|
|
|
 |
 |
|
|
La
OEA no puede intervenir en la elección de la JCE El PRD y su gobierno no podrán ignorar El
propósito del Partido de la Liberación Dominicana de llevar una
instancia ante la Organización de Estados Americanos para que medie ante
el Senado a fin de que elija por consenso los jueces de la Junta Central
Electoral (JCE) resultará fallida ya que ese organismo carece de facultad
para intervenir preventivamente en los asuntos internos de sus estados
miembros. El
anuncio peledeísta podrá pasar como mecanismo de presión, pero carece
de fundamento y de ser materializado dejará mal parados a sus promotores
que deberían conocer los mecanismos operativos del organismo
interamericano. El
esfuerzo del PLD debería concentrarse en fortalecer la opinión pública
nacional en torno a la demanda, especialmente de los partidos de oposición
y de las instituciones sociales como de los medios de comunicación,
siendo obvio que el PRD no podrá imponer su voluntad a menos que quiera
sumir el país en una crisis política que dificultaría la gobernabilidad. Sorprendente propuesta El
Comité Político del PLD sorprendió esta semana con el anuncio de que
enviará a Washington una comisión de sus dirigentes para gestionar la
mediación de la OEA para persuadir al Senado de que escoja los jueces
electorales en consenso con los partidos y la sociedad civil. La
sorpresa se fundamenta en que en el partido morado hay numerosos
dirigentes, comenzando por el expresidente Leonel Fernández, que conocen
los mecanismos operativos de esa institución hemisférica. Es
casi imposible que se pueda invocar preventivamente la Carta Democrática
Interamericana suscrita en Washington el 11 de septiembre del año pasado.
El documento establece acciones colectivas frente a violaciones de la
institucionalidad democrática, que en este caso no se han producido. La
OEA no podría ni siquiera enviar una misión de observación sin contar
con una invitación formal del Estado dominicano, que es miembro de pleno
derecho. Ese requisito es requerido para las observaciones electorales de
rutina. Ni
la secretaría general ni ninguno de los órganos del sistema
interamericano pueden ser puestos en movimiento por una simple petición
de un partido basada en una presunción. Difícilmente pudieran establecer
un precedente semejante, pues se encontrarían frecuentemente ante
peticiones similares provenientes de numerosos países. Y
aún si el Senado ratificara los actuales jueces electorales o escogiera
otros sin consenso, no sería suficiente para movilizar los órganos del
sistema interamericano. Lo primero que preguntarían es si la decisión
legislativa estuvo fundada en la Constitución de la República. Menos aún
si se trata de una elección avalada por 29 de 31 miembros de un órgano
legislativo. Hay
que tener presente que esos legisladores fueron fruto de un proceso
electoral reconocido por la misión de observadores de la OEA como limpios
y transparentes, particularmente en lo que corresponde a la gestión del
tribunal electoral. El
mayor reconocimiento que hicieron los observadores internacionales a los
procesos electorales organizados por las actuales autoridades electorales,
es que todas sus decisiones fueron adoptadas en consulta con los partidos
políticos. Las
irregularidades registradas en los comicios de mayo pasado fueron
irrelevantes tanto en la tradición como en el actual contexto
interamericano y los organismos internacionales tomaron nota de que la JCE
anuló los cientos de votos que se demostraron fruto de tramperías o
deficiencias locales. Legítima aspiración Lo
que no parece discutible es la legitimidad de la aspiración del PLD, como
de la generalidad de los partidos políticos y de numerosas instituciones
sociales, de que los jueces electorales sean fruto del consenso y expresión
de la pluralidad política democrática. Esa
aspiración seguramente sería compartida en cualquier ámbito democrático
internacional, aunque no pueda originar una mediación, si no se vulneran
los principios constitucionales y los preceptos legales. En
el debate que lleva ya más de un mes, el PRD y sus legisladores se han
quedado práticamente solos en el propósito de ignorar al resto de la
comunidad política en la conformación del tribunal electoral. La
generalidad de los medios de comunicación, y los líderes religiosos,
empresariales, así como las instituciones sociales más comprometidas en
el proceso de afianzamiento democrático han reivindicado el consenso con
que fueron integradas las juntas electorales que presidieron los doctores
César Estrella Sahdalá y Juan Sully Bonnelly. En
ambas ocasiones predominó el principio de que los árbitros electorales
