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Un
frágil pero positivo acuerdo entre los partidos mayoritarios Aunque
sostenido sobre un frágil hilo, el acuerdo pactado esta semana por los líderes
de los partidos políticos mayoritarios y el gobierno para superar el
enfrentamiento por la Junta Central Electoral (JCE) es un acontecimiento
positivo llamado a contribuir a una necesaria distensión que permita
enfocar la atención nacional en los problemas que amenazan la estabilidad
macroeconómica de la última década. El
consenso fue posible gracias a una firme decisión del presidente Hipólito
Mejía, bajo cuya responsabildad quedará el cumplimiento por parte de los
legisladores oficialistas, algunos de los cuales han llegado a creerse el
propio argumento de que no pueden transar ni rectificar sin alterar el
orden constitucional. Queda
pendiente comprobar si las partes tendrán la misma voluntad para concoer
los otros dos temas establecidos en la agenda del diálogo, referentes a
disposiciones para mantener la estabildiad macroeconómica y definir los
alcances de una agenda nacional de desarrollo. Acuerdo reconfortante El
pacto anunciado el jueves en el marco del diálogo iniciado el 21 de
octubre para superar el enconado enfrentamiento político generado por la
elección de los jueces electorales, cayó como un refrigerante en el
caluroso otoño tropical, despertando leves expectativas de nuevas
concertaciones que permitan enfrentar los acuciante problemas nacionales,
especialmente del orden macroeconómico. Contradiciendo
los vaticinios pesimistas que dominaron parte importante de la opinión pública
desde el inicio del diálogo, los líderes de los partidos mayoritarios y
el gobierno del presidente Hipólito Mejía lograron acuerdos básicos, lo
que deja abiertas las puertas a nuevas concertaciones en los ámbitos políticos,
sociales y económicos. Lo
fundamental ha sido que se comprometieron a una reforma de la ley
electoral para dividir las funciones administrativas, reglamentarias y
contenciosas de la JCE y elevar a 9 la matrícula del organismo. Los
dos nuevos magistrados serían escogidos por consenso entre los partidos y
en consulta con las organizaciones de la sociedad civil. Serían tres de
acuerdo a una versión publicada por el periódico HOY, según la cual se
habría pactado la renuncia de uno de los dos últimos en ser designados
por el Senado. Habrá
una cámara de administrativa, integrada por tres miembros, y la
contenciosa por 5, más el presidente del plenario del organismo, que
seguirá siendo el doctor Ramón Morel Cerda. Cada cámara decidirá en su
ámbito propio. El pleno de los jueces sesionará para la materia
reglamentaria. Al
mismo tiempo los partidos se comprometieron a respetar plenamente el
mandato de la ley electoral para que los directores de los organismos
claves de la JCE, como la dirección general de elecciones, dirección de
cómputos y del registro civil, sean escogidos por consenso. Cuando
se anunció el pacto, los partidos apenas disponían de un borrador y
abogados de los mismos se disponían a redactor las reformas a ser
introducidas en la legislación electoral a través del presidente Hipólito
Mejía, quien había sorprendido a la opinión pública con la
convocatoria del diálogo, reclamado por los partidos de oposición y
parte de las organizaciones sociales. Parche mal pegado La
forma en que se divide la JCE, sin tocar la Constitución de la República
constituye un parche mal pegado. Es un acuerdo endeble, fruto de la
necesidad del gobierno de poner límite a los enfrentamientos, para
mejorar el clima en que podría enfrentar los problemas macroeconómicos y
de la impotyencia de la oposición para doblar el brazo a la mayoría
perredeísta en el Congreso y el Poder Ejecutivo. Lo
ideal hubiese sido modificar el artículo 92 de la Constitución de la República
que atribuye los funciones de dirección, reglamentación y enjuiciamiento
a la JCE y entonces crear dos organismos totalmente separados, como se ha
registrado en México, Perú, Chile, Paraguay y otros países de la región. Pero
la conflictiva reforma constitucional concluída en agosto pasado ha sido
un disuasivo para todos los sectores. Algunos se encrispaban de sólo
insinuarse la posbilidad de volver a otra reforma de la carta magna. Se
daba por seguro que algunos oficialistas insistirían en plabntear la
reducción del porcentaje para elegir el Presidente de la República. El
Instituto Federal Electoral en México y la Organización Nacional de
Procesos Electorales, en Perú, son el ejemplo. Se trata de instituciones
cuyo fin único es organizar los procesos electorales. Todo lo que tiene
que ver con recursos jurídicos, de interpretación, de impugnación o
conocimiento de diferendos se dirige a un tribunal superior electoral. En
algunos países el tribunal elñectoral es la propia Suprema Corte de
Justicia o una cámara especializada de esta. En cualquier caso lo que se
persigue es que quienes dictaminen sobre los conflictos no sean los mismos
que tomen las decisiones en primera instancia., es decir, evitar el
conflicto del que es juez y parte. La
fórmula dominicana será obviamente un híbrido, asumeindo que pase la
prueba de las interpretaciones iniciales. En otras palabras, que los
legisladores y los actuales jueces acepten la intepretación de los
pactantes. Monseñor Agripino Núñez, el mediador del diálogo explicó
que "había que buscar una fórmula que no coludiera con la
Constitución ni requiriera reformarla". Firme apoyo presidencial Desde
el comienzo del diálogo Núñez Collado insistió en la firmeza del apoyo
del presidente Mejía. Y fue más enfático al anunciar los acuerdos.
