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El
complejo sistema de Seguridad Social En la opinión pública nacional parece haber
unanimidad de criterio en cuanto a la trascendencia de la ley 87-01 que
crea el Sistema Dominicano de Seguridad social, y hay quienes creen que se
trata de la más importante legislación en muchas décadas. El
sistema está llamado no sólo a garantizar la unviersalidad de la
asitencia médica, sino también a crear un mecanismo de pensiones para la
invalidez y el retiro que garantice la subsistencia más allá de los
accidentes y del tiempo que todo lo consume incluyendo las energías de
los seres humanos. Por
su naturaleza y alcances, por la suma de dinero que implicará como ahorro
nacional, por involucrar la salud que es de los más apreciados atributos
de la vida y por la multiplicidad de intereses que involucra, la ley de
seguridad social es profundamente compleja. El
texto mismo es una suma de conseciones y transacciones, que en algunos
segmentos degenera en "parchos mal pegados", fruto de años de
discusiones. Fue un parto con forceps que se abrió paso por entre
ambiciones, mezquindades y prejuicios. Su
complejidad queda de manifiesto en el hecho de que será el primero de
noviembre próximo cuando comenzará a regir apenas en el seguro familiar
de salud, como primer paso. Para el año próximo se espera que entre en
vigencia el sistema de pensiones. Aunque la ley fue promulgada el 18 de
mayo del año pasado. Pero
a 60 días del arraque del sistema de seguridad social ya se registra una
crisis, que ha renovado con fuerza las pasiones y ambiciones que
obstruyeron el proceso de aprobación. Ninguna
posición radical ni encerrona contribuirá a que salga adelante el
complejo sistema de seguridad social. Y si los sectores más directamente
involucrados no hacen conciencia de ello, estaremos condenando a la
criatura a una muerte prematura, antes de que pueda incorporarse
suficientemente. El
conflicto está centrado en la interpretación del artículo 165 de la ley,
que fue de las concesiones que se le hicieron a las asociaciones de
profesionales de la salud para que aceptaran el nacimiento del sistema. Y
aunque parece un contrasentido negar a una parte de los dominicanos y
dominicanas durante 5 años el derecho a escoger su prestadora de
servicios de salud, eso fue lo que se pactó y debe ser cumplido. El
problema se origina en que el indicado artículo es impreciso y pasible de
doble interpetación como ha ocurrido. Establece: "Durante un período
de cinco años a partir de la promulgación de la presente ley, el
Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) conservará a todos los
trabajadores privados que sesenta (60) días antes de entrar en vigencia
la presente ley, sólo estuviesen afiliados al régimen del seguro social,
más sus familiares". Los
gremios de la salud y los sindicalistas interpretan el artículo como si
indicara 60 días antes de la promulgación de la ley, y sectores
empresariales consideran que la ley no podía nacer estableciendo un plazo
ya muerto, y que se refiere a su entrada en vigencia con el seguro
familiar de salud. Asumiendo
esto último el plazo concluiría este primero de septiembre, y muchos
empresas, se dice que unas 150, han solicitado miles de desafiliaciones
del IDSS para que sus trabajadores puedan elegir desde el principio una
prestadora de servicios privados. Hay
que advertir que esas desafiliaciones van en claro beneficio del interés
de los trabajadores que casi todos prefieren la libre escogencia y las clínicas
privadas a los hospitales del viejo seguro social. De
ahí la reacción de los gremios de la salud. Reacción radical como la de
paralizar sus servicios a los trabajadores el pasado jueves, con lo cual
ratifican una de las debilidades de la pertenencia a esa prestadora de
servicios. Los mismos médicos que trabajan en las clínicas privadas, a
menudo en peores condiciones, jamás han paralizado allí sus servicios. Pueden
tener razón los gremios en cuanto a que en el sector privado hay
tendencias irrefrenables a la total privatización del sistema y que la
incentivan a través de las desafiliaciones. Pero
el diferendo puede ser sueprado con un poco de negociación y realismo.
Como ha planteado el director del IDSS, doctor Willian Jana, asumiendo que
las desafiliaciones llegaran al 20 por ciento de los más de 500 mil
contribuyentes de esa prestadora de servicios. Todavía le quedarían 400
mil, que al extenderse a sus familiares (hijos, padres y dependientes
directos) a un promedio de 3 por cada afiliado se convertirían en un millón
200 mil. En
consecuencia, en vez de desaparecer el IDSS, como se aduce, estaría más
que duplicando sus afliados. Y no faltan quienes cuestionen si estará en
capacidad de prestar servicios eficientes a más de un millíon de
personas, cuando no lo hace con medio millón. Hay
demasiado emociones y dogmatismos envueltos en el conflicto. Ojalá que se
haga un poco de luz y que en todos los sectores se auspicien posiciones más
conciliatorias. Serán necesarias para que nazca el sistema de seguridad
social. Y que concentren la atención en los aspectos fundamentales. Como
en los recursos financieros y logísticos para que el seguro familiar
pueda arrancar justamente dentro de dos meses.- 30
de agosto 2002 |
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