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La
mala puntería de la política de endeudamiento Un
monto de US$1,852 millones de dólares en entredicho El
gobierno del presidente Hipólito Mejía ha contraído compromisos con préstamos
y concesiones, que no se han ejecutado hasta el momento, por el orden de
los 1,852 millones de dólares, en lo que va de gestión entre agosto del
2000 hasta la actualidad. Ese monto equivale a 32,851 millones de pesos. Los
acuerdos han sido firmados por el secretario Técnico de la Presidencia,
Rafael Calderón, el Secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas
Maldonado, y el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, siempre
contando con un aval que les ha otorgado el presidente Mejía. Los
préstamos que ha enviado el Poder Ejecutivo al Congreso, han sido
aprobados por ambas cámaras, pero no se han ejecutado, no han tenido
seguimiento de parte del Gobierno ni se han brindado explicaciones al país
ni a los legisladores sobre las razones que impiden la ejecución de esos
acuerdos. Entre
los acuerdos de préstamos oficializados y no ejecutados se encuentran los
siguientes: 1.
Crédito por 49.3 millones
de dólares con la firma Jamco Medical International, radicada en Miami,
para la construcción de 10 hospitales tipo “llave en mano”. El
acuerdo fue aprobado por el Congreso en abril del año pasado, y en tres
meses la empresa se comprometió a entregar los 10 hospitales de 50 camas
cada uno, equipados y en condiciones de operar inmediatamente. Los
hospitales serían instalados en Santiago Rodríguez, San Cristóbal,
Gurabo, Kilómetro 9.5 Carretera Sánchez (Santo Domingo), Neyba-Galván,
Sabana de la Mar, Guaymate y en Bohechío. El
representante local de Jamco es el mercadólogo Héctor Evertz, y se
anunció que al país vendría a supervisar el proyecto el norteamericano
Ed Rolquin, experto en osos panda, y
vicepresidente de Jamco Medical International. La empresa prometió que en
120 días entregaría los 10 hospitales, pero el tiempo pasó, el contrato
se publicó hasta en la Gaceta Oficial, y de los hospitales nadie ha dado
información. 2. Préstamo
por 143.3 millones de dólares con el
Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española, para aplicar un “vasto
programa de modernización de la tecnología de la producción, conservación
y comercialización de los productos del agro”. Fue aprobado en julio de
2001 por el Congreso, pero las autoridades españolas se negaron a darle
el visto bueno y en junio del presente año autorizaron el crédito sólo
de 49 millones de dólares. El propósito del Gobierno era construir e
instalar 295 invernaderos y 5 frigoríficos para beneficio de los
productores agropecuarios, pero el secretario de Agricultura, Eligio Jáquez,
mostró interés especial por el préstamo particular del Mercado de Santo
Domingo (MERCASA), inicialmente valorado en 69 millones de dólares. Sobre
la totalidad del préstamo no hay información ni se espera la aprobación
de parte de las autoridades españolas. El acuerdo de 143.3 millones de dólares
fue aprobado por ambas cámaras legislativas luego de intensos debates.
3. Préstamo de 115
millones de dólares con la firma Sun Land, de Miami, para la construcción
de viviendas para maestros. Las firmas Sun Land, RGITC y Help
Technologies, sin dirección conocidas, se ofrecían para ejecutar el
proyecto, con un supuesto financiamiento del Exim Bank, pero no definían
los costos por equipos ni materiales a comprar. El gestor del proyecto era
Daniel Mejía, un dominicano radicado en Miami, supuestamente
representante del Florida Export Finance Corporation, presidente de Sun
Land, Asociado a Help Technologies y enlace entre el Exim Bank y varios
proyectos dominicanos. El proyecto fue aprobado primero por la Cámara de
Diputados y luego por el Senado de la República. Rafael Calderón,
secretario Técnico de la Presidencia, firmó el contrato financiero y
reconoció no haber investigado a las empresas de Daniel Mejía porque había
venido con el aval del Exim Bank. Pese a que fue sancionado
por el Congreso en noviembre del pasado año, del proyecto de vivienda
para maestros jamás se ha vuelto a hablar, y ni los legisladores que lo
aprobaron como algo sumamente importante han preguntado al Secretariado Técnico
de la Presidencia qué ha sido de Daniel Mejía y los 115 millones de dólares
que prometió aportar como préstamo al país. 4. Préstamo por 180
millones de dólares para la construcción de 13,500 viviendas para
familias pobres, concertado por el secretario Técnico de la Presidencia
con la firma italiana AGS srl. Incluye un acuerdo con otra firma italiana,
Edi.mer, para la construcción de las casas. Fue aprobado por el Senado en
junio y en agosto por la Cámara de Diputados. Funcionarios del Gobierno
viajaron a Italia a investigar las empresas ofertantes y determinaron que
el préstamo no era viable, por lo que recomendaron a la comisión
especial designada por el presidente Mejía que se descartara ese empréstito.
