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La
propuesta de reestatizar la energía sólo servirá para generar más
incertidumbre El
gobierno no ha logrado quitarse de encima el escándalo Pepe Goico cuando
se enfrenta a un nuevo elemento de incertidumbre con la propuesta de sus
senadores de aumentar en 200 millones de dólares el proyecto de ley de
emisión de nuevos bonos soberanos para adquirir acciones de las empresas
de energía capitalizadas. La
idea de los senadores perredeístas podrá estar inspirada en el deseo de
reducir la voracidad con que se manejan algunas de las empresas
capitalizadas, especialmente las distribuidoras de energía, pero carece
de fundamento para hacerla razonablemente viable y pone en riesgo el crédito
gubernamental frente a inversores extranjeros, gobiernos y organismos
internacionales. El
camino correcto en las actuales circunstancias, afectadas por factores
internacionales, es la moderación, la conciliación expresadas en el
proyecto de reforma de la ley electoral y en las conversaciones
gubernamentales para inspirar confianza en el sector empresarial. Propuesta descabellada Si
la idea de readquirir las empresas energéticas capitalizadas perseguía
desviar la atención pública del escándalo que envuelve al que fuera
jefe de la avanzada de seguridad del presidente Hipólito Mejía, no logró
el objetivo. La
opinión pública sigue mostrando insatisfacción con el curso de la acción
judicial y la falta de información sobre aspectos fundamentales del escándalo
y la iniciativa de senadores perredeístas para recomprar acciones de las
empresas energéticas carece del mínimo fundamento para hacerla viable. Los
senadores, encabezados por el presidente del Senado, licenciado Andrés
Bautista, no han podido presentar un plan, o un curso a seguir que
justifique la emisión de bonos adicionales por 200 millones de dólares a
los 600 que solicita el Poder Ejecutivo en el proyecto de ley introducido
la semana anterior. Nadie
ha explicado qué se podría recomprar con 200 millones de dólares, ni qué
se haría posteriormente con esas empresas. En otras palabras con qué
capital se procedería ni quien lo aportaría. Tampoco qué garantía habría
ahora de que el Estado las administraría con mejor fortuna que en las décadas
pasadas. Se
ignora si las acciones a comprar son solamente las de las tres empresas
distribuidoras, -Edenorte, Edesur y Edeeste- o si también se incluye a
las involucradas en los paquetes generadores de Itabo y Haina. Como
los capitalistas asociados con el Estado no están vendiendo sus acciones,
y más bien han declarado lo contrario, los propulsores de la recompra
tampoco han explicado cómo podría materializarse su plan. Debe
presumirse que incluye la rescisión de los contratos que las amparan,
firmados unos por tiempo indefinido y otros hasta por 40 años. Y si han
de rescindir los defectuosos contratos que amparan las distribuidoras, con
mayor razón deberán proseguir con los que permiten a la Smith and Enron
y la Cogentry cobrar millones de pesos al Estado aún cuando tengan
apagadas sus plantas. Seria contradicción Si
fuera tan simple rescindir esos contratos, el planteamiento senatorial
implicaría una seria contradicción con la política del gobierno, que
sería el llamado a tomar una iniciativa de esa naturaleza, que lo
enfrentaría con los gobiernos de España y Estados Unidos, que acudirían,
como ya lo han hecho, en defensa de los intereses de sus inversionistas. No
se trataría sólo de contradecir las negociaciones de los gobiernos
anteriores, responsables de los contratos de generación y distribución,
sino de este mismo, que ya ha realizado renegociaciones tanto con
generadoras como con distribuidoras, algunas de ellas hace apenas tres
meses. El
propósito choca también con la emisión de bonos soberanos, basada en el
crédito del país en los mercados internacionales, y que seguramente se
vería afectado por el desconocimiento de contratos, algunos de los cuales
fueron aprobados por el Congreso Nacional o se ampararon en la ley de
capitalización de las empresas públicas. Debido
a las reformas estructurales impulsadas por el gobierno y al clima para la
inversión extranjera, la calificación de riesgo del pais ha sido
mejorada en los últimos tres meses por dos de las entidades
internacionales más reconocidas en la materia, la Standard & Poor´s
y Moody´s. En ese crédito se basa la posibilidad de colocar en el
mercado internacional nuevos bonos soberanos a menores tasas de interés. La
contradicción fue advertida por el secretario de Finanzas, José Lois
Malkún, en el comunicado publicado el martes 19 donde exhorta al Congreso
"a evitar la introducción de modificaciones al Proyecto de Ley de
Emisión de Bonos Soberanos que pudiesen enviar señales equivocadas al
mercado internacional de capitales sobre la política económica del
Gobierno Dominicano". La
iniciativa senatorial obligó al presidente Mejía a rechazarla
publicamente en dos ocasiones esta misma semana, llegando a informar el
