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El
2002 deja mal parado al gobierno y su partido
El
año que concluye marcó un deterioro de la imagen del gobierno del
presidente Hipólito Mejía, sacudido por la crisis de la economía
internacional, problemas energéticos, escándalos de corrupción y por
dispersión e incoherencia en su propio seno y en relación a su Partido
Revolucionario Dominicano (PRD).
El apabullante triunfo del partido de gobierno en los comicios
congresionales y municipales de mayo pareció desvanecerse rápidamente en
una segunda mitad del año que fue de conflictos políticos y deterioro
económico, con la mayor devaluación de la década que ha iniciado un
proceso inflacionario, poniendo en peligro la estabilidad macroeconómica
de los últimos años.
Una limitadísima reforma constitucional y la elección unilateral
de los jueces electorales por parte del Congreso Nacional crearon un
infructífero ambiente de enfrentamiento político que rebasó el límite
de los partidos e involucró a las instituciones más activas de la
sociedad civil. Dos mitades desiguales
Dividido el año por la mitad, el balance es muy desigual para el
gobierno perredeísta. En la primera todavía no hizo impacto local la
crisis que sacude a la economía internacional y que ha puesto a las
naciones latinoamericanas a nivel de la “década pérdida” de los
ochenta, con un decrecimiento económico, aumento del desempleo y la
pobreza y graves sacudimientos.
Altos niveles de inversión, fruto de endeudamiento externo e
interno, particularmente de los bonos soberanos colocados el año
anterior, permitieron al gobierno concluir cientos de obras en todo el país,
en lo que pareció una justa política de descentralización, registrándose
entre enero y junio un crecimiento del 6 por ciento en el producto bruto
interno, con una inflación de 3 por ciento.
En el primer mes del año el gobierno estrenó nuevo jefe de la
Policía Nacional, y con el general Jaime Marte Martínez se registraron
varios meses de reducción de la delincuencia y de las ejecuciones
extrajudiciales que en forma de “intercambios de disparos” habían
mantenido el país como fuerte violador de derechos humanos en los
informes de los organismos internacionales.
Con una campaña electoral relativamente pacífica y sin mayores
usos visibles de los recursos estatales, el partido de gobierno cosechó
un resultado apabullante al triunfar en 29 de las 32 provincias, y en más
del 90 por ciento de los municipios, aunque no alcanzó el control de la Cámara
de Diputados.
Las irregularidades electorales registradas en Santiago, dentro de
un resultado muy estrecho, dejaron sombras sobre los comicios, pero
objetivamente pudieron inscribirse entre los más libres en la historia de
la nación y de la región latinoamericana.
Al comenzar el año el presidente Mejía se la lució cuando
apeló a la Suprema Corte de Justicia para que dictaminara sobre la
constitucionalidad de la ley que había convocado la una Asamblea Revisora
de la Constitución, como forma de contener el protagonismo de sus propios
legisladores. La Corte anuló la ley y el inicio de la campaña electoral
contuvo a los nuevos constitucionalistas.
El primer mandatario viajó plácidamente a Belice, Ecuador, México,
Costa Rica, Italia, España y Marruecos, mientras su partido se reafirmaba
como la mayor fuerza política nacional, repitiendo los éxitos de las dos
eleccionales nacionales anteriores. Los viajes del mandatario seguirían
en la segunda mitad del año, incluyendo a varias ciudades de Estados
Unidos, Canadá, Japón y Taiwán, en lo que ya se estima una frecuencia
exagerada. Con la partida de Balaguer La
mala fortuna del gobierno comenzó justamente al iniciarse el segundo
semestre, con la enfermedad y muerte (el 14 de Julio) del expresidente
Joaquín Balaguer, quien se había constituido en el gran aliado del
presidente Mejía. El
final del inmenso caudillo inició un proceso de renovación del liderazgo
en su partido, que ha transcurrido sin mayores sobresaltos, pero se reflejó
negativamente para los intereses políticos del gobierno, al menos en el
Congreso Nacional. Baste
recordar que uno de sus últimos actos fue facilitar la restauración de
la reelección presidencial y disponer que sus legisladores aprobaran la
reducción del porcentaje para ganar la presidencia en primera vuelta.
