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El
lastre del PRD oficialista El presidente Hipólito Mejía
ha descuidado la vigilancia sobre su Gobierno, y le ha quitado poder a los
mecanismos de persecución y sanción de la corrupción, lo que ha
posibilitado que se desaten en su interior algunas de las variantes de
corrupción que casi siempre el país ha padecido y rechazado. Es penoso el panorama en que
nos encontramos, con un Gobierno que a mitad del período resulta
seriamente impugnado por los casos de corrupción, y que pese a las
evidencias no se interesa en dar demostraciones de que sus más altas
instancias rechazan de plano la corrupción de que se le acusa. Peor aún, en momentos en
que debe ofrecer explicaciones y dar demostraciones de que no se trata de
fenómeno generalizado, las autoridades actúan con intolerancia y abuso
contra los periodistas y los medios de comunicación que formulan las
denuncias, como ha ocurrido con la identificación del contrabando de
arroz por Dajabón. El Poder Ejecutivo, y
particularmente el presidente Hipólito Mejía, ha resultado perjudicado
con el caso de corrupción de uno de sus asistentes, Pepe Goico, y una
parte del Ministerio Público, la Fiscalía del Distrito Nacional, terminó
de hundirle el cuchillo han intentar proteger al personaje principal del
caso y vanamente impedir que se hiciese una investigación más profunda
del caso. Una reciente declaración del presidente de la República, sobre
la responsabilidad de supuestos pejes gordos en el mismo, fue más que
suficiente para dar a entender que el mandatario está conciente de la
amplísima dimensión del caso. El Departamento de Prevención
de la Corrupción ha trabajado en terreno movedizo. Cada vez que ha
intentado actuar, su prestigio y empeño se hace más pequeño a la vista
de todos. Cada vez que más denuncias de corrupción se manejan en los
medios de comunicación, sin que haya ninguna acción de esa unidad, peor
es su imagen. Los rumores sobre corrupción
en Palacio Nacional, de supuestos funcionarios vinculados al tráfico de
drogas, no pueden ser más dañinos, especialmente si hay un piloto de una
aeronave comercial apresado en Miami, Rafael de la Cruz, que ha dicho que
funcionarios del Gobierno le ofrecieron 200 mil dólares para transportar
452 kilos de cocaína hasta los Estados Unidos, y que esas confesiones están
en manos de las autoridades norteamericanas. Lamentablemente nadie en el
Gobierno ha advertido que se trata de un caso que afecta directamente al
Palacio Nacional, a todos los que en él laboran, y a todo el gabinete
presidencial. Del mismo modo displicente
se ha manejado la denuncia de funcionarios de Estados Unidos, específicamente
del ex subsecretario de Estado Adjunto, Otto Reicht, quien informó de la
cancelación de varias visas a funcionarios dominicanos por sus vínculos
con actos de corrupción en la administración pública. La información
fue confirmada por el embajador norteamericano en el país, Hans Hertell,
quien dijo que su delegación no estaba obligada a ofrecer los nombres de
los sujetos despojados de sus visas. Inspectores de Migración y
Aduanas se han convertido en un azote contra los visitantes que llegan
para las navidades. Hay denuncias de extorsión contra los viajeros que
van a México. El contrabando de productos agrícolas por la frontera con
Haití, y especialmente el apresamiento de un informante del DNI, con
tarjeta de las Fuerzas Armadas, el cual portaba una metralleta Uzi que
supuestamente le entregaron las FF.AA, ponen la piel de pavo a cualquiera,
porque estos hechos son como el crujir de los cuchillos en la temporada de
navidad. El Gobierno, y el Presidente
de la República, deben amenazar menos y actuar más, para evitar que la
corrupción termine arropando sus actuaciones. Los dos gobiernos
inmediatamente anteriores del PRD no terminaron bien en materia de
corrupción, y ese podría ser el sino fatal del actual mandato perredeísta. 14
de diciembre 2002 |
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