jueves que se comunicó con los ejecutivos de las empresas distribuidoras
para expresarles su desacuerdo con la compra de sus acciones, sosteniendo
que eso no prosperará. Necesaria coherencia En beneficio de los senadores que auspician el
proyecto se podría pensar que están inspirados en el propósito de
reducir la prepotencia con que se manejan algunos de los empresarios
privados del sector energético, que lucen incapaces de entender la
indignación nacional frente al enmarañado y encarecido servicio que
ofrecen. La
persistencia de los apagones en momentos en que se ha producido un pesado
aumento de la tarifa energética, y los cuestionamientos sistemáticos de
los contratos que los amparan crean una situación delicada para el
gobierno que está pagando un costo político considerable. Pero
el lanzar palos de ciegos, condenados a terminar en nuevas frustraciones,
sólo sirve para contradecir la política del gobierno central por parte
de los legisladores de su propio partido, algunos de ellos vinculados
directamente al presidente Mejía. Persisten
en una independencia a ultranza del Poder Legislativo que no se registra
en ninguna democracia y que mella el prestigio y la credibilidad de
quienes ejercen el Poder Ejecutivo, en consecuencia del propio partido. Abonan
también la percepción generalizada en la opinión pública de que los
perredeistas son incapaces de conducirse con la mínima coherencia y que
se manejan desde el poder como si estuvieran en la oposición, siempre a
nombre de la independencia y la democracia política. Requiere confianza Lo
menos que necesita el gobierno en las actuales circunstancias es
contradicción de sus propios legisladores. Requiere confianza para crear
un clima de colaboración y comprensión sobre las dificultades económicas,
en momentos en que se han reducido las reservas de divisas y el peso
mantiene un agudo proceso de devaluación que lo conduce rumbo al 21 por dólar. El
camino correcto luce ser la conciliación que implican las conversaciones
que una comisión de funcionarios gubernamentales sostiene con el alto
empresariado en busca de confianza mutua y colaboración para enfrentar
las dificultades. Ese
esfuerzo ha quedado subestimado en la opinión pública por el ruido del
escándalo de corrupción y de las iniciativas legislativas, no sólo en
materia de bonos soberanos, sino también con las amenazas de desconcoer
el acuerdo pactado por el gobierno y los tres partidos mayoritarios, para
superar la incertidumbre derivada de la elección de los jueces
electorales. El
camino al acuerdo con el empresariado tampoco está allanado de obstáculos,
sobre todo a la luz de sus expectativas de que las autoridades eliminen el
recargo cambiario y el anticipo del impuesto del 1.5 por ciento de las
ventas. También resulta difícil atender el reclamo de generalizar el
ITEBIS a cambio de reducirlo del 12 al 8 por ciento, lo que ha sido
rechazado de antemano por el propio Presidente Mdejía. Pero
los negociadores oficiales han mostrado apertura, reclamando al
empresariado que muestre compensaciones fiscales a las reducciones que
implicarían sus demandas y planteando aplicar la legislación que
devuelve impuestos internos a las exportaciones. Mientras
la economía internacional no repunte y se recupere el turismo y las
exportaciones de zonas francas, y el petróleo se mantenga sobre 25 dólares
el barril, el gobierno dominicano navegará con serias limitaciones y
dificultades. Requiere comprensión y colaboración. Pero sus propios
partidarios no dan el ejemplo.- Expediente insatisfactorio Al
concluir la semana es generalizado el criterio de que el gobierno no ha
podido quitarse de encima el escándalo generado en las acusaciones a
quien fuera jefe de la avanzada de seguridad del presidente Mejía. Hasta
el Procurador General de la República, Virgilio Bello Rosa, resultó
sorprendido con el calificativo de correccional dado por el Fiscal del
Distrito Nacional al expediente que involucra al coronel Pepe Goico en un
fraude por 40 millones de pesos denunciado por un banco, lo cual decreta
la libertad bajo fianza de los implicados. Después de casi tres semanas preso y de la retención
de un avión y un helicóptero que usaba el militar, ahora resulta que fue
una víctima y que, según sus abogados, habrá que pedirle perdón. Se
trató tan sólo de un cómplice por descuido, porque la tarjeta emitida a
su nombre era operada fraudulentamente por el gerente del banco que
denunció el fraude ante el propio Presidente de la República. A
esta altura de las investigaciones, nada se ha informado sobre las razones
que tuvieron las autoridades para allanar y retener el avión y el helicóptero
que alquilaba el mismo Goico. Tampoco se ha explicado cómo se compraban
bienes y servicios a nombre de instituciones militares sin que el Estado
fuera responsable ni pagara la factura correspondiente. 21
de noviembre 2002 |
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