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El
diálogo político requiere moderación y transacciones La posición de los reformistas, de la Iglesia Católica y otros
sectores habría determinado la convocatoria a diálogo del Presidente Mejía Tanto
el gobierno como los partidos políticos y las organizaciones de la
sociedad civil tendrán que hacer un esfuerzo de moderación y conciliación
para que el dialogo nacional a iniciarse el lunes encuentre un ambiente
propicio a los acuerdos que pongan límites a los enfrentamientos que
afectan a la nación. Por
más que el sector gubernamental lo cuestione es indudable que la
constitución de la Junta Central Electoral (JCE) será el tema
fundamental de las conversaciones, aunque puedan introducir algunos otros,
sin demasiado ambiciones que hagan inmanejable y muy extenso el esfuerzo
de concertación. En
lo inmediato la oposición deberá encontrar alguna forma de corresponder
el gesto de conciliación implícito en la convocatoria al diálogo por
parte del Presidente de la República, a quien corresponde asumir el papel
de estadista por encima de los intereses grupales para garantizarse un
clima más apto a la gobernabilidad en momentos de serias dificultades
económicas. Posiciones determinantes La
convocatoria al diálogo la noche del martes 15 formulada mediante
declaración escrita del presidente Hipólito Mejía sorprendió a la nación
en momentos en que el mandatario aparecía beligerante en el conflicto
originado por la elección de los jueces electorales. En
el mismo texto se identifican los sectores que fueron determinantes en el
paso conciliatorio del primer mandatario: el Partido reformista y la
Iglesia Católica, que al comenzar la semana reiteraron la necesidad de
que el gobierno y su partido pongan atención a los reclamos del resto de
la comunidad política y social. En
la mañana del lunes se publicó un comunicado firmado por el Consejo
Permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano donde daba pleno
apoyo a los pronunciamientos del cardenal Nicolás López Rodríguez y de
otros obispos, así como el nuncio papal Thimoty Broglio que habían
reclamado consenso políitico para la integración de la JCE. El
comunicado asumía como propio de todos los obispos los pronunciamientos
citados y advertía que aunque el Senado es el facultado para elegir los
jueces electorales debía estar "abierto a las voces de la sociedad y
de la ciudadanía que lo eligió y le confió ese derecho y deber". Indicaba
a continuación que "los obispos dominicanos hemos expresado el
profundo deseo de la presencia en la Junta Central Electoral de una amplia
representación de las varias corrientes de opinión del pueblo dominicano,
como en cualquier otro organismo judicial del Estado, para una mayor
garantía de credibilidad y confiabilidad de los dominicanos al juzgar las
elecciones y dar sus resultados". Debe
advertirse que este comunicado fue máas moderado que la posición
expresada tanto por el Cardenal López Rodríguez como por otros obispos,
desde antes de que se produjera la elección. El arzobispo de Santo
Domingo llegó a advertir al Senado que si escogía los jueces
unilateralmente tendríia que "abstenerse a las consecuencias".
Con posterioridad a la elección y hasta esta semana pidió la renuncia de
los designados como forma de abrir paso al consenso. Sorpresa reformista Hay
indicadores de que la fortaleza con que se han manifestado los reformsitas
en el conflicto por la JCE ha causado sorpresa en el gobierno. Algunos
alegan que hasta disgusto, porque se creía que algunas chivas estaban más
amarradas de lo que ha resultado. Al
comenzar la semana el presidente del PRSC, Rafael Bello Andino, apareció
en rueda de prensa demandando al gobierno una rectificación sobre la JCE,
especificamente pidiendo al presidente Mejía que asuma el rol de mediador
y convoque un diálogo entre los sectores involucrados. El
martes el bloque de diputados reformistas ratificó su ausencia del
Congreso, inmpidiendo nuevamente, junto a sus colegas peledeístas, la
sesión de la cámara baja. No se produjeron las deserciones que se
esperaban por una u otra razón. Y hasta la presidenta de la cámara,
Rafaela Alburquerque, a quien se situúa en los máximos niveles de
colaboración con el presidente Mejía, pidió la intervención de éste
para alcanzar algún nivel de acuerdo. Fuentes
reformistas aseguran que el mandatario se habría reunido la noche del
lunes con Bello Andino, Joaquín Ricardo y Aníbal Páez, cabezas del
sector colaboracionista denominado "la casa", aludiendo a los
herederos políticos directos del desaparecido caudillo Joaquín Balaguer.
