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El
próximo paso Las disposiciones de la Junta Monetaria y el pacto con los empresarios
contuvo la corrida cambiaria El
gobierno logró esta semana contener la corrida de la tasa de cambio con
algunas disposiciones de la Junta Monetaria, la firma del Pacto por la
Estabilidad y el Desarrollo Económico con los empresarios y la aprobación
del senado al proyecto de bonos soberanos por sólo 600 millones de dólares,
como propuso el Poder Ejecutivo. Sin
embargo, para restablecer la confianza y despejar las incertidumbres todavía
está pendiente que el Senado perredeísta apruebe el proyecto de reformas
que divide las funciones de la Junta Central Electoral pactado entre los
partidos mayoritarios y el Presidente de la República y el presupeusto
del próximo año. Aunque
persisten resistencias entre senadores radicales, la cámara alta no tiene
otra alternativa que hacer honor al consenso, a menos que quiera
desautorizar al presidente Mejía y al Partido Revolucionario Dominicano,
lo que agudizaría los enfrentamientos políticos y dilataría la aprobación
de los bonos sobernos en la Cámara de Diputados, revirtiendo los avances
de los últimos días. Se despeja el panorama Sin
anunciarlo expresamente, el gobierno se declaró en sesión permanente y
la Juunta Monetaria sesionó sábado y domingo pasados para disponer
medidas a fin de contener la corrida devaluatoria que sufrió el peso en
las dos semanas anteriores. Consideradas
insuficentes en sí mismas, se informó que se habían hecho otras
recomendaciones al Presidente de la República a la par que se anunciaba
para el lunes 9 la firma del Pacto por la Estabildiad y el Desarrollo Económico
que el equipo económico del gobierno había acordado con el Consejo
Nacional de la Empresa Privada (CONEP). El
documento se firmó la mañana del lunes en el Palacio Nacional,
implicando reformas al proyecto de Rectificación Tributaria que el
Ejecutivo había sometido al Congreso Nacional, en los ámbitos fiscal y
arancelario, llamadas a incentivar las actividades empresariales y a dar
confianza al sector. En
el documento se establece el compromiso del gobierno para ejecutar el próximo
año un presupuesto "que hace énfasis en la austeridad, garantizando
la atención a los pobres con una mayor focalización y cobertura de sus
programas sociales", generando un superavit fiscal de unos 100
millones de pesos mensuales. Conlleva
un compromiso difícil de lograr, como es el de llevar las nóminas del
Estado a los niveles que tenían en agosto del 2000, lo que implicaría el
despedido de decenas de miles de empleados. Pero deja la esperanza de que
al menos se produzca alguna reducción, por lo menos en las llamadas
"nominillas", de empleados temporeros, muchos de ellos realmente
"botellas". Otro
compromiso del gobierno contenido en el pacto es el de una política de
endeudamiento externo "más restrictiva" basada en una
estrategia preparada por la Comisión que revisa los préstamos externos,
y a un "control estrricto" del endeudamiento interno o avales
bancarios de las instituciones públicas. La prima en retroceso Las
disposiciones de la Junta Monetaria, prorrogando restricciones monetarias
y tendentes a evitar la especulación con las divisas, junto a la firma
del pacto con los empresarios produjeron el efecto inmediato de contener
la devaluación del peso. En los siguientes días de la semana la tasa
retrocedió de más de 24 por uno a que había cerrado la semana hasta
colocarse por debajo del 22 por uno. Las
expectativas, incentivadas por el anuncio de que el turismo creció un 25
por ciento en noviembre, en relación al mismo mes del año pasado, es de
que la tasa cambiaria pueda estabilizarse entre 20 y 21 pesos por dólar,
revirtiendo en parte el proceso inflacionario desatado. El
proceso de recuperación de la estabilidad tuvo otro ingreidnete de
incentivo cuando el miércoles el Senado aprobó el proyecto original del
Poder Ejecutivo de 600 millones de bonos soberanos, pese a la persistencia
de un puñado de senadores en elevarlos a 750 millones supeustamente para
adquirir acciones de las distribuidoras de energía. El
gobierno, y particularmente su gabinete económico, se anotó un punto,
reduciendo el protagonismo de varios senadores perredeístas que no
tuvieron el valor de retirar su moción. Al
concluir la semana el mercado cambiario lucía a la expectativa, aún sin
recuperar la normalidad, ya que la oferta de divisas era limitada. Estaba
por verse aún sin el retroceso en los niveles de devaluación era
definitivo o fruto de la presión de las autoridades. Las
medidas adicionales recomendadas al Ejecutivo por la Junta Monetaria no se
han conocido, pero se supone que estaban incluídas en el pacto firmado
por el gobierno con la cúpula del empresariado, algunos de cuyos líderes
todavía aguardan la decisión senatorial en torno al presupuesto del 2003
y la reforma de la ley electoral. La
persistencia de senadores perredeístas en modificar el consenso sobre la