Entrevistados por El Caribe, los ejecutivos italianos Giuseppe
Salamone y Giovanny Todisco, de AGS y Edi.mer, demostraron escaso
conocimiento sobre la temática de vivienda y dijeron ser promotores del
desarrollo de países pobres. Su empresa se dedica a las Relaciones Públicas
y a las consultorías. Una fuente gubernamental desestimó el préstamo y
dijo que era imposible para el Estado negociar un proyecto de esa magnitud
con desconocidos. Se desconocen las razones que motivaron la aprobación
de la pieza el pasado martes en la Cámara de Diputados. 5. The International Bank
of Miami firmó un acuerdo de préstamo con el Gobierno, por vía del
Secretariado Técnico de la Presidencia, por 38.8 millones de dólares
para la construcción del Hospital del Legislador. El Senado lo aprobó en
una sesión que causó revuelo en la opinión pública nacional. La pieza
fue defendida por legisladores y funcionarios, entre los que destacaron
Rafael Calderón y José González Espinosa. El 2 de abril del presente
año, sorpresivamente, el presidente Hipólito Mejía rechazó el préstamo
por las críticas recibidas de la opinión pública, mientras los
senadores José González Espinosa y Bautista Rojas Gómez le recordaban
que el Congreso había recibido el acuerdo firmado por Rafael Calderón,
secretario Técnico de la Presidencia. La pieza murió en los archivos de
la Cámara de Diputados luego de que el presidente Hipólito Mejía lo
descartara. 6. Un préstamo firmado con
el
Banco de Comercio Exterior de México (Bancomex), por 5.1 millones de dólares
para la señalización de carreteras en diferentes ciudades del país jamás
pudo salir adelante, pese a que provenía de México, en condiciones
blandas. Se trata de un caso sumamente extraño. El
4 de noviembre de 2000 el gobierno firmó un acuerdo con CCL Peninsular,
como suplidor, por 20.9 millones de dólares para suministro e instalación
de señales para carreteras. Ya estaba en curso, sin embargo, el préstamo
con el Bancomex por 5.1 millones de dólares para señalización vertical
y horizontal de las carreteras de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La
Romana, San Cristóbal, Baní, Azua, Montecristi, Navarrete, Santiago y
Puerto Plata. El contrato se firmó con Empresa de Comunicación Vial para
una primera etapa. A diferencia del préstamo del Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, que es a 5 años sin período de gracia, el préstamo mexicano
era a 12 años con 2.6 años de gracia. El financiamiento era con los
fondos generados por el Acuerdo de San José. No hay información sobre
los desembolsos del préstamo mexicano, pero sí se sabe que muchas
carreteras han sido señalizadas por Obras Públicas y se presume que se
trata de los 20.9 millones de dólares provenientes del Exim Bank, firmado
por el licenciado Calderón. 7.
