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Se
perfila amplio frente de oposición al gobierno
El conflicto generado por la elección de los jueces titulares de
la Junta Central Electoral está desembocando en un amplio frente politico
y social de cuestionamiento al gobierno, incentivado por un ambiente de
incertidumbres económicas.
El inicio del diálogo entre las diversas fuerzas políticas y
sociales enfrentadas supuso la apertura de una brecha al entendimiento, de
la que formó parte hasta el partido oficialista, y de inmediato se
conocieron diversas propuestas, pero hay quienes creen que todavía los
estrategas gubernamentales no están convencidos de que tienen que transar.
Esta fue la semana en que el peso cayó a más de 20 por dólar y
las autoridades tuvieron que admitir que la inflación superará el
estimado del 8 por ciento, en tanto el Partido Reformsita Social Cristiano
(PRSC) seguía acentuando su distancia del gobierno, demostrando que tiene
la clave para la concertación o el fracaso del diálogo.
La marcha del diálogo
Tras la primera semana del diálogo entre los partidos político y
organizaciones sociales el balance es precario, aunque se han mostrado
disposiciones al entendimiento hasta en el oficialista Partido
Revolucionario Dominicano (PRD), pero no así en las instancias del
gobierno que concentran el poder de decisión.
Es cada vez más generalizada la creencia de que cualquier solución
al enfrentamiento político depende del presidente Hipólito Mejía, quien
controla el grupo político que hegemoniza el poder (el PPH) y a la mayoría
de los legisladores de su partido, por lo que las propuestas de solución
se encaminan hasta él.
En la semana hubo tres sesiones del diálogo en el que participan
unos sesenta representantes de diez partidos políticos, siete
organizaciones empresariales, cinco asociaciones de desarrollo, cuatro
entidades religiosas, una
confederación de centrales sindicales y dos instituciones de promoción
de la institucionalidad democrática y la participación social.
Al concluir la tercera sesión, al medio día del jueves, se convocó
una cuarta para el martes, con cinco días de espacio, a fin de dar tiempo
a los partidos políticos a que consideren el menú de opciones presentado
para enfrenar el primero de los tres temas en que fue dividida la agenda
del diálogo.
El primer tema es el concerniente a la integración de la Junta
Central Electoral. El segundo se refiere a la concertación de esfuerzos
para mantener la estabilidad macroeconómica en el desfavorable ámbito
internacional, tanto económico como político. Y el tercero abarca una
gran variedad de temas encaminados a integrar lo que sería una agenda
nacional de desarrollo.
Fórmula de transacción
En
su primera semana el diálogo se quedó en el tema inicial. Los partidos
de oposición insistieron en reclamar la renuncia de todos los jueces
electorales para elegir por consenso otros absolutamente apartidistas. Los
perredeístas, encabezados por su presidente Hatuey de Camps y el senador
Ramón Alburquerque, se inclinaron a una fórmula intermedia: que
renuncien los últimos 4 designados, dos perredeistas y dos reformistas.
Esta propuesta, visualizada por muchos como un camino de transacción,
permitiría un consenso en la mayoría de los 7 miembros titulares de la
JCE, dejando a los doctores Ramón Morel Cerda, Luis Arias y Salvador
Ramos, como memoria histórica de la institución.
Los opositores están plantados especialmente contra Morel Cerda, a
quien, al igual que los otros dos, consideran comprometido con el PRD y su
gobierno. Sin embargo, fuera de récord algunos reconocen que puede ser
una fórmula negociable.
Pero de nada valdría un acuerdo al respecto si no es aceptable
para el presidente Mejía, hasta donde llegó la fórmula a modo de
consulta por parte del mediador Monseñor Agripino Núñez Collado.
Fuentes eclasiásticas dicen que el mandatario respondió que también
renuncie Luis Arias, a quien vinculan con el presidente del PRD Hatuey de
Camps.
Es un secreto a voces que Arias y Salvador Ramos no se llevan bien
con Morel Cerda y que éste tiende a arrinconarlos, para lo cual habría
contado con el concurso de los nuevos jueces Rafael Díaz Vásquez, Nelson
Gómez y Luis Pantaleón González. La doctora Rafaelina Peralta ha
tendido a coincidir con los dos primeros.
El otro escollo con que tropieza la fórmula de transacción es
lograr que esos cuatro jueces renuncien. Se cree que en el presidente Mejía,
vía el PPH, puede conseguirlo con Díaz Vásquez y Gómez, quienes al ser
elegidos eran funcionarios gubernamentales. Se les restituiría y hasta
mejoría su oposición en el gobierno.
De Rafaelina Peralta se afirma que es una profesional “muy
orgullosa y sin fuerzas propias para obstruir la solución a un grave
conflicto político”. Fuentes reformistas aseguran que al ser consultado
al respecto, el doctor Pantaleón González,
preguntó qué le darían a cambio.
