Una rápida revisión de la prensa evidencia que lo que está en discusión es la forma y el contenido de las modificaciones a la constitución dominicana y no su pertinencia, en un proceso complejo parecido al título de la película de acción que hemos tomado prestado para esta entrega. En el trasfondo del debate por la reforma constitucional se está lidiando con el tigre que agachado espera dar el zarpazo final a la justicia dominicana, y con el dragón escondido que pretende excluir del proceso a una gran parte de la población dominicana.
Los congresistas que han rechazado los ya incontables proyectos de modificación propuestos por el senador Darío Gómez, han sido claros en señalar que no se oponen a la modificación de la Constitución. En una declaración dada a conocer el 30 de marzo, alrededor de 70 diputados y diputadas sostienen que es necesario enmendar la Constitución de la República, pero rechazan que "se actúe en forma apresurada", ya que, si bien el actual Congreso Nacional está dotado de las facultades legales para realizar las modificaciones a la Carta Magna, la prudencia política aconseja que las enmiendas se desarrollen en un ambiente de mayor equilibrio, pluralismo y participación (EL SIGLO, 29-03-2001).
El gobierno dominicano considerando que "la intención manifiesta de un grupo de legisladores encaminada a introducir modificaciones a la Constitución de la República, ha originado encendidos debates públicos y contradictorios que es necesario canalizar adecuadamente para un mejor desenvolvimiento de la vida institucional de la Nación" (EL SIGLO 27-03-2001) evacuó un decreto creando una comisión amplia y plural que "propondrá de modo consensuado al Poder Ejecutivo las modificaciones y la forma de hacerlo, que deban introducirse a la Constitución de la República" (EL SIGLO 27-03-2001).
Todo parece indicar que una gran parte de las organizaciones de la sociedad civil, así como de las personalidades seleccionadas para realizar las labores revisoras no fueron consultadas, pero la mayoría ha aceptado su nombramiento como "constituyentes ad hoc". Participación Ciudadana sostiene que "nuestra organización, al igual que otras instituciones designadas, no fue consultada oficialmente antes de ser incluida en esta Comisión, pero entendemos que la creación de la misma produce un efecto positivo al alejar de manera significativa la posibilidad de una reforma constitucional apresurada y sin participación, y abre de manera oficial el espacio para una discusión amplia y medular de la forma a utilizar para implementar esta modificación" (Declaración 20-03-2001).
Otros sectores incluidos se encuentran en proceso de discusión de su participación, ya que estiman que la Comisión nombrada, a pesar de la idoneidad y seriedad de muchos de sus miembros, no fue seleccionada mediante un proceso de consultas con los sectores involucrados, se sostiene que ha sido el Poder Ejecutivo quien ha elegido a los interlocutores y no la sociedad misma. Estos sectores, de todas maneras, no cuestionan la necesidad de cambios en el ordenamiento constitucional dominicano.
De lo que se trata, entonces, es de observar cuáles son las probabilidades reales de que los cambios en la constitución dominicana actual puedan estimular la construcción de instituciones políticas estables y favorecer los procesos de ciudadanización y democratización. El peligro de que los cambios en la constitución vayan en contra de la gobernabilidad y la paz social es real, la historia así lo sugiere.
En efecto, Flavio Darío Espinal, quien recién ha puesto a circular el texto "Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana" sostiene que nuestras constituciones "no han sido fruto de verdaderos pactos amplios de carácter político, que haga posible una sustentación en el tiempo de las instituciones creadas. Eso hace que los ordenamientos constitucionales que se han creado en el país hayan sido históricamente muy frágiles, no viables" (EL SIGLO, 26-03-2001).
EL TIGRE AGAZAPADO. Quienes se han opuesto a que la actual legislatura modifique la Constitución han centrado su crítica en las posibilidades de que sea modificado el artículo 107, el único que hasta el momento Darío Gómez no ha negociado, el cual establece con claridad que: "El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años..."
La forma en que evolucionan las variables relevantes sobre el tema que nos ocupa, evidencia que la posibilidad de que senadores y diputados extiendan el período que les corresponde es minúscula. El tema de la Justicia y la inamovilidad de los jueces es de vital importancia. Dice Mario Vargas Llosa en el número 27 de la revista mexicana Letras Libres, en referencia a Fujimori: "Lo primero que hizo la dictadura fue cambiar a los jueces titulares por jueces provisionales. Sabía lo que hacía: de este modo, con el ochenta por ciento de los magistrados balanceándose en una cuerda floja, se aseguró el control del Poder Judicial."
Según Manuel Figueroa, en lo que se refiere a la justicia "el gobierno de Hipólito Mejía y el partido oficial han asumido una actitud dubitativa, ya que mientras el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, se apresuró a explicar tras una visita al despacho de Subero Isa, el lunes 5 de este mes, que tanto el Ejecutivo como el PRD se oponen a una modificación del sistema judicial, ese mismo día el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Reforma del Estado (Conares), Tirso Mejía Ricart, expresó que la inamovilidad de los jueces debe considerarse como no absoluta, y que los jueces de la Suprema Corte de Justicia deben tener límites, porque si no serían miembros ad vitam, como le decían al ex dictador haitiano Jean Claude Duvalier, porque el poder vitalicio tiende a corromper" (EL SIGLO 30-03-2001).
Las palabras del director de Conares tienen mucha importancia, sobre todo cuando se toma en cuenta que el artículo tres del decreto que nombra la Comisión sostiene: "las discusiones sobre la reforma constitucional en cuestión, deberán efectuarse a partir de un proyecto que presentará la Comisión para el Desarrollo y Reforma del Estado."
