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La
declinación de Rodríguez es la diferencia básica en la Composición de
la JCE La
declinación del licenciado Leonel Rodríguez Estrella al cargo de juez de
la Junta Central Electoral (JCE) apenas horas después de ser designado
por el Senado podría ser la diferencia fundamental en la nueva composición
del organismo y otra expresión del insuperable antagonismo entre los
partidos que fundara el profesor Juan Bosch. Tal
como se temía, los senadores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD)
prefirieron el camino de la confrontación al despreciar toda posibilidad
de buscar siquiera un mínimo de concertación con el principal partido de
oposición, el de la Liberación Dominicana (PLD), ya que sí lo hicieron
con dirigentes del Reformista Social Cristiano (PRSC). La
nueva JCE no presenta mayores diferencias políticas en relación a la
elegida en 1998, aunque es ligeramente más inclinada hacia el perredeísmo,
pero implica una reiteración del desprecio a la oposición y a los
reclamos de la sociedad civil y la opinión pública en general y de
aprovechamiento de las debilidades en que se encuentra el partido legado
por Joaquín Balaguer. Sin mayor diferencia Tal
como quedó conformada la noche del jueves la Junta Central Electoral no
presenta mayores diferencias con la elegida hace 4 años, incluyendo la
forma en que el Senado la escogió, en ambas oportunidades sin atender a
los reclamos de consenso formulados por los principales opositores políticos
y los grupos sociales más preocupados por la gestión democrática. Esta
vez hubo un poco más de ponderación al punto de que se intentó incluir
a un importante cuadro de la sociedad civil, el director ejecutivo de la
Fundación Institucionalidad y Justicia, licenciado Carlos Salcedo, y se
produjo alguna negociación con dirigentes de uno de los dos mayores
partidos de oposición. De
los cinco jueces que los perredeístas eligieron en agosto de 1998,
ratificaron a los tres más cercanos, el presidente Ramón Morel Cerda y
los profesores Luis Arias y Salvador Ramos. La
nueva junta quedó más inclinada al partido blanco por la sustitución de
la doctora Teresa Pérez y el doctor Luis Ramón Cordero, que en principio
y hasta el final parecieron los más independientes de los intereses
partidistas. Quedaron
sustituídos por dos abogados más próximos al PRD, ambos funcionarios de
su gobierno: el doctor Rafael Díaz Vásquez, de viejos vinculos con el
perredeísmo, quien se desempeñaba como subsecretario administrativo de
la secretaría de Salud Pública, y el santiagués Nelson José Gómez,
abogado del Estado que reivindicaba merecimientos partidarios para un
cargo de alguna jerarquía. Un
sexto miembro de la JCE saliente, el doctor Julio César Castaños Guzmán,
fue sustituído por la doctora Rafaelina Peralta, quien trabajaba en la
consultoría jurídica del organismo electoral y que habría sido
recomendada por dirigentes del PRSC, al igual que su suplente el doctor
Luis Nelson Pantaleón. Hace una década que la doctora Peralta ya era
oficial del Estado Civil, ayudada por su padre el dirigente reformista
Rafael Peralta Pérez, quien precisamente había sido presidente del
Senado. Castaños también era del Partido Colorado al ser investido juez
electoral, pero actuó con tanta independencia y apego a la
profesionalidad que dirigentes reformistas le retiraron el respaldo e
hicieron saber al PRD que no era su candidato a la reelección. Al
ratificar al séptimo juez electoral, Rodríguez Estrella, los perredeístas
pretendían mantener la transacción de 1999, cuando él y Castaños
fueron elegidos al ampliarse a 7 los titulares de la JCE, pero sin un
acuerdo explícito con el PLD. Aunque de hecho dirigentes del partido
morado habían negado apoyo a su ratificación, considerando que él no
fue suficientemente enérgico frente a las irregularidades denunciadas en
las recientes elecciones congresionales y municipales. El PRSC sería la diferencia En
relación a la elección de 1998, el PRSC habría sido la diferencia,
porque con este se negoció al menos a medias. Fuentes bien informadas
aseguran que la negociación con los reformistas fue encaminada a través
del presidente del partido colorado, Rafael Bello Andino, del influyente
Guaroa Liranzo y otros vinculados al viejo anillo del extinto caudillo
Joaquín Balaguer, quienes mantienen excelentes relaciones con el astuto
presidente Hipólito Mejía y su entorno. Fue
un hecho público que Bello Andino llegó a recomendar por escrito al
doctor Leonardo Matos Berrido para titular de la JCE, con el mismo doctor
Pantaleón de suplente. Esa
candidatura registró dificultades por todos los lados, pues algunos
senadores perredeístas mostraron escrúpulos de aparecer eligiendo a
quien se sindica como el cerebro del fraude electoral organizado en 1994
dentro de la misma Junta Electoral, el cual impidió al doctor José
Francisco Peña Gómez asumir la presidencia de la República. La
candidatura de Matos Berrido, embajador de este gobierno en Roma, fue bien
recibida en ámbitos del PPH, lo que contribuyó a excepticismos y dudas
entre los mismos reformistas. La trilogía de influyentes precandidatos
Jacinto Peynado, Carlos Morales Troncoso y José Hazim Frappier se
manifestó públicamente contra de que su partido recomendara miembros
dirigentes para integrar la JCE. Aunque
numerosos dirigentes reformistas se cuentan entre quienes han rechazado la
nueva JCE, por haberse escogido sin previo consenso, hay quienes parecen
conscientes de que el partido colorado no está del todo ajeno a su
conformación. Sería el caso de Jacinto Peynado, quien ratificó que era
partidario del acuerdo, pero se manifestó con resignación ante el "hecho
cumplido". El
PRSC podría ser la diferencia entre esta elección de jueces electorales
y la anterior. En 1998 hizo causa común con el PLD para elevar un recurso
judicial contra la JCE, que incluyó la decisión del gobierno del doctor
Leonel Fernández de retener el presupuesto del organismo electoral. De
ellos dependerá la profundidad del cuestionamiento a la decisión del
partido de gobierno y si genera una crisis política. Si
los reformistas se resignan, al PLD le resultará cuesta arriba poner en
jaque al PRD y su gobierno y obligarlo a una transación sobre la
integración de la JCE. Tampoco podría aparecer cuestionando frontalmente
al partido colorado, por la proximidad de los comicios del 2004 y su
segunda vuelta. En
tal circunstancia es difícil que la sociedad civil pueda ir más lejos
que seguir expresando que prefería un consenso entre los actores políticos.
