Entre consulta económica y reiterado pujilato político
Juan Bolívar Díaz - 07 de noviembre 2002


Mientras el Presidente Mejía y el secretario de Finanzas insisten en la concertación económica, legisladores oficialistas persisten en cultivar la incertidumbre política

            El secretario de Finanzas, José Lois Markum marcó el paso positivo del gobierno esta semana al revelar una concertación en marcha entre el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) con miras a asegurar la estabilidad macroeconómica en medio de la grave crisis de la economía internacional.

         Pero el ámbito político gubernamental siguió dando palos de ciegos cuando legisladores oficialistas cuestionaron el reciente acuerdo del diálogo político para dividir las funciones de la Junta Central Electoral y amenazaron con una nueva reforma constitucional para volver sobre la reducción del porcentaje del voto para elegir presidente.

         En tanto en el seno del Partido Revolucionario Dominicano seguían profundizándose las divergencias, agitadas por el protagonismo del grupo que sigue al presidente Hipólito Mejía, el denominado PPH, lo que al mismo tiempo empuja a los aspirantes a la candidatura presidencial a una prematura campaña interna.

Señales contradictorias

            En el ámbito internacional hubo señales contradictorias a lo largo de la semana. Lo más positivo fue que el petróleo se mantuvo en baja por primera vez en los últimos dos meses, reduciendo su precio hasta 25 dólares el barril, (4 dólares menos que hace dos semanas), pero la moneda norteamericana dio señales de debilidad, como la economía de los Estados Unidos.

         A mediados de semana el euro superó en valor al dólar norteamericano tanto en los mercados europeos como en Nueva York, y la Reserva Federal norteamericana llevaba las tasas de interés a su nivel más bajo en medio siglo, 1.25 por ciento anual, que es dinero gratis si se le compara con las tasas prevalencientes en la República Dominicana.

         Para algunos analistas la victoria del Partido Republicano y el presidente George Bush en las elecciones parciales del martes podría moderar el protagonismo guerrerista que tendría por objetivo explotar electoralmente el sentimiento patriótico

Norteamericano, lo que en consecuencia seguiría moderando el precio del petróleo.

         En esa línea se inscribiría el nuevo texto de resolución sobre Irak sometido por Estados Unidos a consideración de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que establece un camino más moderado de confrontación con el régimen de Saddam Hussein.

         Sin embargo, otros analizan que tras el respaldo electoral que le permitió controlar la mayoría del Senado, hasta ahora en manos demócrata, el presidente Bush podría sentirse estimulado en sus afanes guerreristas,  incentivado por los petroleros de su sureño estado de Tejas que soñarían con la explotación de los hidrocarburos iraquíes, estimados en 115 mil millones de barriles. 

         Las expectativas económicas norteamericanas seguían siendo inciertas, en medio de la desconfianza de los consumidores, con balance negativo en el empleo y sin que afloren elementos que permitan superar la casi recesión de los últimos meses.

         Para algunos, la guerra podría ayudar a reactivar la economía norteamericana. Pero afectaría en lo inmediato el precio del petróleo y el turismo internacional, lo que repercutiría en mayores dificultades para las economías dependientes, como la dominicana.

Actitud positiva

         El martes antes de viajar a Canadá, el presidente Hipólito Mejía se reunió con los senadores de su partido para pedirles respaldo a la concertación lograda en el diálogo político que permitiría superar los conflictos políticos originados en la designación de los jueces electorales y crear un mejor ambiente para viabilizar una nueva emisión de bonos soberanos.

         Fuentes de crédito indican que el presidente fue “tan sincero y convincente” que ninguno de los radicales defensores de las facultades legislativas se atrevió a cuestionar el pacto.

         Al día siguiente el secretario de finanzas, José Lois Markum, adelantó que el gobierno buscar concertar con el CONEP  para una serie de 8 o 9 medidas encaminadas a mantener la estabilidad macroeconómica.

         Entre ellas incluyó no sólo la emisión de bonos soberanos por 600 millones de dólares, sino también la presentación de un presupuesto virtualmente congelado para el año próximo y disposiciones de austeridad y de corte monetario y fiscal.

         El gobierno no estaría en disposición de atender todos los reclamos del sector empresarial, pero le está consultando y escuchando y trataría de lograr acuerdos básicos, aunque no elimine el adelanto del 1.5 por ciento sobre las ventas ni desmonte significativamente la comisión cambiaria. Podría hacer concesiones en los gravámenes, de por sí bajos, de las materias primas, equipos y maquinarias.

         En el liderazgo empresarial se ha estado evaluando la posibilidad de presentar opciones impositivas que mantengan los ingresos estatales, entre las cuales han señalado la ampliación de la base del itebis, aunque al mismo tiempo plantean su reducción del 12 al 8 por ciento. También se habla de aumento al impuesto a la vivienda suntuaria y a las apuestas, que no compensarían más que un desmonte parcial de la comisión cambiaria.      

