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Los
partidos son las entidades más subsidiadas No es posible determinar cuánto cuesta
una campaña presidencial, pero se estima que su costo es muy alto La JCE hará
que se cumpla la Ley en la realización de auditorías a la inversión en
las campañas electorales La campaña
presidencial es muy costosa para cualquiera que aspire, especialmente si
lo hace por los partidos Revolucionario Dominicano (PRD), de la Liberación
Dominicana (PLD) o Reformista Social Cristiano (PRSC). De tanto haberse
encarecido, la política viene siendo ya la actividad más subsidiada de
la sociedad dominicana. No es posible,
sin embargo, determinar el gasto total de una campaña electoral, porque
no existen los mecanismos contables para supervisar los gastos, y porque
el caciquismo provincial y regional también oculta el monto total de lo
que se invierte. La Junta Central Electoral ni la Contraloría General de
la República, las dos entidades designadas por la ley para supervisar las
gastos de los partidos, tienen formas de supervisar la inversión en las
campañas. Todo cuanto existe son aproximaciones y estimados que no son
creíbles, incluyendo lo que dicen los propios partidos y candidatos. Un ejemplo es lo
reportado como inversión total en la campaña electoral del año 2000 por
el PRD: 84.9 millones de pesos, apenas 6 millones adicionales a los 78.4
millones que le otorgó el Estado a través de la Junta Central Electoral.
Para esa misma campaña el PLD reportó haber invertido 143.4 millones y
el PRSC 99.6 millones. Eso significa que mientras el PRD recabó 6.4
millones en el sector privado, el PLD obtuvo 79 millones y el PRSC 69.1
millones. Inversión de 1,600 millones en el 2000
Pero una campaña
presidencial cuesta mucho más dinero, como dice Guillermo Caram, del PRSC.
Revela que su equipo de campaña le hizo una extrapolación para
determinar cuánto necesitaba él para llevar a cabo una pre-campaña por
la candidatura presidencial en el reformismo. “Me presentaron un
presupuesto que alcanzaba la suma de 100 millones de pesos. De modo que si
tú tienes cuatro candidatos por partido, sólo para las primarias, la
inversión que se haría en la precampaña superaría los mil millones de
pesos”. Estimó que el
costo total de la última campaña presidencial, la del 2000, fue de
aproximadamente 1,600 millones de pesos, por lo que la inversión de los
partidos en las elecciones de mayo próximo podría aumentar
considerablemente esa suma, si tomamos en cuenta que la tasa de cambio se
duplicó y que las contribuciones en naturaleza han disminuido mucho. El
otro elemento es más preocupante todavía: para movilizar a un
simpatizante hay que dotarlo de recursos, porque de lo contrario la acción
política no tiene efecto. La actividad política está completamente
metalizada. “Yo diría que
el costo de la publicidad es apenas la mitad del costo total de una campaña.
El resto es el costo de la maquinaria burocrática, la impresión de
materiales, los desplazamientos, los viáticos a quienes se movilizan, el
costo del día de las elecciones es alto, la movilización de los
delegados. Sobre todo porque se ha perdido el sentido voluntario del
ejercicio político”, dijo Guillermo Caram. Hay que cumplir la Ley Electoral
Isis Duarte, de
Participación Ciudadana, y quien ha estudiado el fenómeno coincide con
la visión de que no es posible determinar el costo de una campaña
electoral, aunque es posible hacer algunas aproximaciones. Su organización
hace un cálculo de la inversión publicitaria en radio y en televisión,
y en las elecciones del 2002 la inversión estimada fue de 201 millones de
pesos. “Ese monto no
es ni siquiera la mayor inversión que hacen los partidos políticos en la
campaña. Hay que incluir las vallas publicitarias, la publicidad en periódicos,
los mítines, las dádivas. Hay una inversión muy alta que sobrepasa con
creces las estimaciones que se han hecho en varios trabajos. Pero es muy
difícil estimar el monto total que invierte en un candidato en una campaña
electoral”. Demanda
el cumplimiento de la Ley Electoral en la parte de la rendición de
cuentas de los gastos de los partidos en las campañas, incluyendo los
recursos que reciben del Estado y los que reciben como donaciones de
grupos privados. “Aquí no hay ni siquiera una lista de quienes son los
donantes del sector privado”, expresa. Para la socióloga el Estado debe
exigir que se cumpla la Ley Electoral sobre la rendición de cuentas, para
determinar si el financiamiento público a los partidos ha cumplido la