Esto último quedó anulado por el interés partidario, tan pronto murió
el caudillo En
julio fue la reforma constitucional, convertida en un “parto de los
montes” tras 19 meses de incertidumbres y amenazas, que llegaron a
incluir la eliminación de la inamovilidad de los jueces y hasta la
prolongación del período de los legisladores. En
agosto se registró el secuestro del empresario santiagués Fernando
Capellán Díaz, lo que inició un ciclo que afectaría posteriormente a
las familias Najri, Dumé y Polanco, sembrando inseguridad y sensación de
desbordamiento de la delincuencia. Los
meses del verano marcaron un agudo deterioro del servicio energético y en
septiembre fue el discurso presidencial que anunció la eliminación del
subsidio a la electricidad y el aumento de la tarifa energética, en
promedio alrededor del 40 por ciento, que activaría la inflación y
llevaría al máximo el disgusto de la población, sin que se
materializara la promesa de que desaparecerían los apagones. Fue
justamente a partir de agosto que se incrementó el deterioro del valor
del peso, llevándolo en menos de cien días de 18 a 24 por dólar, hasta
que en la segunda semana de diciembre se logró un retroceso al 21 por dólar,
que todavía está por verse si resulta ratificado. Confrontación política
La
confrontación política, la exclusión y la aplanadora grupal, incluso
dentro del partido de gobierno, caracterizó el proceso de reforma
constitucional, acelerado tan pronto pasaron los comicios de mayo. Fue
montado sobre el desconocimiento del pacto para la reforma constitucional
que habían firmado en septiembre del 2001 los tres partidos mayoritarios
y el presidente Hipólito Mejía, con presiones y abusos políticos,
incluyendo la “conquista” de diez legisladores del opositor Partido de
la Liberación Dominicana. La
matrícula de 34 diputados perredeístas que habían rechazado la
restauración constitucional de la reelección presidencial se vio
reducida a una decena, en medio de denuncias, en el propio partido de
gobierno, de compras de conciencia y chantajes. La
reforma constitucional fue un fiasco, al quedar limitada a la eliminación
de los colegios electorales cerrados (algo que “se caía de la mata”)
y al restablecimiento de la reelección presidencial, pese a que el primer
mandatario y líder de sus propulsores juraba reiteradas veces que de
ninguna forma aceptaría una repostulación. Al
final, hasta los que dedicaron enormes recursos a promover la reelección
han tenido que retroceder, pero dejaron herida la unidad del PRD,
renegaron de los principios partidarios y se enfrentaron a las
organizaciones más activas de la sociedad civil. Una confrontación inútil.
El
otro escenario de enfrentamiento político fue montado para la elección
de la Junta Electoral, en septiembre, cuando la aplanadora senatorial del
PPH-PRD insistió en desconocer los reclamos de los partidos de oposición
y la sociedad civil por una integración plural del organismo. Hasta el
senador perredeísta Ramón Alburquerque admitiría que llevaron al
tribunal dos funcionarios del gobierno. En
medio del desconcierto y las incertidumbres el presidente Mejía hubo de
convocar un diálogo político en octubre, que semanas después originó
un nuevo pacto para ampliar el número de jueces y dividir las funciones
de la Junta Central Electoral, sin que se lograra poner fin a los
arrebatos senatoriales, ni siquiera en medio de la corrida cambiaria y
cuando se buscaba consenso para otra emisión de bonos soberanos.
Escándalos
de corrupción Ya
cuando comenzó el año la percepción de la opinión pública, y la
reflejaron las encuestas, era que la corrupción estaba en crecimiento. El
21 de enero lo denunció el obispo de Higuey, Monseñor Ramón de la Rosa,
en presencia del presidente Mejía. Numerosos
funcionarios de nivel medio del gobierno quedaron embarrados en denuncias
de corrupción a lo largo del año. Aunque el mayor escándalo fue el
protagonizado por el jefe de la avanza de seguridad del presidente, el
coronel Pepe Goico Guerrero. También la vinculación de funcionarios
gubernamentales, sin identificar, por un piloto detenido en Miami con un
cargamento de drogas. El
cónsul y luego diputado Radhamés García quedó preso en junio, agarrado
in fraganti con un tráfico de chinos desde Haití. El vicecónsul Freddy
Peña Méndez fue arrestado con un cargamento de 43 kilos de cocaína. Sin
que faltaran funcionarios involucrados en asesinatos con características
de ajustes de cuentas, en robos de cheques gubernamentales y otros delitos. Otro
gran escándalo lo constituyó la denuncia del sicario Carlos Everst
Founier involucrando a oficiales de la Policía en el asesinato del
senador Darío Gómez. El manejo del caso dejó muchas incógnitas en la
opinión pública. Opacadas
las realizaciones
Con
el presidente Mejía en innumerables polémicas y boches, con un Senado
beligerante y excluyente, con retrocesos en la estabilidad macroeconómica,
aumento de la corrupción y de la inseguridad, el balance del año es poco
halagueño para el gobierno y la sociedad dominicana. Opacadas
han quedado muchas realizaciones, incluyendo una mejoría en las políticas
sociales, el inicio de la reforma de la seguridad social, la aprobación
del código monetario y financiero tras diez años en el Congreso, y la
promulgación de la nueva ley sobre lavado de dinero, los éxitos en
materia educativa y la puesta en marcha de mecanismos sociales
participativos. El
mismo pacto por la Estabilidad y el Desarrollo Económico, clara muestra
de concertación gubernamental con el sector empresarial, queda como una
promesa, a la luz de las dificultades en cumplir el acuerdo para superar
el enfrentamiento por los jueces electorales. La
imagen de pugnacidad y arrogancia que proyectan líderes y legisladores
del partido de gobierno, en especial del PPH, la confrontación infructífera
y la política de exclusión han impedido que la opinión pública evalúe
con justicia el peso de los factores exógenos en los problemas de la
economía nacional. Ya las encuestas de agosto-septiembre proyectaban el deterioro de la imagen del gobierno. Las próximas podrían ser devastadoras, como parece haber sido para el gobierno del PRD este año 2002 que dice adiós.- |
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