deben ser aceptables para la mayor parte de los competidores por encima
del mandato constitucional que otorga al Senado la facultad de elegirlos. El
consenso quedó roto en 1998 cuando fue electa la junta que preside el
doctor Ramón Morel Cerda. En esa oportundiad la opinión pública se
dividió, ya que el gobierno del PLD acababa de elegir los integrantes de
la Cámara de Cuentas días antes de que correspondiera, con los
legisladores que llegaban a su fin, escamoteándole el derecho a los
entrantes donde el PRD tenía mayoría absoluta. También
se dio en el contexto en que los peledeístas habían sonsacado una decena
de diputados perredeístas para impedir que asumieran la presidencia de la
cámara baja. En
otras palabras que fueron los gobiernistas, con respaldo de los
reformistas, quienes dificultaron el consenso al ignorar la mayoría
perredeísta. La
indulgencia ante la revancha del Senado controlado por el PRD fue posible
en parte porque ese partido no controlaba el gobierno y en consecuencia
sus posibilidades de manipulación electoral eran menores. Ello no evitó
una crisis que afectó a la JCE durante más de medio año y para
superarla hubo que realizar negociaciones. En
primer lugar, la propia JCE apeló a la asistencia de la sociedad civil y
del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para que dieran
seguimiento al proceso organizativo de las elecciones y auditaran el padrón
electoral fotográfico entonces en proceso de conformación. Por
otro lado, el PRD y sus senadores tuvieron que terminar negociando con el
PLD y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) para adicionar dos
nuevos jueces al tribunal electoral propuestos por estos. En otras
palabras que después de la crisis siempre hubo que concertar. El PRD no puede solo La
experiencia de 1998 demostró que el PRD no pudo mantener la JCE que eligió
sin consenso y que tuvo que concertar con la sociedad civil y los otros
dos partidos mayoritarios. En
la coyuntura actual hay diferencias importantes que harían más crítica
una elección de jueces electorales solo por los perredeístas. Primero
porque ahora el PRD controla no solo el Senado, sino también el Poder
Ejecutivo. Y porque ahora tiene la mayor responsabilidad en el rumbo del
Estado, y en la creación de un clima de convivencia política que
auspicie la gobernabildiad. Las
dificultades por las que atravieza la economía nacional, presionada por
graves factores internacionales, las crecientes protestas por los apagones
y el aumento de la delincuencia y la violencia demandan un mayor esfuerzo
de concertación desde el gobierno y no auspician la confrontación
generadora de desconfianza. Nadie le puede pedir al PRD que renuncie a la mayoría
legislativa que le otorgó elelectorado. Pero sí que tome en cuenta al
resto de la sociedad política y civil y a la opinión pública en materia
tan sensible como la elección de jueces electorales. El
radicalismo, en algún grado injusto, con que algunos sectores de la
oposición enjuician a los actuales jueces electorales dificulta el
consenso, pero obliga a transaciones en aras de la convivencia democrática
y el mantenimiento de la confianza en la institucionalidad electoral. Hay
indicios claros de que tanto en el PRD como en el gobierno hay dirigentes
influyentes que están conscientes de que se precisa algún grado de
consenso para elegir los jueces electorales y evitar una crisis política.
Para
que los perredeístas puedan salir con las suyas tendrían que conseguir
el apoyo por lo menos del PRSC. Se descarta que lo consigan con el PLD ni
con las instituciones más políticas de la sociedad civil. Si
se mide por los pronunciamientos de los dirigentes reformistas ese apoyo
no está fácil de lograr. No ha habido un solo de los colorados
influyentes que no se haya pronunciado a favor de la concertación para
integrar la jueva JCE. Algunos se cuentan entre los radicales en el
rechazo a la continuidad de los actuales jueces. Desde
luego, en aras del consenso no sería conveniente una renovación total
del tribunal de elecciones, que tampoco sería justo. Por
el momento, en vez de gestiones internacionales, lo que tienen que tratar
los peledeístas es de concentrar su esfuerzo en un amplio frente en pro
del consenso, haciendo difícil que el sector reformista colaboracionista
del gobierno pueda inhibirse o transar. Sin
los reformistas ni los peledeístas el PRD y sus senadores tendrán que
negociar. Si persisten en su propósito de imponerse no sólo desatarán
una crisis política, sino que contribuirán al acercamientro PLD-PRSC, lo
que a mediano plazo puede ser una péxima inversión política.- 09
de septiembre 2002 |
|
|
|
|
