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Dejemos
algo libre de clientelismo Como
se trata de un aporte limpio, que no reclama nada incluído, a no ser la
reciprocidad del cariño familiar, y si le sumamos las contribuciones
directas en bienes como electrodomésticos, equipos y materiales, más la
inversión en bienes raíces, es muy probable que sea tan importante como
el turismo, que estaría aportando casi 3 mil millones de dólares. Sin
embargo, gobiernos van y gobiernos vienen y esos dominicanos y dominicanas
sólo son vistos como fuente de explotación en las campañas electorales
y de extorsión en una voraz red consular que les cobra el triple del
valor del pasaporte nacional y les exige cien dólares por la certificación
de cualquier documento. En
este gobierno se ha hablado de una Secretaría de Estado de Ultramar y
aunque aún no está instituída por la ley, desde hace dos años tiene su
titular cobrando y gastando a nombre de los emigrantes, sin que se pueda
apreciar ningún resultado más allá de esa renta. Esta
semana en su prolongado viaje por Estados Unidos, el Presidente Hipólito
Mejía acaba de improvisar otro cargo clientelar, el de delegado
presidencial en la comunidad de Nueva York. En el pasado gobierno hubo
subsecretarios en esa ciduad y en Miami. En
este como en aquellos casos se trata del pago de partidarios políticos.
Como los cargos consulares, que en alta proporción han sido convertidos
en mecanismos de financiamiento de activistas que devienen rápido en
millonarios por el alto nivel de explotación a que someten a nuestros
emigrantes. Siempre
que hablamos de la comunidad en el exterior se piensa fundamentalmente en
Nueva York y otras ciudades norteamericanas. Pero hace tiempo que son
importantes los residentes en Puerto Rico, Venezuela y Europa,
particularmente en España. En
territorio español están asentados más de 60 mil nacionales, 72 por
ciento mujeres, un 83 por ciento con estatus legal de inmigrantes, unos 8
mil nacionalizados, según las estadísticas reunidas por el Voluntariado
de Madres Dominicanas en España (VOMADE), modelo de organización
reconocida por el Estado español y cuyos servicios gratuitos ya se han
extendido a otras colonias de inmigrantes, primero latinoamericanas y
ahora también de Africa. Esos
y esas inmigrantes comienzan a constituirse en una fuerza importante y los
nacionalizados pueden hasta decidir elecciones en distritos municipales
madrileños donde hay cierto equilibrio político-partidario, como Aluche,
Prosperidad, Cuatro Caminos, Fuentelabrada y Alcabendas. Parece
que la legislación española permite hasta el voto de los residentes
extranjeros por más de diez años, siempre que se haga un tratado
bilateral y de aplicación recíproca, lo que aumentaría la influencia de
esa colonia de migrantes. En
noviembre del año pasado se firmó un convenio con España para normar
las migraciones dominicanas, en virtud del cual hace unos meses se envió
el primer conitingente de 42 mujeres para trabajo doméstico. Hay
testimonios de que fueron reclutadas por mecanismos partidarios y varias
aseguran que tuvieron que pagar 20 mil pesos a un gobernador provincial
para que las incluyeran en la cuota. Autoridades
españolas comienzan a mostrar preocupación por ese tipo de reclutamiento.
Además de que 4 ya retornaron al país, tras pasar trabajo, porque no
reunían las capacidades para el oficio doméstico. Otras no tenían ni un
primo o amigo en España. Fueron aisgnadas a Valladolid y Toledo, donde
fueron presas de de la desadaptación y la desorientación. Hubo
algunas que estaban tan lejos de la realidad que al llegar se hospedaron
en hoteles, lo que causó sorpresas a las autoridades. Pronto
el convenio será sometido a una seria prueba, porque antes de terminar el
año tocará enviar un contingente grande de tres mil. Esta vez además
del trabajo doméstico incluirá albañiles y agricultores. No
debería ser demasiado pedir que ese reclutamiento se haga transparente,
sin mecanismos partidarios, ni explotación, sin convertirlo en una nueva
fuente de tráfico y corrupción. Que se incluya a verdaderos trabajadores
con entrenamiento en esos oficios. Apelamos
a la sensibilidad del secretario de Trabajo, doctor Milton Ray Guevara,
para que se aplique con toda transparencia el convenio de inmigración a
España, y al gobierno para que las oficinas consulares en España le
presten asistencia a esos nuevos migrantes. Aunque para eso tengan también
que cambiar algunos funcionarios y funcionarias consulares y diplomáticos
no aptas para tal misión.- 05
de octubre 2002 |
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