|
|
|
 |
 |
|
|
La
Sociedad Civil en la mirilla Se ha reiniciado, ahora con
nuevos actores sociales y políticos, la vieja campaña que pretende
contraponer a los partidos políticos, especialmente al gobernante, contra
las organizaciones sociales y políticas no partidistas que buscan
contribuir al fortalecimiento democrático dominicano sin asumir una de
las banderas que representan al espectro electorero. El momento escogido para
esta nueva fase de la campaña contra la sociedad civil se explica con una
mirada simple al contexto nacional: La nueva Junta Central Electoral es
motivo de discordia, igual que en 1998. Vuelven a juntarse el PLD y el
PRSC para reclamar equilibrio en la composición del tribunal. Se retiran
del Senado y la Cámara de Diputados todos los congresistas de la oposición.
Los partidos opositores amenazan con retirar a sus delegados del tribunal
electoral. Recientemente se aprobó, con el rechazo del PLD, una reforma
constitucional que permite la reelección presidencial. Está pendiente de
aplicarse el voto de los dominicanos en el exterior y está pendiente la
renovación de las juntas electorales municipales. Las organizaciones de la
sociedad civil han jugado un papel dinámico y positivo en la consolidación
de las instituciones de la democracia dominicana. El ejemplo más
elocuente es, precisamente, el electoral. Las tres elecciones que se
produjeron entre 1986 y 1994 fueron el detonante para que profesionales
sin partidos, intelectuales, centros académicos, grupos empresariales y
personas bien intencionadas de las más variadas procedencias sociales se
juntaran y estructuran varias organizaciones con vocación política no
partidista, entre ellas el movimiento cívico Participación Ciudadana,
surgido en octubre de 1993. La primera gran acción de
Participación Ciudadana fue el sometimiento a la justicia de los miembros
de la Junta Central Electoral que organizaron el trauma de las elecciones
de 1994, y que llevaron al país a una de sus más graves crisis política,
precisamente por el fraude que se cometió en ese proceso. Se reformó la
Constitución de la República y se inició un fortalecimiento del
movimiento político y social independiente de los partidos y una vocación
más firme del sector empresarial y los centros académicos para asumir
las cuestiones políticas como parte de sus preocupaciones. Si el sistema electoral
dominicano ha mejorado en los últimos años se le debe, en buena medida,
a la sociedad civil. Se modificó la ley electoral y el país ganó, y los
procesos electorales de 1996, 1998 y del 2000 fueron ejemplares. Los
partidos políticos entendieron que la sociedad civil no pretendía
competir con ellos en la búsqueda de votos, y que más bien eran aliados,
y así lo demuestran las elecciones relaciones de cooperación que entre
los partidos y los movimientos sociales mantienen. Claro existen diferencias, y
que incluso algunas organizaciones han dado demostraciones de excesiva
apertura al designar a dirigentes políticos en sus direcciones ejecutivas,
como ha sido el caso de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Pero
los directivos designados han pertenecido a organizaciones partidarias
diferentes, lo que habla muy bien de sus juntas directivas. La sociedad civil también
ha sido protagonista en el proceso de reforma judicial dominicana, y ha
contribuido extraordinariamente en la socialización de los conceptos
participativos, lo que permite que haya más ciudadanos y ciudadanas que
se interesen por los temas del país sin necesidad de inscribirse en los
partidos. Desde la sociedad civil no se estimula el antipartidismo, más
bien se le gestionan apoya para fortalecer su democracia interna. El trabajo educativo de la
sociedad civil ha sido igualmente valioso, al colocar, por ejemplo, en los
procesos electorales más 50 mil personas como observadoras nacionales en
las mesas de votación, lo que ha reducido y casi eliminado la presencia
de observadores internacionales. La sociedad civil ha
realizado una gran labor y merece seguirla haciendo, aunque en la búsqueda
de sus objetivos haya cometido errores, como los han cometido los partidos,
las instituciones públicos y privadas y los que reclaman que ahora la
sociedad civil asista a las elecciones a buscar votos. Eso no será
posible. 12
de octubre 2002 |
|
|
|
|