JCE e introducir modificaciones en el proyecto de presupuesto, mantenia la
opinión pública a la expectativa.Todavía el jueves los senadores Pedro
Antonio Luna, César Díaz Filpo y César Augusto Matías persistían en
declarar que sólo aumentarán el número de jueces electorales, pero que
rechazan la división de funciones de la JCE considerándola
inconstitucional. Hipólito se la juega Fuentes
de crédito dan por hecho que el Senado aprobará la reforma de la ley
electoral como fue consensuada por los tres partidos mayoritarios y el
presidente Mejía. Se afirma que el mandatario fue claro en pedir a
los senadores, durante una reunión celebrada a principio de semana, que
acogieran el consenso político y le evitaran mayores dificultades al
gobierno. En los más cercanos colaboradores del presidente
Mejía como en la cúpula del perredeísmo existe la convicción de que no
es posible desconocer el pacto para dividir las funciones de la JCE sin
causar graves dificultades políticas con repercusiones en la delicada
situación económica. La
cuestión luce más complicada por cuanto los voceros de los dos partidos
mayoritarios de oposición han condicionado la aprobación de los bonos
soberanos a que el Senado perredeísta acoja el acuerdo sobre la ley
electoral, con la amenaza de volver a retirar sus legisladores del
Congreso Nacional. El
desconocimiento de ese pacto dejaría muy mal parado al Presidente Hipólito
Mejí, desautorizándolo para cualquier otro tipo de acuerdo y sembraría
dudas sobre el cumplimiento del pacto con los empresarios. Debe
tomarse en cuenta que el texto del pacto por la Estabilidad y el
Desarrollo Económico comienza ponderando el proyecto de reforma electoral
y expresando confianza en que será aprobado "tal como fue
consensuado". Una
actitud intransigente de los senadores perredeístas también entraría en
contradicción con el discurso del presidente Mejía al firmar el pacto
con los empresarios, en el cual llamó a sus adversarios políticos
"a luchar juntos para que las tareas de construcción de una sociedad
más justa y equitativa no se vea obstaculizada por intereses partidistas". En
la misma pieza, el mandatario apeló a los medios de comunicación "para
que en lo adelante forjemos una sólida alianza que contribuya con la
estabilidad, la tranquilidad, la confianza y la paz social". El PRD a prueba Más
allá del protagonismo de tres o cuatro de sus senadores, la situación
pone nuevamente a prueba la capacidad del perredeísmo para actuar
coherentemente desde el poder. Rechazar el acuerdo sobre la JCE implicaría
una desconfianza definitiva en su capacidad para pactar con el resto de la
sociedad. Entre
dirigentes perredeístas, como en el gobierno, existe la convicción de
que los senadores finalmente aprobarán la reforma electoral y trasladarán
su protagonismo a reformular algunas partidas presupuestarias, aunque no
lleguen tan lejos como propuso el senador por Independencia que abogó por
incluir dos carreteras y un camino vecinal. La
prolongación del debate sobre la reforma electoral sólo serviría para
mantener las incertidumbres y bloquear la aprobación de los 600 millones
de dólares en bonos soberanos, llamados también a contribuir en la
estabilidad de la tasa de cambio. Una
rápida aprobación no sólo agilizaría los bonos soberanos, sino que
también contribuiría a fortalecer la recuperación de la confianza en la
capacidad del gobiernio y su partido para atender a los reclamos de la
opinión pública. En
términos puramente políticos, una negativa del Senado frente a la
reforma electoral profundizaría la distancia que tiende a tomar el
Partido Reformista Social Cristiano del gobierno y lo acercaría al
Partido de la Liberación Dominicana, lo que es una mala inversión a 17
meses de los comicios presidenciales y con un diferendo que afectaría el
proceso electoral. Los
que llevan anotaciones no habrán pasado por alto que esta semana emergió
un público cuestionamiento a la posición del presidente del PRSC, por
parte de dos precandidatos presidenciales, Federico Antún y Héctor Rodríguez
Pimentel, y del dirigente Leonardo Matos Berrido. Tras celebrar una reunión
éstos acusaron públicamente a Rafael Bello Andino de colaboracionista
con el gobierno,. Reclamándole tomar distancia. La
crítica fue más significativa por cuanto estos tres dirigentes
reformistas eran de los señalados como promotores de acuerdos con el PRD
y su gobierno. Rodríguez Pimentel fue hasta hace poco cónsul en Haití y
Matos Berrido es embajador en Italia. Más
allá de los pataleos y de una pretendida independencia a ultranza de los
legisladores perredeístas, no tienen alternativa a la aprobación de la
reforma electoral. Y mientras más pronto se produzca será mejor para
despejar las incertidumbres y afianzar la recuperación de la confianza en
su gobierno, fundamentales en esta coyuntura para el mantenimiento de la
estabilidad macroeconómica nacional y para el futuro inmediato de su
partido.- |
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