         La ampliación de la base impositiva del Itebis es considerada injusta porque tendería a gravar alimentos de consumo generalizado, lo que repercutiría sobre las clases medias bajas y los sectores populares. Nadie quiere ni discutir la posibilidad de que se cobre Itebis a las medicinas. Y es imposible hacerlo ahora con la energía eléctrica, los combustibles, el agua y otros servicios todavía  exentos. 

         Las simples consultas con el sector empresarial tienden a generar un clima de comprensión y confianza, que explicaría el respaldo que este ha adelantado a la nueva emisión de bonos soberanos, destinada a renegociar deuda externa de corto plazo por unos 250 millones de dólares, a pagar deuda interna por 135 millones y otros 215 millones de dólares para crear un fondo de contingencia ante la posibilidad de guerra internacional, el cual al mismo tiempo fortalecería las reservas de divisas. 

         En el frente empresarial hubo reconocimientos a la apertura mostrada por el presidente de la nación y el licenciado Markum.

Vueltas a la noria

         Pero en el ámbito de lo político no hubo otra cosa que vueltas a la noria, ya que el vocero de los senadores perredeístas Papo Luna, como el senador por Valverde, César Augusto Matías, parecían encabezar una nueva rebelión contra acuerdos políticos pactados por el Presidente Mejía y el presidente del  PRD, Hatuey de Camps. . 

         Los diarios llegaron a publicar que el bloque de senadores perredeístas estaría divido a la mitad en relación al cumplimiento del pacto, cuyo resultado llegó el viernes a la Cámara de Diputados en forma de proyecto de ley de manos de Monseñor Agripino Nuñez Collado y el secretario de la Presidencia, Sergio Grullón.

         Rafael Suverbí Bonilla, quien ostenta el cargo de secretario general del partido de gobierno, subordinado del Presidente de la Republica en tanto es secretario de Turismo, y aspirante a la candidatura presidencial, salió también a cuestionar el acuerdo, incentivando la rebelión legislativa.

         El senador Matías llevó los planteamientos más radicales, llegando a replantear la “necesidad” de volver a la reforma constitucional, como condición indispensable para dividir las funciones de la Junta Central Electoral,  pero añadiendo que incluirían también la reducción del porcentaje de votos para elegir el Presidente de la Republica, lo que resultó imposible en la modificación de agosto pasado, por la resuelta resistencia de los partidos de oposición.

         En algunos ámbitos políticos no se ha celebrado el frágil acuerdo de la semana anterior, por considerar que casi no se arrancó nada a la prepotencia oficialista, y además porque persisten dudas de si no se repetirá lo que hicieron con el Pacto para la Reforma de la Constitución suscrito en septiembre del 2001 en el Palacio Nacional por los mismos que negociaron ahora.

         Sin embargo, senadores influyentes, como Ramón Alburquerque, han declarado que acatarán y defenderán el pacto, considerando que en nada afecta los intereses del partido en el poder, y que las  circunstancias político-económicas aconsejan algunas dosis de concertación y reconocimiento de las minorías.

            Desde luego, desde el seno de los partidos de oposición se levantaron voces como las de Rafael Bello Andino, Johnny Jones, Rogelio Genao y  Reynaldo Pared para  reclamar el cumplimiento de lo pactado en el diálogo político. El primero advirtió que la materialización del acuerdo no está supeditada absolutamente a nada.

Se agita el PRD

         Otro factor de incertidumbre se incuba en el seno del partido de gobierno, fruto del activismo del PPH y de los cada vez más abiertos cuestionamientos de sus líderes al presidente del partido, quien no pide permiso a nadie para responderlos enérgicamente, como ocurrió a principios de semana.

         Respondiendo exigencias de Eligio Jáquez y otros dirigentes del PPH, Hatuey de Camps dijo que la convención para elegir candidato presidencial y renovar el liderazgo del partido, será a mediados del próximo año. Pero aprovechó para reiterar que la reelección presidencial que abiertamente promueve el PPH no pasará ni en el PRD.

         En su acostumbrado lenguaje sutil, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch también enfrentó a los “talibanes” que pretender ignorar lo pactado.

         Las aguas se han agitado tanto en el perredeísmo, que el doctor Rafael Abinader  creyó necesario invitar a un desayuno a una decena de compañeros de su partido que como él aspiran a la candidatura presidencial. Fue un fracaso, por cuanto sólo asistieron la doctora Ortiz Bosch y el doctor Emmanuel Esquea.

         A lo largo de esta semana quedó claro que la dispersión política sigue afectando al perredeísmo y su gobierno, y que muchos no han entendido que las circunstancias económicas obligan a la moderación y a la concertación y que es a los que ejercen el poder a quienes corresponde colocar la primera y la ultima piedra.- 

07 de noviembre 2002