitucionalidad de los decretos impositivos. Y mucho
menos entienden que el gobierno pueda correr el riesgo de que la Suprema
Corte le propine el revés de la anulación de los decretos, pudiendo
haber contenido los ímpetus con un proyecto legislativo. A
todos esos infortunios hay que agregar la confrontación que mantiene el
Presidente Mejía y su PPH con el resto del Partido Revolucionario
Dominicano. El discurso del mandatario volvió a ser desafiante y
excluyente cuando a mitad de semana proclamó en San Cristóbal que no le
ganan "los pericos ni los programas de televisión". Su
última propuesta de establecer la mayoría de votos para elegir el
candidato del PRD, fue enmendada el miércoles para reducirla a la mayoría
simple si el que queda en primer lugar recibe por lo menos 10 por ciento más
que el segundo. En
medio de la desconfianza generalizada, los otros siete precandidatos
perredeístas parecían inclinados a rechazar la propuesta presidencial,
lo que conlleva una extensión por tiempo indefinido de la confrontación
intrapartidaria que tanto contribuye al desasosiedo y la incertidumbre.
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