función que originalmente estaba llamado a cumplir. La Contraloría debe auditar, según la Ley
Luis Arias, el
presidente del Pleno de la Junta Central Electoral, reconoce que la Ley
Electoral, en el párrafo 2 del artículo 52 exige la rendición de
cuentas a los partidos que reciben recursos públicos, pero admite que no
se le ha dado seguimiento al cumplimiento de ese mandato de la ley. “La ley
electoral vigente contempla el financiamiento público a los partidos y
les permite recabar dinero en el sector privado. Pero la Ley dispone
principios contables y los partidos lo que hacen es traer a la JCE su
contabilidad. Lamentablemente no hay ese control de que se observen esos
principios contables, y los electores no tienen acceso formal a los gastos
de los partidos”, expresa. El párrafo dice: “La JCE solicitará a la
Contraloría General de la República que audite los registros contables
de cada partido para determinar las fuentes de los ingresos y los gastos
correspondientes”. Aclara que la
JCE tiene que auditar los recursos que entrega el Estado, no los que los
partidos obtienen en el sector privado. Pero el organismo está interesado
en hacer transparente el tema de los recursos. “La JCE quiere fomentar
el cumplimiento de este aspecto de la Ley Electoral. Si hubiera un sector
que se interesara y presionara para que esto se hiciera quizás hubiera
resultado, pero es un laisser-faire, nadie plantea el problema con relación
a eso”, se lamenta. Controles que podrían aplicarse, según Luis Arias
Tiene algunas
ideas que los controles que se podrían establecer. “Una de esas medidas
podría ser reducir, en términos razonables, el período de la campaña.
Otra es ponerle un tope a la contribución del sector privado a los
partidos. Otra opción es limitar la publicidad pagada en los medios de
comunicación”. Una posibilidad
adicional, según Luis Arias, sería idear mecanismos de control más
operativos, “y hasta se podrían imponer penalidades. Fíjate que al
MIUCA se le otorgó una partida del presupuesto y no fueron a las
elecciones y se les obligó a devolver ese dinero. Otra posibilidad de
imponer penalidades es permitir únicamente participar en las elecciones a
aquellos partidos que observaron los principios contables en sus gastos de
campaña”. Arias es
partidario de establecer límites a las aportaciones del sector privado a
los partidos políticos en las campañas electorales. Sus razones son
obvias: “Los controles son necesarios por dos razones: primero por la
situación económica deficitaria del Estado, y lo segundo es la corrupción.
Esas son las dos causales que motivan a establecer más controles. Si
hubiera mecanismos de control operativo, y se auditara a los partidos, el
dinero no gastado sería devuelto, pero ¿tú has visto alguno que haya
devuelto dinero? Ninguno. Si esta disposición de la ley se aplicara quizás
los resultados hubieran sido más confiables”. Eliminar el subsidio oficial a los partidos
Rosario Espinal,
profesora de la Universidad de Temple, Estados Unidos, y estudiosa del fenómeno
político y electoral dominicano es partidaria de eliminar el subsidio del
Estado a los partidos. “El problema dominicano es que los partidos políticos
se han convertido en las empresas más subsidiadas. Son subsidiados por el
Estado con recursos públicos y son subsidiados por el sector privado, en
un país sin la institucionalización necesaria para controlar los
ingresos y los egresos de los partidos. No tenemos mecanismos
fiscalizadores efectivos ni representantes que puedan monitorear los
partidos, porque se vería como un ataque a la libertad de los partidos”.
Sostiene que el
financiamiento público lo que hace es inflar los gastos en campaña.
“El punto central aquí es que el financiamiento público se otorga para
evitar que los grupos con poder económico en el sector privado controlen
a los políticos”. Pero el subsidio a los partidos se mantiene, ya sobre
un sobresubsidio, pese a que se han eliminado los subsidios al gas propano
y a la electricidad. “Eso crea
problemas, porque hace las campañas sumamente caras, lleva a los
candidatos a sobregastar dinero, satura a la población de imágenes y
candidatos en procesos electorales. Aquí lo que hay que hacer es recortar
el financiamiento a los partidos políticos”. Mientras más oferta de
recursos hay para los partidos más caras se hacen las campañas
electorales, dice. “Mi posición es que hay que subsidiar menos para
bajar el costo de las campañas”. Fausto Rosario Adames frosario@elcaribe.com.do |
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