|
|
|
 |
 |
|
|
Expectativas
ante el acuerdo con el Fondo Monetario Anunciado el acuerdo que se espera definitivo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) las expectativas de las autoridades
nacionales siguen cifradas en que produzca una contracción significativa
de la tasa cambiaria y reduzca las tendencias inflacionarias que afectan
la economía. En lo inmediato nuevos incrementos en los precios de
los combustibles y anuncios de inminentes alzas en la tarifa de la energía
eléctrica junto a la persistente crisis en el partido de gobierno, siguen
presentando inciertos los planes políticos del Presidente Hipólito Mejía. La tanda de apagones que sufre el país desde hace
varias semanas no ha mermado ni siquiera en ocasión de los Juegos
Panamericanos manteniendo el disgusto de la ciudadanía, expresado en
crecientes protestas sociales, y neutralizando los efectos distensivos que
se esperaban del evento internacional que se ha desarrollado con
significativo éxito. El acuerdo con el FMIEl acontecimiento más
significativo de la semana ha sido el anuncio del Banco Central dominicano
y de las autoridades administrativas del FMI sobre un acuerdo Stand- By que implica un amplio programa con el objetivo de
estabilizar la economía nacional. Las autoridades nacionales no solo entregaron a
conocimiento público la carta de intención sino la totalidad del acuerdo
que esperan sea firmado a fines de este mes, tras su aprobación por el
directorio del organismo internacional. Implica los memorandos sobre políticas
económicas y técnico de entendimiento, un plan de acción para una
fuerte reforma del sector financiero, así como las metas cuantitativas,
medidas previas, criterios de desempeño estructural e indicadores
estructurales para lo que resta de este año y el 2004. El acuerdo comprende una gran cantidad de acciones
tendientes al saneamiento del sector financiero para evitar nuevas
ocurrencias como las que determinaron las quiebras bancarias que han
desestabilizado la economía nacional, así como reformas fiscales a
ejecutarse el año próximo y que se estiman fundamentales para revertir
la crisis y recuperar la estabilidad y el crecimiento económico. Pero tal como reconocieron los funcionarios del área
económica del gobierno, el acuerdo implica en lo inmediato una fuerte
recesión de la economía nacional, por vía de la reducción del gasto y
hasta de la inversión pública, como por la disminución de la inversión
privada. El país recibirá ayuda del FMI por 618 millones de dólares
pero sujeta a evaluaciones bimestrales en lo que resta del año y
trimestrales a partir del 2004. Abrirá las puertas para ejecutar
proyectos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por
otros 600 millones de dólares. Sin embargo, los efectos de esa inyección de divisas
serán progresivos como su recepción, que empezaría con 100 millones de
dólares del Fondo Monetario. Los proyectos están sujetos a programas de
ejecución que se espera puedan estar en marcha en los 24 meses de
vigencia del acuerdo. Contrario a las ilusiones de algunos dirigentes
perredeístas, es muy probable que antes de las elecciones del próximo
mayo, no se haya recibido más de la tercera parte de los mil 200 millones
de dólares que conlleva el programa financiero. Eso quiere decir que la
mayor parte de sus efectos positivos no se habrán reflejado para la campaña
electoral. La estrecha vigilancia de una misión permanente del
FMI y las evaluaciones de cada dos y tres meses, obligará al gobierno a
cumplir las metas a que se ha comprometido o de lo contrario tendría que
afrontar las consecuencias negativas de la paralización del
programa.Mayores penalidades Además del recargo del 2 por ciento a las
importaciones y la comisión del 0.15 por ciento a los cheques bancarios,
acordados en la primera fase de las negociaciones y ya en vigencia, se ha
agregado ahora el recargo temporal del 5 por ciento a las exportaciones y
el turismo. Desde este mismo fin de semana vienen nuevos aumentos
de precios a los combustibles y un alza mensual del 3 por ciento a la
tarifa de la energía. El gobierno busca prorratear el efecto
inflacionario de esto último, pero el documento entregado no indica
durante cuantos meses se aplicará, aunque señala que será "hasta
llegar al nivel necesario para cubrir los costos". Ya antes se había
dicho informalmente que la tarifa de la electricidad tendría que ser
elevada por lo menos en un 40 por ciento. Sólo los residentes en la marginalidad barrial
escaparán de esos aumentos, manteniéndose el subsidio que reciben,
incrementado ahora por la devaluación, y que sería cubierto con unos 3
mil millones de pesos que daría en lo que resta del año el recargo a las
exportaciones. Los estrategas gubernamentales andan buscando otras fórmulas
para recaudar recursos extraordinarios, como la decretada el jueves
consistente en el cambio de las placas de los vehículos de motor, con
tasas que oscilan entre mil 250 y 2 mil 245 pesos. La población pagará
mayores penalidades con el desempleo que conlleva la recesión económica,
y con la reducción de la inversión pública que dejará paralizadas
hasta el final del actual gobierno centenares de obras, prosiguiéndose
una práctica que data de las últimas dos décadas, aún en los años
noventa de estabilidad y crecimiento. En los escenarios contemplados en el acuerdo con el
FMI la economía sufrirá un descrecimiento del 3 por ciento al finalizar
este año para repuntar en los fnales del 2004 cuando se espera vuelva a
crecer pero sólo en 0.5 por ciento. Mientras la inflación prevista para
el 2003 es del 35 por ciento, 12 puntos más que lo registrado en la
primera mitad del año. Un creciente disgusto Lo que se respira en todos los sectores sociales es un
creciente disgusto con la gestión gubernamental, a la que se
responsabiliza hasta más allá de lo razonable por la totalidad de la
crisis económica, sin considerar los efectos derivados de factores
internacionales y los de la irresponsabilidad de una parte considerable
del sector financiero privado. La tanda de apagones de las últimas semanas, que en
algunas regiones llegan a 18 horas por día, exacerba el ánimo de la
población. El hecho de que muchas plantas no hayan sido encendidas ni
siquiera en ocasión del compromiso internacional de los Juegos
Panamericanos, indica la precariedad financiera que afecta al sector.