La paralizaría el temor a aparecer instrumentada por el partido morado. Mientras
tanto, una vez más ha quedado de manifiesto el encono que caracteriza las
relaciones entre los dos partidos que fundara el profesor Juan Bosch, de
la que él mismo fuera su principal cultor. Ni con el patrocinio de las más
influyentes entidades de la sociedad civil se logra el mínimo
entendimiento entre esos dos partidos. El escape de Carlos Salcedo No
sólo fue Tonty Rutinel (de la nueva provincia Santo Domingo), el único
senador que puso alguna atención a los reclamos de la sociedad civil de
que se constituyera un tribunal electoral aceptable para todas las partes.
Hubo varios que procuraron fórmulas conciliatorias, entre ellos el mismo
presidente del Senado, Andrés Bautista. Fue
del despacho de éste que partió la propuesta para integrar a la JCE a su
complueblano mocano Carlos Salcedo, actual director ejecutivo de la
Fundación Institucionalidad y justicia. En principio le propusieron que
fuera uno de los 7 miembros y más tarde que presidiera. Cuando
parecía haber un consenso, de los predios del PPH provino el veto. Había
que ratificar al doctor Morel Cerda en la presidencia. Si Salcedo quería
que fuera como simple miembro, lo que hubiese dejado fuera desde al doctor
Luis Arias. Para
aniquilar la fórmula Salcedo, sus opositores se movieron para presentar a
la sociedad civil como interesada en controlar el tribunal electoral. Como
si la postulación de Salcedo hubiese sido solicitada. En
tal circunstancia al abogado mocano se le puso en una difícil disyuntiva.
El tenía todo el derecho, como ciudadano, a aceptar el cargo,
independientemente de lo que pensara la propia institución donde
trabajaba y el resto de las organizaciones sociales. Pero cargaría la
responsabildiad de integrarse a una junta electa sin consenso, en
contradicción con el reclamo de la sociedad civil, de la que él era
parte, con el riesgo de quedar atrapado en un enfrentamiento político. Ya
para entonces políticos, legisladores y comentaristas objetores del
esfuerzo de la sociedad civil por mejorar las prácticas democráticas,
habían comenzado a afilar cuchillos. Salcedo se dio cuenta de que su
presencia no iba a ser en ningún sentido clave para la suerte de la JCE y
que sería utilizada contra esfuerzos en los que él creía. Prefirió
quedarse en la FINJUS y librar a las entidades sociales de nuevos dardos
envenenados. Ultima oportunidad Si
los reformistas no inclinan la balanza hacia la crisis política, todavía
el senado tiene oportunidad de equilibrar mínimamente la composición de
la Junta, si convencen a Rodríguez Estrella de reconsiderar su renuncia,
o logran sustituirlo por algún abogado que inspire confianza o respeto en
el PLD y en la sociedad civil. De
ninguna forma podría ser uno de los cuadros de primera línea de la
sociedad civil, después de la declinación de Carlos Salcedo, pero podrían
encontrar candidatos de sobra. Lo fundamental es que exista la determinación
de evitar que se llegue a los comicios del 2004 confrontando a los árbitros
del proceso. Es
más que nada un asunto de confianza y acuerdos. Objetivamente no había
muchas razones para objetar la anterior JCE que organizó las elecciones
del 2000 y del 2002, incluyendo la realización de un nuevo padrón
electoral fotrográfico que en esos comicios se demostró eficaz y que se
manejó con absoluto transparencia. Dos
o tres declaraciones "inoportunas" del presidente del tribunal,
doctor Morel Cerda, lo colocaron en el candelabro, pero nadie ha podido
mostrar que promoviera algún dolo o irregularidad en el proceso
electoral, de lo que se le cree incapaz. En
el balance de todo está la dificultad de los políticos dominicanos para
actuar coherentemente desde el poder y aplicar las consultas y la
participación que favorecían desde la oposición.- 27
de septiembre 2002 |
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