Hasta dijo que el mismo mandatario había insinuado "una solución
permanente" para que estas crisis electorales no se repitan. El
primer mandatariono no sólo había sido el padre de la convocatoria a diálogo,
sino que fue en un almuerzo al que invitó el lunes 28, donde se fraguó
definitivamente el acuerdo. El
compromiso presidencial es tan claro delante del mediador y las partes que
nadie tiene dudas de que el acuerdo será acatado por los congresistas,
aunque algunas voces destempladas pretendan ensayar un relajo parecido al
practicado con los resultados de la comisión para la reforma
constitucional. Fuentes
del partido de gobierno ratifican que Hipólito Mejía había comprendido
la necesidad de resolver el enfrentamiento y promover una distensión
nacional. No sólo por razones económicas coyunturales, como la necesidad
de que le aprueben uan nueva emisión de bonos soberanos, sino también
para evitar que fraguara un frente antiperredeísta encabezado por los dos
grandes partidos de oposición. El
agrónomo Mejía también habría aceptado que no favorecía la imagen de
su gobierno que la cumbre de gobernantes iberoamericanos, -a reunirse en
el país el 15 y 16 de noviembre- lo encontrara en medio de una crisis política
que incluía el retiro de los legisladores de oposición. En
círculos gubernamentales se ha confirmado que la reunión del presidente
Mejía con un grupo de dirigentes reformistas encabezados por su
presidente Rafael Bello Andino fue clave para que decidiera promover una
transacción. Estos le habrían expuesto los efectos que el enfrentamiento
estaba generando en la militancia de su partido, que cerraba la puerta a
la colaboración. Eso
aparte de las presiones del PLD, las señales del empresariado y de la
jerarquía eclesiástica, y de sectores importantes de la opinión pública,
que abogaban por un clima político más apropiado a las circunstancias
nacionales e internacionales. ¿Proseguirá el diálogo? Superado
el principal factor de conflicto en la coyuntura nacional, muchos se
preguntan si el diálogo proseguirá hasta agotar los otros dos puntos de
la agenda trazada a su inicio. La
impresión que se recoje en círculos oficialistas es que el gobierno no
tiene mucho interés en que le marquen pauta a seguir frente a los
problemas económicos, sobre todo porque sabe que toda la oposición política
y las entidades sociales van a insistir en reclamarle austeridad y hasta
reducción del gasto corriente. Ya
voceros empresariales han adelantado que pedirán un presupuesto para el
2003 igual al del año que concluye. Otros contemplan que se elimine el
recargo cambiario y no han faltado los que demandan hasta la eliminación
del impuesto del 1.5 por ciento a las ventas. Sin
llegar a complacer las posiciones más oportunistas, el gobierno podría
hacer algunas concesiones, incluyendo un compromiso firme de contracción
del gasto y proseguir el desmonte de la comisión cambiaria, lo que al
mismo tiempo repercutiría en moderación de las tendencias inflacionarias.
De
entrada, el gobierno ya tiene como meta inmediata que le aprueben una
nueva smiión de bonos soberanos, a la cual es obvio que no se opone el
empresariado. Más bien, algunos sectores, especialmente la banca, la
consideran imprescindible para enderezar la pendiente resbaladiza por la
que rueda cuesta abajo el peso. Esta
semana el presidente Mejía no sólo confirmó que el gobierno quiere
otros 500 millones de dólares en bonos soberanos, sino que por primera
vez planteó públicamente que la nación atravieza por una crisis
financiera. Nadie
en el diálogo pretende que se siente allí el equipo que elabora el
presupueusto para discutir las partidas. Lo que se concibe es una
declaración general donde se propongan metas y propósitos. A cambio los
opositores tendrían que admitir que la crisis económica tiene un alto
componente importado, a través de la recesión internacional, la crisis
del turismo y el alza del petróleo. La
segunda etapa del diálogo podría aportar elementos de conciliación para
enfrentar la crisis económica internacional con racionalidad. El gobierno
pidiendo y ganando colaboración y comprensión, a cambio de mayor
transparencia y concertación. Mientras
tanto, se espera que los acuerdos políticos contribuyan a mejorar el
clima político y diluyan en parte las incertidumbres que habrían puesto
alguna parte en la corrida cambiaria que registró el caliente octubre.- 01
de noviembre 2002 |
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