La batalla por el mantenimiento de la inamovilidad de los jueces y el establecimiento de mecanismos de evaluación y supervisión se convierte en uno de los temas centrales del proceso. Los jueces no son vitalicios, como se ha querido malintencionadamente sostener: "Actualmente los jueces pierden su posición por tres razones: por mala conducta, por ineficiencia continua y demostrada y cuando le llega la edad de retiro consignada en la Ley de Carrera Judicial. Si fuesen vitalicios, sólo perderían sus posiciones con la muerte, que no es el caso", plantea la Coalición por una justicia independiente en un espacio pagado en EL SIGLO 28-03-2001.
El problema es complejo. Ya que resulta evidente la necesidad de que se aclaren quiénes y cómo evaluarán a los jueces para determinar si un juez puede ser acusado de mala conducta o de ineficiencia continua. La Suprema Corte tiene enemigos por doquier, y resulta evidente el deseo de sectores políticos de retornar a un sistema en el cual los jueces puedan ser repartidos como parte del botín, tal cual era antes de la existencia de la actual Suprema Corte de justicia.
De su parte la actual Suprema Corte le hace un flaco servicios a sus defensores al negarse a acatar la edad de retiro consignada en la Ley de Carrera Judicial, bajo el argumento legal de la no-retroactividad, por lo cual lo consignado en dicha ley sólo es aplicable a los jueces nombrados a partir de su promulgación. La aceptación de la Ley de Carrera Judicial, de parte de la actual Suprema Corte, sería la mejor forma de desarticular las mentiras y falsedades dichas sobre la inamovilidad, y permitiría sopesar el tema de la justicia con menos encono y beligerancia de parte de algunos juristas resentidos. De esta manera el tema de la justicia en el marco de la Reforma Constitucional podría ser evaluado con menos apasionamiento y mayor beneficio para la sociedad dominicana.
EL DRAGóN ESCONDIDO. El tema de la Justicia, como se ve, es complejo y resulta difícil lograr un consenso. Los temas relacionados con los procesos electorales resultan igual de espinosos y necesitan de una gran ponderación. Sin embargo, a la Comisión nombrada por el presidente de la República se le ha dado sólo 60 días para proponer de forma consensuada al Poder Ejecutivo las modificaciones y la forma de hacerlo. Un reto de la Comisión es solicitar un tiempo mayor.
Para organizaciones como Participación Ciudadana, Fundación Institucionalidad y Justicia, Centro de Estudios Padre Juan Montalvo, y otras relacionadas con el movimiento popular, el principal desafío es lograr materializar su reclamo de una reforma constitucional lo más amplia posible -es decir con la participación de la mayor cantidad de sectores- en el reducido plazo dado por el Presidente, además de enfrentar la forma excluyente en que fue nombrada la Comisión.
Las organizaciones de la sociedad civil dominicana no son un ente homogéneo, y resulta indudable la influencia que tiene el PRD en el seno de una gran parte de ellas. Entre los miembros de la Comisión nombrada por el poder ejecutivo se tiene a Juntapo, quien será representado por el diputado Ramón Ramírez (Tito), titular; y el suplente será Isidro Torres, de la Comisión Barrial.
El revanchismo y los celos no son privativos de los partidos políticos, también existen en el seno de la sociedad civil. Indudablemente que la participación de una parte de las organizaciones de la sociedad civil causará dificultades en el seno de los organismos de articulación de la misma. Quizás por esta razón es que Participación Ciudadana ha dicho que tiene la intención "de servir de canalizadora de todas las inquietudes de las organizaciones y personas que no figuran en la misma, para lo cual estará diseñando un plan que establecerá un mecanismo de consulta amplia a nivel nacional" (Declaración del 28 de marzo).
Tal proceso de consulta no debe ser llevado a cabo sólo por Participación Ciudadana. De hecho todos los comisionados deberían tratar de subsanar los errores cometidos por quienes les nombraron, de manera que los comisionados se dediquen a consultar a los sectores que les son afines. La Suprema Corte dirige un proceso de consulta con los jueces, Copadeba y Juntapo con los grupos barriales y populares, las representantes del sector femenino consulta con las organizaciones de ese sector.
En apariencias, de esta manera se estaría garantizando una amplia participación. Lamentablemente, no es así. Un sector que juega un rol protagónico ha sido excluido: los y las congresistas, quienes efectivamente tienen la facultad constitucional de modificar la ley de leyes. Sin la participación de representantes del Senado y los Diputados, no hay garantías de que el proyecto surgido de la Comisión pueda ser aprobado tal y como ésta lo presente.
De hecho, hay que pensar en la posibilidad de que una parte de los congresistas acepten las propuestas íntegras de la comisión, y sólo le agreguen el artículo 107. Ya Darío Gómez ha dado muestra de flexibilidad de los más de 20 artículos que propone que sean modificados, sólo con uno es y ha sido inflexible, el 107.
Flavio Darío Espinal tiene toda razón cuando plantea que se necesita "un mecanismo que combine dos cosas: por un lado, que la Asamblea Nacional sea la que tenga la atribución de hacer las reformas, pero que al mismo tiempo cualquier reforma a la Constitución sea sometida a un referéndum constitucional. Yo creo profundamente en el papel de la ciudadanía, como sancionador último de cualquier norma, o cualquier institución o cualquier procedimiento de la Constitución, porque ésta es la que define la comunidad política y por tanto debe tener una función popular de la manera más amplia posible" (EL SIGLO 26-03-2001).
A fin de cuenta todos los desafíos de la Comisión se resumen en uno sólo: lograr crear ese mecanismo. Los y las comisionadas se están jugando el respeto y el prestigio ganado hasta la fecha