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¿La
nueva JCE? La Junta Central Electoral
no es motivo de debate en este momento. Por lo menos públicamente.
Reformistas, perredeístas y peledeístas están entusiasmados con la
instalación de las cámaras legislativas y las salas capitulares de los
ayuntamientos el próximo 16 de agosto. Los reformistas porque
seguirán dirigiendo la Cámara de Diputados, con una nómina sólo de 36
de 150. También porque tendrán el control de los municipios de Santiago,
Ramón Santana, Nizao, Los Llanos, Consuelo, Higuey, Bayaguana, Jarabacoa,
La Descubierta, Partido, Jánico y Villa González. Y porque se estrenan
ahora en las negociaciones políticas del más alto nivel sin la presencia
del doctor Joaquín Balaguer. Los perredeístas porque
controlarán en forma absoluta el Senado de la República,
dirigirán 105 de los 125 municipios, y tendrán 73 de los 150
diputados. Aparte, controlan el Poder Ejecutivo y acaban de conseguir una
reforma de la Constitución que aprueba la reelección presidencial. Los peledeístas se
entretienen porque tendrán el gobierno del Distrito Nacional, la capital
de la República, el senador de la capital y las sindicaturas y salas
capitulares de los municipios de Nigua, La Romana, Yamasá, Licey Al Medio,
Juan de Herrera y Navarrete. Serán mayoría en la Cámara de Diputados
cuando logren actuar conjuntamente con los reformistas, pues los 41
diputados morados y los 36 rojos representarán la mayoría absoluta. Se olvidan, sin embargo, de
la Junta Central Electoral, un órgano sumamente importante para el éxito
y la transparencia de los procesos electorales. Con excepción de Hipólito
Mejía y Hatuey Decamps, que ya sugirieron la permanencia de los actuales
jueces electorales, reformistas y peledeístas friamente han hablado de
que se cambie la composición del organismo. La Ley 175-97, en su artículo
4 dice claramente que los jueces titulares del organismo electoral serán
cinco, pero una disposición especial y temporal en 1998 acogió una
disposición especial del Congreso para permitir la entrada de los
magistrados Roberto Leonel Rodríguez y Julio César Castaños Guzmán,
sugeridos por los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista
Social Cristiano (PRSC), respectivamente. Reformistas y peledeístas
aspiran a cambiar la composición de la JCE, pero reconocen no tener
fuerza para impedir que el Senado, con 29 perredeístas, 2 reformistas y 1
peledeísta, designe a su antojo nuevos miembros que menos potable a sus
deseos que los actuales, entre los que hay por lo menos uno que respondería
a sus respectivos intereses. Es realmente una decisión
difícil para ambas organizaciones opositoras. Ellos rechazan la actual
composición, pero lo hacen especialmente por el presidente, doctor Manuel
Ramón Morel Cerda, a quien reformistas y peledeístas han acusado de
tener vínculos históricos con el PRD, y a quien acusan de autoritario
frente a los demás miembros del tribunal electoral. Los perredeístas deberán
cuidar sus relaciones con los reformistas, y al mismo tiempo no pecar de
atropellantes al momento de decidir sobre este tema. Aunque públicamente
no se está sugiriendo que haya ya una negociación o algún amarre, es
sabido que la decisión la deberá tomar rápidamente el Senado de la República
que se instale el próximo 16 de agosto. Si fuera una decisión
unilateral, le quitaría legitimidad a la JCE y podríamos volver a los
procesos electorales accidentados y violentas por las pugnas sobre la
organización de las elecciones. Lo correcto es que haya consenso en un
perfil profesional y ético de los miembros del tribunal electoral,
incluyendo el reclamo de la sociedad civil de que no sean militantes de
partidos, y de que la designación cuente con el apoyo de los dos
senadores reformistas y el senador peledeísta. 10
de agosto 2002 |
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