El PRSC tiene la llave
Tras la primera semana del diálogo político quedó evidente que
el PRSC sigue teniendo la llave para la negociación, sea del lado o
enfrente del gobierno. Y cada día aparece más definido en el papel de
opositor.
En la misma primera sesión del diálogo, la presidenta de la Cámara
de Diputados, Rafaela Alburquerque clamó por la reintegración de los
legisladores, demanda que han formulado otros reformistas considerados,
al igual que ella, “colaboracionistas del presidente Mejía”.
Pero nuevamente la línea de oposición se impuso en la reunión de
la Comisión Ejecutiva del partido que mantuvo el retiro de los
legisladores hasta que se produzca una solución al conflicto de la JCE.
Lo contrario hubiese decretado la muerte del diálogo al quitarle una
presión fundamental al gobierno, lo que fue advertido por varios
dirigentes del partido colorado.
Uno de ellos señaló la presencia en el diálogo del doctor Rafael
Bello Andino, defendiendo la
posición oficial del partido, como “indicativo de lo mucho que hemos
avanzado hacia nuestro papel de opositores”. Al fiel secretario de Joaquín
Balaguer se le ha señalado como cabeza del sector colaboracionista.
Tanto en el PRSC como en el resto de los partidos y entre los
dirigentes de la sociedad civil se estima que los reformistas serán quiénes
inclinarán la balanza. Si el gobierno logra neutralizarlos, habrá
dividido la oposición y reducido la presión que ahora siente.
Con el reformismo de frente, el gobierno tendrá que negociar y
pronto, para evitar que tome fuerza el incipiente frente amplio de oposición
que arrastraría hasta las simpatías de la sociedad civil, en especial de
sus sectores más poderosos, como las iglesias y el empresariado.
Juntar del mismo lado por mucho tiempo al PLD y el PRSC sería
abrir las puertas a una reedición del Frente Patriótico que en 1996
venció al PRD. Con el agravante de que con el desgaste que ya están
registrando y las perspectivas desfavorables derivadas del escenario
internacional, no es razonable esperar que el partido blanco se acerque al
46 por ciento que consiguió José Francisco Peña Gómez en la primera
vuelta de 1996.
Con ese frente amplio de oposición el gobierno tendría que
negociar pronto si quiere
crear un ambiente de comprensión y colaboración para combatir los
efectos negativos del escenario internacional, llamados a agravarse si
finalmente Estados Unidos se embarca en una guerra-ocupación de Irak.
Y le conviene hacerlo antes de que comiencen a llegar los
periodistas y funcionarios de avanzada de la cumbre de mandatarios
iberoamericanos a celebrarse en el país el 15 y 16 del mes que asoma.- El gobierno necesitaría colaboración Con el peso en
acentuado proceso de devaluación, y deudas internas y externas por cubrir
en corto plazo, el gobierno estaría precisando un clima de mayor
comprensión y hasta colaboración de la oposición partidista y de los
sectores sociales determinantes. De producirse la guerra contra Irak, el
precio del petróleo se elevaría mucho más, y tendería a caer el
turismo, agravando la situación económica nacional. Voceros empresariales
expresan progresiva preocupación por el clima de enfrentamiento
prevaleciente. Creen incluso que en la reciente caída del peso influyen
elementos sicológicos, la incertidumbre y el desasosiego originados en la
confrontación política que magnifica los problemas de la economía. Esta semana el
secretario Técnico de la Presidencia, Rafael Calderón, confirmó que el
gobierno contempla una nueva emisión de bonos soberanos por entre 500 y
700 millones de dólares. Para ello requiere un cierto consenso nacional y
apoyo de oposición en el Congreso, que si intenta comprarlo, sonsacando
legisladores, acentuaría el enfrentamiento político.
De por sí será difícil
lograr consenso sobre otro crédito de 500 o más millones de dólares que
aliviarían la carga política del gobierno en un año preelectoral como
será el 2003. Las circunstancias internacionales podrían favorecerlo,
pero el clima de imposición política no. El gobierno está
buscando 250 millones de dólares para reprogramar deuda externa de próximo
vencimiento, y otros 135 millones de dólares para cubrir deuda con el
sector energético y la banca comercial. Se contempla un “fondo de
contingencia” de otros 150 millones de dólares previniendo las
consecuencias de la guerra contra Irak. Por otro lado, antes
que concluya el año el Banco Central tendrá que erogar 124 millones de dólares
por concepto de vencimiento de deuda externa. Es uno de los factores
contribuyentes a la devaluación registrada por la moneda nacional.
En ese marco deben
comprenderse los enfáticos llamados a la negociación formulados al final
de la sesión del diálogo político del jueves por los dirigentes
empresariales Carlos Guillermo León y José
Manuel Armenteros. También lo dejó explícito la presidenta de la
Asociación de Industrias, Elena Villena, casi segura próxima presidenta
del Consejo Nacional de la Empresa Privada, en sus intervenciones en el Diálogo
y en el Almuerzo Semanal de los Medios de Comunicación del Grupo Corripio.- 24
de octubre 2002 |
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