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Un
error del PRD La designación de la Junta
Central Electoral al margen del consenso tendrá consecuencias inmediatas
para el Gobierno, el Partido Revolucionario y para el propio organismo
electoral, los cuales tendrán que resignarse, respectivamente, a una
erosión de la gobernabilidad política, un deterioro de su capacidad de
negociación y una pérdida de su imagen de neutralidad para administrar
el próximo proceso electoral. Ahora sin justificación, el
PRD tomó la misma decisión que en el segundo semestre de 1998 cuando
designó una JCE unilateralmente, como respuesta a la acción del Gobierno
de Leonel Fernández de quitarle la presidencia de la Cámara de Diputados
y de colocar adherentes del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara
de Cuentas. La lectura del escenario
nacional resulta, en este momento, de mucha preocupación para los actores
políticos, con la sola exclusión del PRD, pues está a la vista un
proceso electoral arbitrado por una JCE sin el consenso ni la confianza
generalizada, algo realmente imprescindible en cualquier contienda
electoral. En ese contexto debe incluirse la reforma constitucional con la
reelección presidencial y el dominio casi absoluto del PRD sobre los
poderes del Estado. El PRD está demostrando,
con la última decisión, su rechazo a la búsqueda de consenso político
sobre temas fundamentales, y está mostrando una voracidad más allá de
lo prudente en relación con la composición de las instituciones del
Estado. Y no es que rechace las propuestas de los partidos opositores,
algo normal y hasta razonable, sino está rechazando la posibilidad de un
entendimiento con organismos de la sociedad civil con capacidad de diálogo
mucho más allá que los partidos políticos. Pareciera que el ejercicio
del poder está impidiendo al PRD y al Gobierno ver más allá de sus
narices, porque están permitiendo que se produzca un aislamiento en su
relación con la sociedad. Rechazan el diálogo, evitan la transacción y
al tomar decisiones se imponen a fuerza de mayoría. Es la lectura que se
hace desde una población que transita entre propuestas políticas que no
tienen mucha sustentación en las ejecuciones gubernamentales. Eso es lo que explica que la
encuesta Penn & Schoen-El Caribe haya mostrado que el 69% de la
población percibiera que el Gobierno iba por mal camino. Ese solo dato
debía sugerirle al PRD y al Gobierno un cambio en su relación con la
sociedad. Estamos en un momento especial, en el que mucha gente que
simpatizaba y votaba por Balaguer está replanteándose su decisión,
ahora sin el caudillo. Leonel Fernández es un político atractivo para
esa gente, como lo es para la clase media castigada por el Gobierno con la
decisión de aumentar los precios de la energía eléctrica, sin importar
la irracionalidad de la medida. Sobre la JCE vendrán desafíos
importantes. De los siete jueces designados cinco son acusados de tener vínculos
con el partido blanco y una con el Partido Reformista. El magistrado
Roberto Leonel Rodríguez Estrella, ratificado el jueves por el Senado,
decidió renunciar irrevocablemente precisamente para darle mayor fuerza
al cuestionamiento de la falta de consenso en la designación. Rodríguez
no tenía otra salida, sobre todo porque su designación inicial en 1999
se debió a la sugerencia del Partido de la Liberación Dominicana. Aunque ha dado una
demostración de fuerza, el PRD ha errado en este paso, porque se aisla de
instancias de la sociedad con las que convivía desde la oposición y
porque no percibe que la erosión del poder está afectando seriamente una
de sus grandes virtudes históricas: la concertación y la negociación
con fuerza sociales y políticas de la más variada gama, con las que
aislaba a las fuerzas gubernamentales que le adversaban. 28
de septiembre 2002 |
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