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Otro
paquete de reformas pendientes Durante
su reciene viaje por el lejano oriente el presidente Hipólito Mejía
anunció su disposición a proponer una ley para que el Poder Legislativo
pueda ejercer controles sobre los actos del Ejecutivo, lo que estaría
llamado a reducir el excesicvo presidencialismo que tantos abusos ha
conllevado en la historia nacional. El
ponderable propósito del primer mandatario pudo estar determinado por lo
que ha visto en Japón, donde opera una democracia parlamentaria, la que
por su naturaleza esencial tiene su centro de poder en el Congreso. Aquí
en el régimen presidencialista que tenemos podría resultar dificultoso,
y quizás hasta contradictorio, otorgar un control directo al Congreso
sobre los actos del Poder Ejecutivo, pero sí sería conveniente un régimen
de estricta rendición de cuentas, fortalecido por una serie de mecanismos
legales, varios de los cuales han sido presentados en las cámaras
legislativas, incluso por el actual gobernante.. Desde
hace muchos años se viene debatiendo en el país la necesidad de crear un
cógido que prevenga la corrupción administrativa e incentive un uso
racional y sujeto a estricto presupuesto de los recursos nacionales, lo
que incluso ha figurado en los programas de gobierno que se presentan en
las campañas electorales. Pero una vez en el poder, los gobernantes ha
sido lentos cuando no indiferentes. Es
que generalmente quienes llegan al poder creen que lo han logrado para
siempre y que no pueden renunciar a la discrecionalidad y al uso de los
recursos estatales para mantenerlo e incrementarlo, especialmente cuando
es posible la reelección presidencial, recién restaurada en contradicción
con los planteamientos históricos del Partido Revolucionario Dominicano. Por
eso hay que celebrar la disposición reformisa expresada recientemente por
el Presidente Mejía y alentarlo, a que comience promoviendo la aprobación
de varias iniciativas de él sometiera al Congreso Nacional y que van
quedando en el olvido. El
mandatario y su partido disponen de una mayoría tan consistente en las cámaras
legislativas, con el 90 por ciento del Senado y casi la mitad de los
diputados, como dificilmente se repita en el futuro próximo. La
creación de un código de control efectivo de la gestión administrativa
pasaría fácilmente si los perredeístas gobernantes se lo proponen y sería
saludado por una opinión pública cansada de los abusos del patrimonio
nacional, del clientelismo que tantos recursos consume y del rentismo que
se abona con el financiamiento privado de nuestras largas campañas
electorales. El
presidente y su partido podrían revalidar el papel reformista que los
fundadores y principales sustentadores ideológicos del perredeismo
confirieron a esa organización, y que es parte de las razones por las que
ha tenido tan larga vigencia en la vida pública nacional. Tienen todavía
oportunidad. Nos
estamos refiriendo a los proyectos encaminados a reforzar y dar autonomía
administrativa a la Contraloría General de la República y a la Cámara
de Cuentas, así como a los que tienen como objeto la independencia del
ministerio público, la creación de un fiscal nacional anticorrupción y
a una más exigente ley general de presupuesto. Sobre esto último tomó
iniciativa en su etapa de senadora la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. También
fue iniciativa del actual gobierno, a través del Departamento de Prevención
de la Corrupción, un proyecto de ley que busca hacer funcional la
declaración jurada de bienes que también duerme el sueño eterno en el
Congreso Nacional. Lo
mismo un anteproyecto para normar estrictamente las compras y
contrataciones de servicios por parte del Estado, llamado a hacer
transparente y obligatorios los concursos públicos, para reducir esa
brecha a la corrupción administrativa y el enriquecimiento ilícito. En
un paquete de seis anteproyectos depositados en el Congreso por el DEPRECO
se incluye uno que crearía un código de ética del servidor público y
otro sobre soborno transnacional. Tampoco
debemos olvidar el proyecto para garantizar el libre acceso a la información
de interés público, introducido al Senado en el período pasado, por el
senador perredeista José Antonio Najri. En
los anales de la antigua Comisión presidencial para Reforma y Modernización
del Estado, y del actual Consejo Nacional para Reforma del Estado hay toda
una biblioteca de anteproyectos encaminados a mejorar los controles públicos.
Entre esos organismos y el DEPRECO han consumido muchos millones de pesos
formulando anteproyectos que constituyen una bibliografía enorme. Las
universidades y numerosas instituciones sociales también han hecho
innumerables aportes. De
manera que no hay que hacer demasiado esfuerzo ni perder tiempo para dar
curso al propósito del Presidente Mejía. Urgen los controles. Ojalá que
el propósito del presidente Mejía se convierta pronto en realidad. ¡Anímese
don Hipólito, que ese podría ser uno de sus mayores legados!.-
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