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El
gobierno pasa su peor momento por los apagones La encuesta de El Caribe ratifica la caída en el crédito del
gobierno que registró la de HOY el pasado mes El
gobierno perredeísta del presidente Hipólito Mejía atravieza por su
peor momento en los comienzos de su segunda mitad, afectado básicamente
por la crisis energética que ha alcanzado uno de sus peores niveles, por
alzas de precios derivadas del incremento en el costo del petróleo y la
devaluación del peso y por el auge de la delincuencia. La
encuesta de Penn, Schoen & Berland, publicada esta semana por el
diario El Caribe, ratificó el deterioro de la imagen del gobierno que había
reflejado la de Hamilton para HOY publicada a mediados del mes pasado. Las
perspectivas no apuntan a una mejoría del crédito gubernamental en lo
inmediato, dado el inminente aumento en la tarifa de la energía eléctrica
que se anuncia para la próxima semana, aunque a corto plazo un
mejoramiento significativo de la electricidad podría reducir uno de los
factores de mayor disgusto en la población. Percepción ratificada En líneas generales la encuesta de Penn, Schoen
& Berland para el diario El Caribe ha ratificado la percepción
negativa de la gestión gubernamental que había registrado la de Hamilton
para HOY publicada a mediados de agosto pasado. En
la de Penn es mucho mayor el porcentaje de los encuestados que consideran
que las cosas no van en dirección equivocada, al registrar un 69 por
ciento, 10 puntos sobre el 59 que la anterior de la misma firma presentó
en febrero pasado. Ante similar pregunta la Hamilton arrojó en agosto un
57 por ciento, 5 puntos más que su anterior en marzo. Ambas
investigaciones reflejan una mayoría de la población insatisfecha con la
labor del gobierno. Mientras la de HOY registró una calificación
positiva del 45 por ciento, un punto más que en marzo, la de El Caribe
indica una satisfacción del 40 por ciento, 10 puntos menos que en febrero.
El
pesimismo se ha reflejado por igual en las dos encuestas. En la Hamilton
el 47 por ciento, 11 puntos más que en marzo, estimó que dentro de un año
su situación personal será peor. La de Penn registró un 41 por ciento
con expectativas peores sobre la situación del país dentro de un año, 5
puntos más que en febrero. Los
porcentajes de los que consideran que la situación será mejor dentro de
un año han sido del 28 por ciento en la primera y 33 por ciento en la última,
en ambos casos en reducción en relación al 34 y 45 por ciento de las
encuestas anteriores. La
Penn preguntó además por la satisfacción con la labor del presidente,
arrojando sólo un 42 por ciento, 6 puntos menos que en febrero. Estas
dos encuestas, junto a la de Gallup han sido las más acreditadas de las
publicadas en el país en las últimas dos décadas. Casi siempre han sido
cuestionadas por los gobernantes de los tres partidos mayoritarios, pero
acogidas cuando han estado en la oposición. Factores adversos En
la actual perecepción negativa sobre la gestión gubernamental está
pesando preponderantemente el deterioro registrado en las últimas semanas
por el servicio energético. La reducción de la oferta de electricidad
por factores fundamentalmente financieros ha afectado ultimamente hasta a
los sectores de clases medias y altas donde se paga el servicio,
considerado entre los más caros del mundo. En
las poblaciones del interior del país y en los barrios populares los
apagones han impactado tan negativamente que se han reflejado en violentas
protestas, con las consiguientes represiones policiales, con saldos de
muertos y heridos. La
demanda de electricidad es lo que motoriza las protestas sociales durante
el gobierno perredeísta, lo que parece indicar que se está poniendo más
atención a los demás servicios públicos y a la construcción de múltiples
obras, como escuelas, arreglos de calles y caminos, que las motorizaron en
años anteriores. La
percepción negativa está siendo impulsada también por repetidas
elevaciones de precios de los combustibles, determinadas por el incremento
del costo del petróleo, que en las últimas semanas ha vuelto a rondar
los 30 dólares el barril, por encima de los 25 dólares que promedió en
el 2001. Se
trata de un factor de origen exógeno, al igual que la pérdida de valor
del peso, determinada por la recesión internacional y la inseguridad que
han repercutido sobre el turismo y las exportaciones de zonas francas. La
devaluación del peso, que ronda el 12 por ciento en los dos años del
actual gobierno, pero concentrada en los últimos tres meses, repercute en
incrementos de precios no solo de los combustibles, sino también de todos
los productos importados. Las
quejas sobre el aumento en el costo de la vida son mayúsculas, pese a que
el país registró en el último año una de las tasas de inflación más
bajas en mucho tiempo, de apenas 4 por ciento, y sólo 2 por ciento en la
primera mitad del año. El
esfuerzo de las autoridades por contener la devaluación ha conllevado
restricciones monetarias que a su vez se reflejan en aumentos de las tasas
de interés, con el consiguiente encarecimiento del dinero y contracción
de la inversión, lo que deviene en desempleo. Con
los Estados Unidos en pie de guerra, las perspectivas internacionales son
negativas, manteniendo elevados los precios del petróleo y generando
pesimismo sobre el futuro inmediato. Otro
factor que está incidiendo en la visión pesimista de la población es el
incremento de la delincuencia. Hay tendencias a magnificarla cuando se
producen hechos a los que el país no está acostumbrado como el secuestro
del empresario Capellán o los ajustes de cuentas entre narcotraficantes.
Aunque la Policía ha logrado con asombrosa rapidez determinar los autores
de los más conmocionantes hechos delictivos. Esperado discurso presidencial Las
perspectivas en lo inmediato no son halagueñas si se tiene en cuenta que
ya está anunciado un aumento en la tarifa de la energía eléctrica, que
algunos medios informativos han magificado, llegando a estimarlo hasta en
100 por ciento. Los
informes más realistas parecen cifrarlo entre 20 y 30 por ciento, pero
suficiente para generar nuevas inconformidades y protestas. Las
autoridades hacen esfuerzos porque el aumento no castigue a los sectores
de menores ingresos y consumo. Pero mientras tanto, las expectativas son
negativas. El
discurso presidencial anunciado para el martes 17 versará sobre la
renegociación de los contratos con los generadores de electricidad, lo
que a corto plazo deberá traducirse en una notable mejoría del servicio,
pero conlleva el fin del subsidio del gobierno por el sobreprecio del petróleo
que ha predominado desde comienzos del 2000. Los
efectos negativos que se debieron dispersar a lo largo de los últimos dos
años y medio por la elevación del costo del petróleo, podrían sentirse
ahora de golpe, agravando la inconformidad social. Se
espera que el presidente Mejía disponga algunas medidas de compensación
para los sectores de menores ingreos, pero el aumento del costo de la
electricidad se reflejará en los sectores medios y altos y en los
industriales, comerciantes y establecimientos de servicios. Más
allá de las medidas compensatorias, que no podrán ser muchas, el
gobierno tendrá que apelar a la creación de un clima de mayor conciliación
en los ámbitos políticos, eliminando factores de irritación y
confrontación. Al respecto podría apelar a una negociación para elegir
una Junta Central Electoral con algún grado de consenso político y
social. Por
demás, los estrategas gubernamentales tendrían que hacer un mayor y
sistemático esfuerzo para explicar a la población que muchas de las
dificultades coyunturales son fruto de un ámbito económico y político
internacional poco propicio, que ha puesto en apuros mayores a la
generalidad de las economás latinoamericanas.- 12
de septiembre 2002 |
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