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La
segunda parte del gobierno El Gobierno del presidente
Hipólito Mejía cumplirá dos años de gestión y aún no suelta los
amarres que hizo internamente en el Partido Revolucionario Dominicano para
satisfacer a la militancia que le ayudó en la conquista del poder. El
Presidente es un hombre que ha cumplido y sigue cumpliendo con su gente. Las autoridades igualmente
han cumplido con una distribución más racional de la inversión pública,
priorizando las obras pequeñas y de mayor impacto en comunidades
apartadas, a diferencia de la política de concentración de la inversión
en grandes obras ejecutada por el pasado gobierno. El Presidente ha tenido
suerte que los sectores populares no han actuado frente a él con la misma
dureza que contra Leonel Fernández. Es poco lo que han protestado las
comunidades pese a la ausencia de una política social coherente, y pese
al incumplimiento en la aplicación de un paquete social que compensara
muchas de las medidas fiscalistas de la actual administración. El primer paquete fiscal pasó
sin compensación para los más pobres. Los cupones del gas desaparecieron
del mismo modo que la reducción posterior en ese producto. Los precios de
los combustibles comenzaron a indexarse de acuerdo al precio internacional
del petróleo. Los aumentos de precios en la energía eléctrica
igualmente deterioraron el ambiente en los barrios, con la presión
adicional del Programa de Reducción de Apagones (PRA), que procura ayudar
a las empresas extranjeras que participaron de la privatización de la
comercialización de ese servicio. La Dirección General de
Bienes Nacionales comenzó un programa especial de cobro de viviendas
otorgadas por el Estado, incluyendo la recomercialización de las que no
están siendo ocupadas por sus “dueños” y el Instituto Nacional de la
Vivienda (INVI) ha conseguido aumentar las recaudaciones de cinco a veinte
millones de pesos mensuales por cobro de las viviendas colocadas en el
mercado. Ahora el Presidente autoriza
un aumento de un 200% en el precio de los peajes, y entrega concesiones
por 16,576 millones de pesos, que a su vez significarán cobros de nuevos
peajes en el norte, el sur y el este, incluyendo cobros en avenidas como
la Máximo Gómez, del Distrito Nacional. Un paquete fiscal mínimo,
de corrección se ha argumentado, se encuentra en el Congreso, apenas
comienza a hablarse de la necesidad de reducir el gasto corriente,
mantener como se encuentra la nómina pública y limitar la capacidad de
endeudamiento interno de las secretarías de Estado y Direcciones
Generales. El gran apoyo del gobierno
ha sido la supuesta capacidad crediticia del país, que para el próximo año
tiene comprometido el 22% de los ingresos del Estado, y el manejo de la
política monetaria a través de los instrumentos de que dispone el Banco
Central. La economía y la política
se juntan casi siempre a partir del segundo año del ejercicio
gubernamental, porque es cuando el ejecutivo decide cumplir su propio
programa y cuando ya siente que ha dejado satisfechos, con por lo menos
dos años de bondades, a los militantes y allegados. Ojalá que el presidente Mejía
sienta que puede soltar las amarras, y que a partir de este momento debe
hacer el Gobierno que íntimamente le interesa, incluyendo la aplicación
de una política social más coherente y de más impacto. Lo que podría
venir al Gobierno y al país es una etapa de inestabilidad y de choques
sociales que paralizan parcialmente la economía, reducen la inversión
extranjera y descomponen los elementos que contribuyen a la estabilidad
macroeconómica. “Gobernaré para todos sin
olvidarme de los míos” fue uno de los lemas de campaña del presidente.
Ojalá que a partir de ahora gobierne para todos sin olvidarse de los
sectores populares, las comunidades marginadas y grupos realmente
deprimidos, que no tienen forma de accesar a un empleo público, pero
tampoco reciben los beneficios directos de la política social del
Gobierno. 03
de agosto 2002 |
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