El Gobierno firmó el 24 de agosto del 2000, con apenas una semana de
instalado, un acuerdo de préstamo por 18.2 millones de dólares con el
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, teniendo como exportador a la compañía
Riogersa, para “suministro a las Fuerzas Armadas de equipos para
proyecto de movilización de tropas”. La
pieza fue sumamente controvertida, y luego de ser aprobado por el Senado,
entre los diputados hubo dificultades para conseguir su aprobación. Se
trataba de un crédito a comprador por US15.5 millones de dólares para
financiar el 85% del contrato comercial entre el Estado y Riogersa. El 15%
restante para alcanzar los 18.2 millones se aprobaba como crédito
complementario. El préstamo se concertó para ser pagado en 5 años, con
10 cuotas y sin período de gracia. Los
diputados de la oposición criticaron el préstamo, pero la presidenta de
la Cámara, Rafaela Alburquerque exhortó a los reformistas y peledeístas
a votar “por la guardia”, insistiendo en que votaría “por la
guardia porque todo el mundo sabe que mi marido es un guardia”, tal como
se publicó El Caribe el 31 de mayo del año pasado. Se desconoce el nivel
de ejecución de este préstamo. 8. El Secretariado Técnico
de la Presidencia negoció un contrato de préstamo, que luego firmó Hipólito
Mejía, por 95 millones de dólares para la construcción de 9,000
viviendas que se destinarían a familias pobres. El acuerdo se firmó con Private Export Funding Corporation (PEFCO), del Estado
de Delaware, con el apoyo del Exim Bank.
Se trata de comprar casas prefabricadas que serían
colocadas en puerto dominicano para que el INVI se dedicara a instalarlas.
Según reveló Rafael Calderón, en este préstamo se cobra al Estado la
suma de 10.4 millones de dólares como “costo de exposición”, por lo
que el Estado sólo recibiría 85 millones de dólares. Este pago sería
descontado por el Exim Bank como cobro por riesgo-país. Fue enviado por
el Poder Ejecutivo al Congreso el pasado 17 de junio. El préstamo recibió
la crítica de diversos sectores, y una fuente gubernamental confirmó que
el mismo sería rechazado por la Comisión Evaluadora de los préstamos
que cursan en el Congreso y que tienen su origen en el propio Palacio
Nacional. 9. Discutido durante más
de tres años, incluyendo parte de la administración del ex presidente
Leonel Fernández, un préstamo con la Autoridad Portuaria de Livorno por
368 millones de dólares fue reformulado por el Secretariado Técnico de
la Presidencia, y enviado al Congreso Nacional, con el objetivo de sanear
el río Ozama y convertir sus riveras en zona turística. El propio presidente Mejía
describió el proyecto como muy complejo por los grandes intereses que se
movían en su entorno. Al final, Mejía dijo que lo enviaba al Congreso,
pero que no le interesaba. El Gobierno firmó los
acuerdos el 6 de julio de 2001, pero en las negociaciones Rafael Calderón
tardó más tiempo del que él mismo esperaba. Lo presentó como una pieza
de suma importancia, que incluso fue licitado en septiembre de 2000. Pasado el tiempo, en
noviembre del año pasado el Congreso descartó el préstamo de Livorno. Otros acuerdos inciertos Otros acuerdos que no han
sido puestos en ejecución involucran a Riogersa, por 49 millones de dólares
para las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas, además de las
concesiones que no se han iniciado, pese a que han sido aprobadas por el
Congreso. Entre ellas se cuentan 16 millones de dólares para las
carreteras entre la Autopista Duarte y Haina y entre la Autopista Duarte y
San Cristóbal. Se formuló, pero no llegó al Congreso un préstamo por
160 millones de dólares para la construcción de un tranvía entre el kilómetro
9 de la Autopista Duarte y el puente Francisco del Rosario Sánchez. Está en entredicho el contrato de concesión por 300
millones de dólares para la construcción de un tren entre Haina y
Santiago, que estaría a cargo del empresario José M. Ventura Asilis,
quien admitió esta semana la comisión de fraude contra el Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, y la concesión de construcción de la carretera
entre San Pedro y La Romana, por 249 millones de dólares. También la
concesión de la carretera nueva entre San Cristóbal y Baní, a un costo
de 85 millones de dólares. 17
de agosto 2002 |
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