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La
cantaleta de la institucionalidad
Todas las medidas de naturaleza impositiva discutidas
con el Fondo Monetario Internacional se están implementando por decreto a
pesar de que el ordinal 1 del artículo 37 de la constitución otorga al
Congreso esta potestad con carácter de exclusividad y
que su artículo 54 obliga a que el presidente, antes de entrar en
funciones, preste el siguiente juramento: “Juro por Dios, por la Patria
y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la
República…”. No se trata de funcionarios que ignoran lo que es un
estado de derecho en su concepción de Estado sometido a la ley, bajo el
criterio establecido en la Revolución Francesa de que no hay autoridad
superior a la de la ley. Abandonan
el camino de la institucionalidad siguiendo el ejemplo de los gobernantes
que dominaron el siglo pasado y lograron una permanencia en el poder a la
que aspiran los del presente. De esta manera somos testigos de expresiones como la de
la secretaria de Estado de Industria y Comercio, que ante una pregunta
sobre la ilegalidad de la aplicación por decreto del 5% transitorio a las exportaciones, respondió con una pregunta (¿amenaza?)
de si los empresarios preferían que fuese a través de una ley pero de
manera permanente. No hacía otra cosa que seguir el estilo del presidente,
quien ofreció eliminar el 5% si los cambistas bajaban la prima al 25. Pero parece que el cerebro de esta estrategia lo es el
asesor presidencial, Andy Dauhajre, quien en su programa Trialogo señaló
que ya estaba bueno de la “cantaleta esta sobre la institucionalidad”
que sostienen algunas organizaciones de la sociedad civil, agregando que
está perdido el gobernante que no ejerce el poder como se hace en estos
momentos. Contradecía lo señalado en la página que publica la Fundación
Economía y Desarrollo, que él dirige, en su edición del 5 de julio de
este año, bajo el título de “Instituciones y desarrollo”, y en el
que se expresa que “mientras mejor sea la calidad institucional, menor
es la volatilidad del crecimiento.” Dos poderes del Estado se hacen cómplices del proceso
de desinstitucionalización: El Congreso, que observa como se usurpan sus
funciones pero calla para que muchos de sus miembros puedan seguir
contando con el favor presidencial; y la Suprema Corte de Justicia (SCJ),
que no se ha atrevido a fallar algunas acciones en inconstitucionalidad
para evitar roces con un poder ejecutivo en exceso agresivo. La excusa del
presidente de la SCJ de que el Procurador General aún no ha dictaminado,
es vana, porque en el pasado el Dr. Subero había expresado que no era
obligatorio aguardar el dictamen. La frase de que el SCJ es la guardiana
de la constitución, va perdiendo credibilidad. Francisco Alvarez Valdez 23
de agosto 2003 |
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