Ni explicación, ni justificación
Rafael Toribio - 19 de septiembre 2002   

Después de que el PLD en el Gobierno hiciera las ¨travesuras políticas¨ en la Liga Municipal Dominicana, en la Cámara de Cuentas y en la Cámara de Diputados, el PRD, con mayoría en la Cámara del Senado, devolvió los golpes recibidos, designando a los miembros de la Junta Central Electoral sin realizar ninguna consulta y ninguna concertación. Los golpes recibidos fueron contestados con el golpe que le permitía la mayoría absoluta en el Senado, a quién corresponde constitucionalmente la designación de los jueces del tribunal electoral. En vez de concertación, hubo imposición, contrario al proceso seguido en la designación de los miembros de este tribunal en dos decisiones anteriores, que le habían conferido la legitimidad, el reconocimiento y la credibilidad imprescindibles en un tribunal de esta naturaleza. Pero sin bien es cierto que no tenía ninguna justificación la medida de designar sin consulta y concertación a los miembros de la Junta Central Electoral en 1998, si tenía suficiente explicación. 

Cuando el Senado debe tomar una decisión sobre la composición de la Junta Central Electoral, parece conveniente recordar las graves dificultades que esa Junta tuvo que enfrentar por la forma en que sus miembros fueron designados. Nunca se cuestionó su legalidad, pero si su legitimidad. Además, una parte significativa del tiempo que debieron emplear en la organización del proceso electoral tuvieron que dedicarlo a lograr la credibilidad y la confianza de la ciudadanía y del resto de los partidos políticos. Aunque hay que reconocer que con el trabajo realizado ganaron parte de la confianza, credibilidad y legitimidad que no tenían cuando fueron designados, también es cierto que siempre se mantuvo la duda sobre su imparcialidad, razón por la cual en situaciones de dificultades afloraban los cuestionamientos que se les hicieron al ser seleccionados.  

Llama poderosamente la atención que conociendo esta experiencia, algunos legisladores del PRD quieran hacer nuevamente uso de la mayoría absoluta de que disponen en el Senado para preferir la imposición al consenso en la decisión sobre la composición de la Junta Central Electoral para el período 2002-2006, que tendrá la responsabilidad, entre otras, de organizar las elecciones presidenciales en el 2004 y las Congresionales y Municipales en el 2006. Desconocer las “lecciones aprendidas” de experiencias pasadas es querer repetir los mismos errores y padecer las mismas dificultades. En el caso concreto de que los legisladores del PRD decidan la composición de la Junta Central Electoral apartándose de la consulta y la concertación tendremos, como en 1998, un tribunal electoral revestido de legalidad, pero cuestionado en su legitimidad. 

Es muy preocupante que un árbitro tan importante en el sistema político como la Junta Central Electoral carezca de confianza y credibilidad por parte de la ciudadanía y de los partidos políticos. Pero la preocupación es mayor si se ha restablecido la reelección presidencial y altos dirigentes del PRD y los colaboradores mas cercanos del Presidente de la República hacen esfuerzos sostenidos para que acepte la repostulación para las elecciones del 2004. Si el Presidente opta por ser candidato, y la Junta Central Electoral es impuesta, o su presidente, será muy difícil que se le reconozca la imparcialidad necesaria.

19 de septiembre 2002