Allí habrían explicado las presiones generalizadas del partido para
mangtener la distancia con el gobierno después de la elección de los
jueces electorales. De
cualquier forma la respuesta convocatoria al diálogo del presidente Mejía
comienza expresando que recibió "con agrado la propuesta pública
que me hace el Partido Reformista a través de su presidente Rafael Bello
Andino, para que auspicie un diálogo nacional en el que participe toda la
comunidad política, el gobierno, la sociedad civil y el sector productivo,
con la mediación de la Iglesia Católica y las demás iglesias cristianas
existentes en el país". En
otro párrafo vuelve a aludir a la propuesta del PRSC, sin referirse a la
que en términos similares habían formulado el senador José Tomás Pérez
del Partido de la Liberación Dominicana y diversos sectores sociales. En
otras palabras, que el agrónomo Mejía importantizó por encima de todo
la petición del PRSC, con lo que de paso seguía minusvaluando al
principal partido de oposición. Acercamiento PLD-PRSC Hay
quienes creen que uno de los factores que impulsó al presidente Mejía
fue la comprobación de que el enfrentamiento por la JCE estaba impulsando
un acercamiento acelerado entre reformistas y peledeístas, lo que sería
una cuestión seria de cara a una próxima elección presidencial que
demandaría una segunda vuelta. En
fuentes perredeístas se cree que a ese convencimiento habría contribuído
un encuentro sostenido entre el presidente Mejía y el presidente del
partido, Hatuey de Camps, quien tendría razones adicionales para no
simpatizar con la línea de imposición impulsada por sus contradictores
del Proyecto Presidencial Hipólito, mejor conocido como PPH. Un
alto dirigente reformista, de los que más posibildiades tiene de encarnar
la candidatura presidencial colorada comentó que en dos o tres semanas la
crisis post elección de la JCE había logrado borrar todos los
resentimientos que en el ámbito reformista generó el gobierno del PLD. Para
este mismo dirigente, la situación obligaba al gobierno perredeísta a
una rápida rectificación, ya que mientras más tiempo transcurriera en
el enfrentamiento, peor serían las consecuencias para los gobiernistas,
porque el espacio para el colaboracionismo se había reducido. No
negaba la posibilidad de que el régimen lograra "conquistar"
tres o cuatro legisladores reformistas a través de "la casa" o
por medio de Amable Aristy, desesperado por garantizarse su continuidad en
la Liga Municipal. Pero en ese caso el remedio sería peor que la
enfermedad en términos de la reacción de las bases y los dirigentes
reformistas que aspiran a mantener su partido como una opción. También
habría contribuido a la decisión gubernamental la reunión sostenida el
mismo martes por el bloque de los diputados peledeistas con el Cardenal López
Rodríguez y encuentros de influyentes empresarios con jerarcas católicos
que se habían traducido en sugerencias al mandatario para que pusiera límites
al enfrentamiento. Perspectiva desalentadora Las
perspectivas de un diálogo exitoso son tan poco alentadoras que la opinión
pública ha acogido el llamado con reservas, se diría que hasta con poco
entusiasmo, sin faltar quienes ponen en duda la sinceridad de la
convocatoria. Pero
lo que más reservas produce es la radicalización de los protagonistas
fundamentales. En el Senado y en la JCE pretenden que no hay no que tocar
el tema de los jueces electorales, que todo está consumado, con lo cual
el diálogo sobra. En sectores de oposición, particularmente en el PLD,
concluyeron la semana barajando públicamente nombres de candidatos para
sustituir el pleno de los jueces electorales. Lo
que parece haber ganado más espacio es la propuesta reformista de dividir
las funciones admnistrativas de las contenciosas en materia electoral,
instituyendo un tribunal electoral, que al mismo tiempo permitiera
neutralizar el peso gobiernista en el arbitraje de elecciones. La
propuesta, que resucita una reforma demandada en el pasado, ha sido vista
con simpatía en ámbitos de la sociedad civil y ha tenido públicamente
el aval de dirigentes perredeístas como Enmanuel Esquea. La
mayor dificultad es que la misma entraña una nueva reforma constitucional,
ya que el título X de la Constitución, referente a las asambleas
electorales, consigna que "las elecciones serán dirigidas por una
Junta Central Electoral y por juntas dependientes de ésta, las cuales
tienen la facultad para juzgar y reglamentar de acuerdo con la ley".
Ya un sector perredeista sugirió que se volviera a la reforma
constitucional para insistir en la reducción del porcentaje para elegir
el presidente de la República. Extensión de la agenda Tras
convocar al inicio del diálogo el próximo lunes, el eterno mediador en
las disputas y discordias políticas nacionales, Monseñor Agripino Núñez
Collado, ha enfatizado en la necesidad de que los diversos sectores vayan
"en actitud de apertura, flexibilidad, sin prejuicios ni situaciones
de fuerza". El
primer problema a confrontar será la agenda. Ya el Consejo Nacional de la
Empresa Privada (CONEP) ha propuesto que se incluya el presupeusto del próximo
año, el problema de la energía elécrica y otros aspectos económicos.
Otros sectores favorecen que se considere un plan de contingencia ante las
posibilidades de nuevas alzas del costo del petróleo en la eventualidad
de una guerra internacional. Una
agenda muy ambiciosa podría ser contraproducente, pues alejaría las
posibilidades de acuerdos y obligaría a múltiples consultas que los
dificultarían. No
faltan quienes temen que se repita la frustración del último intento
formal de diálogo que involucró a los partidos mayoritarios, efectuado
en 1997 con la mediación de Monseñor Núñez Collado y en la misma
Universidad Católica Madre y Maestra. La
extensión de la agenda conllevó numerosas sesiones de trabajo, en las
que cada vez más los representantes del gobierno (entonces del PLD) se
mostraban apáticos y prepotentes. Hasta que un día el PRD rompió
aburptamente el proceso. La misma noche el presidente Leonel Fernández
convocó el "Diálogo Nacional", que quedó cojo por la negativa
del perredeísmo a participar.- 17
de octubre 2002 |
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