Mientras el precio del petróleo se mantiene impertérrito sobre los 31 dólares
el barril, en el índice de West Texsas, que es el de referencia para el
país. Las alzas de la electricidad y los combustibles están
llamadas a acelerar aumentos de precios en los productos y servicios
nacionales, incluyendo el transporte, lo que será un inflamante caldo de
cultivo para las protestas sociales que han comenzado a enfrentar las
autoridades. Aún en medio de los Juegos Panamericanos, y pese a la
represión policial que tuvo expresiones de barbarismo en la incursión al
local sindical donde hirieron de cartuchazos al sindicalista Pérez
Figuereo, las protestas han aumentado de frrecuencia y volumen de
participantes. Especialmente en el Cibao, donde el jueves dejaron dos
muertos, uno en Santiago y otro en Puerto Plata. Se expresaron también en
San Francisco de Macorís, La Vega, Montecristi y otras comunidades
menores de la región. Los apagone que castigan a la región Norte han
sido el principal incentivador de las protestas, algunas acompañadas de
violencia callejera. Por más vueltas que se le dé a las perspectivas
nacionales, nadie encuentra explicación al intento continuista del
gobierno que esta semana tuvo una nueva expresión con la licencia tomada
por los secretarios de Agricultura e Interior y Policía, el Consultor Jurídico
del Poder Ejecutivo y el Director de Aduanas, para dedicarse a promover la
precandidatura del agrónomo Hipólito Mejía. Ocurrencia como esa en vez de mejorar la imagen del
gobierno incentivan el rechazo de la ciudadanía con expresiones como los
abucheos en los escenarios de los Juegos Panamericanos. Nueva fase de la
crisis del PRD La crisis que sacude al Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) entró esta semana en una nueva fase de mayor
enfrentamiento, cuando los 7 precandidatos que compiten con el presidente
Mejía por la nominación presidencial suscribieron un "pacto estratégico"
por la unidad y el respeto a los principios doctrinarios de la organización,
que estiman imprescindibles para poder triunfar en los comicios del año
próximo. Ratificaron su propuesta de que se celebre un
plebiscito para consultar al partido sobre si acepta dejar atrás el
principio antireeeleccionista que ha pautado al PRD desde su fundación en
1939. La vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente
del partido, Hatuey de Camps, Rafael Suberví Bonilla, Enmanuel Esquea,
Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella se
comprometieron a mantenerse en consulta permanente y a no realizar ninguna
negiociación particular, "sino siempre de manera conjunta en todo lo
referente a la unidad del partido y a posibles acuerdos entre
precandidatos de cara a la Convención Nacional". El pacto fue la respuesta a los anuncios de dirigentes
del PPH, el grupo del presidente Mejía, de que procederían a dar los
pasos para convocar la convención nacional para elegir el candidato
presidencial. Esa amenaza tuvo el efecto de radicalizar hasta a
Rafael Suberví Bonilla, el secretario de Turismo, que había mantenido
una actitud más abierta hacia el grupo del primer mandatario. Un vocero dijo que los siete pactantes están
convencidos de que una imposición del PPH apoyada en el poder que da el
gobierno no sólo sería nefasta para la unidad del partido, sino que además
empujaría al PRD fuera del poder en mayo del 2004. Por del momento el pacto de los siete precandidatos
antirreeleccionistas es un nuevo tropiezo para los planes del presidente
Mejía, en medio de las incertidumbres económicas y obligaría a una
transacción a corto plazo a menos que se quiera prolongar indefinidamente
una crisis que debilita al partido y al gobierno.-
|
|
|
|
|
