La Sociedad Civil en el Gobierno Compartido
Juan Bolívar Díaz - 18 de octubre 2002


            En las ultimas semanas hemos asistido a un impresionante festival de acusaciones contra la Sociedad Civil, así en sentido general, cuya existencia apenas está siendo descubierta por algunos, especialmente aquellos que confunden el término, al contraponerlo a la “sociedad militar”. Hay quienes han llegado al extremo de responsabilizarla de las distorsiones y debilidades de nuestra institucionalidad democrática.

         Para quienes no están bien informados del término sociedad civil, conviene aclarar que no es tan reciente y que lleva varias décadas de uso comun en la sociología política, que ha sido incorporado al lenguaje corriente de las ciencias sociales a nivel universal y que se le reconoce y promueve en los organismos internacionales.

         En cuanto a la definición del término todavía hay muchas divergencias y polémicas. La más aceptada es la que describe la sociedad civil como el conjunto de instituciones y agrupamientos sociales destinados a promover la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la construcción de su propio destino, sin perseguir la dirección de los organismos del Estado. En otras palabras todas las organizaciones sociales que no son partidos políticos ni entidades oficiales del Estado.

         Como la mayoría de los recientes ataques contra la sociedad civil provienen de dirigentes y miembros del partido de gobierno y son reproducidos profusamente gracias al dinero del Estado, se nos ocurrió consultar el programa de gobierno del Partido Revolucionario Dominicano para el período 2000-2004, en cuya carátula aparecen dos fragantes fotografías del presidente Hipólito Mejía y la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Para más detalles, sobre sus cabezas aparece una frase que dice: “consulta a la Sociedad Civil”.

         El resultado es apabullante. A ningun grupo de la sociedad civil se le ocurriría hoy ser tan ambicioso atribuyéndose las amplias facultades que le consigna el programa de gobierno compartido, justamente en el capítulo primero, páginas 12-14 del documento.

         En la página 12 se indica que “bajo este modelo de Gobierno Compartido, la sociedad civil recupera su condición de principal sujeto del Estado y se garantiza la descentralización del poder político, económico y social”.

         Igualmente “Se asegura un mayor rango cualitativo de gobernabilidad y una visión mas ágil y moderna de participación plural en las grandes tareas del Estado”. Otro acápite promete “un más elevado desarrollo de la democracia participativa tanto social como económico, y más consistencia en la democracia política y el respeto a todos los estamentos de poder publico y de la sociedad civil.”

         Mas contundente aun: “El Gobierno Compartido constituye la expresión política de la sociedad civil organizada, para dirigir, coordinar, planificar, organizar y accionar los cambios y transformaciones políticas, económicas y sociales que demanda el pueblo dominicano”.

         “En el Gobierno Compartido no solo tienen espacio asegurado los partidos políticos, sino de manera preponderante las organizaciones comunitarias, las iglesias, los medios de comunicación, los profesionales y técnicos, las mujeres, los jóvenes, los industriales, comerciantes, empresarios y trabajadores, agricultores, ganaderos, universidades, las ONG y los clubes entre otros.”

         Ya en la página 13 se anuncia que las bases y objetivos de este “modelo político-económico se definen a partir de la estructuración de una nueva y dinámica articulación entre el Estado y la Sociedad Civil. Y entre sus propósitos señala la ampliación de “la base de gobernabilidad del Estado a través de una mayor y más profunda democratización del poder que otorga a la sociedad civil un espacio de privilegio como sujeto principal del Estado comprometido con los cambios y las transformaciones políticas, económicas y sociales que esta demandando la sociedad dominicana”.

         Otro propósito enunciado basca “Garantizar el absoluto respeto no solo a los poderes del Estado, sino también a las instancias de poder de la sociedad civil, en beneficio de las esencias fundamentales de los principios democráticos”.

         A lo largo del programa del Gobierno Compartido, editado en un libro de 175 páginas se encuentran innumerables atribuciones a la sociedad civil. Como muestra final conviene citar la que aparece en el punto 1.3 del capitulo referente a la Política de Modernización del Estado, y que se refiere al Poder Legislativo:

         “La vital importancia de este poder del Estado independiente en el ejercicio de sus funciones, no solo será respetada sino que la misma será incrementada para garantizar el mayor éxito en los proyectos de Reforma y Modernización del Estado y el de las Reformas Económicas y Sociales, para las que siempre se requerirá de un amplio consenso con las demás instancias del poder y con la sociedad civil organizada”.

         He dicho.-

18 de octubre 2002