Presidente Mejía había prometido perseguir con firmeza la corrupción
Sociedad civil ve incoherencia en la política oficial para dotar de transparencia el aparato del Estado
La
persecución de la corrupción en la administración pública no ha sido la
norma ni tiene relación con las promesas y los discursos del presidente0 Hipólito
Mejía. Por lo menos 16 casos específicos de corrupción han sido denunciados
en este gobierno y apenas uno ha llegado a los tribunales de manos del
Departamento de Prevención de la Corrupción.
Intelectuales
y líderes de la Sociedad Civil consultados concuerdan en que el gobierno del
presidente Mejía, al cumplir su primer año al frente de la administración pública,
no ha cumplido con las expectativas creadas para impedir la corrupción.
En su
programa de gobierno el primer mandatario se comprometió a proceder “con
firmeza para erradicar los procedimientos que conducen al enriquecimiento y los
bienes fáciles a partir de fuentes impropias, tales como la corrupción y las
actividades especulativas e ilegales”.
El 16 de
Agosto del 2000, al tomar juramento como presidente, Mejía reiteró su propósito
de erradicar la corrupción en el gobierno. “Voy a gobernar desde una casa de
cristal, con transparencia, para que la vigilancia ciudadana sea el testigo de
las actuaciones de todos los funcionarios de la administración pública. Y
puedo asegurar que si en estos próximos cuatro años se produjesen actos de
corrupción, seré yo mismo quien alentará los procedimientos legales para el
castigo merecido. Y puedo asegurar también que para prevenir y penalizar la
corrupción, cumpliré con la promesa de crear una Procuraduría Fiscal con
jurisdicción en todo el ámbito nacional”.
En
diciembre del pasado año, ante la Cámara Americana de Comercio, el presidente
Mejía prometió patrocinar la persecución de la corrupción pasada, presente y
futura “dentro y fuera de las filas de nuestro gobierno” y solicitó a los
partidos políticos y a la Sociedad Civil “no tolerar el encubrimiento ni
muchos menos la complicidad con la corrupción”. Dijo solemnemente: “Yo les
garantizo que los fondos públicos serán manejados con estricto apego a las
mejores prácticas administrativas del sector privado. En nuestro gobierno no
habrá corrupción sin sanción. Eso se lo garantiza el Presidente de la República”.
El 27 de
febrero de este año acudió al Congreso donde informó haber alentado la
transparencia en el uso de los recursos públicos y la persecución de cualquier
inconducta reñida con la ética administrativa. “Se trata de restablecer la
decencia en la administración pública, y para reforzarla, pongo mi propia
conducta como ejemplo de esta prédica de hechos, más que de palabras”.
De los casos denunciados, sólo uno ha sido sancionado
Los
hechos, sin embargo, han afectado el interés del presidente Mejía. Las
denuncias de corrupción han ido en aumento y la ausencia de sanciones, y de
investigaciones, ha sido la nota discordante. Entre los casos de corrupción
ventilados en los medios de comunicación se destacan, entre otros, la destitución
y apresamiento del administrador de Bienes Nacional, las complicaciones del Plan
Renove, las denuncias de nepotismo en la OMSA, las asignaciones de obras de
grado a grado en varias instituciones públicas y el tráfico de ilegales chinos
a través de la Secretaría de Interior y Policía.
El caso de
Bienes Nacionales se desató en marzo de este año, mientras el presidente se
encontraba en Taiwán. La Vice-presidenta Milagros Ortiz Bosch, a cargo del
Poder Ejecutivo, emitió un decreto suspendiendo al doctor Víctor Tió Fernández.
A su regreso el presidente creó una Comisión de Investigación, encabezada por
el Consultor Jurídico, Guido Gómez Mazara, la que confirmó la venta irregular
de terrenos en la Charles de Gaulle a Edmón Elías Barnichta. Es el único caso
que ha ido a la justicia.
Varios
sindicalistas del transporte denunciaron irregularidades y nepotismo en la
Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA). La denuncia decía que más
de 20 personas allegadas al director, Diógenes Castillo, cobraban salarios, y
que empresas vinculadas a Castillo ofrecían servicios de mecánica a los
autobuses de OMSA. Juan Hubieres denunció que una persona cobraba 139 mil pesos
que se emitían para varios sindicatos de chóferes de Santiago, que 350 mil
pesos mensuales eran entregados desde OMSA a camioneros que no eran empleados y
que sólo en la parada de autobuses del Kilómetro 9, de la Autopista Duarte, la
OMSA mantenía 60 empleados. Un dossier sobre el caso fue entregado a las
autoridades. No hubo actuación del gobierno.
En
marzo se denunció, desde el Congreso Nacional, que el Ejército Nacional había
adquirido de grado a grado 11 helicópteros y 120 vehículos en base a un préstamo
por 11.3 millones de dólares, con el Eximbank, sin que fuera aprobado por el
Congreso.
El Presidente dijo que pediría una explicación sobre el caso. Nunca se dijo públicamente
la explicación, aunque posteriormente el Congreso aprobó el préstamo.
Los demás
casos incluyen denuncias de que desde la Secretaría de Interior y Policía se
estaría expidiendo visas para nacionales chinos, algo que las autoridades
norteamericanas han denunciado como irregular porque el destino de los chinos es
el suelo estadounidense. Un funcionario de Interior y Policía, Babado Torres,
recibió a dos nacionales chinos, supuestamente empresarios, en el Salón de
Embajadores del Aeropuerto Las Américas, que fueron deportados por portar visas
irregulares
Las
denuncias de irregularidades en el Plan Renove han motivado la intervención del
presidente Mejía. El mandatario le otorgó el poder a Pedro Franco Badía y
solicitó un informe de las actividades del Plan. Todavía no se ha dispuesto
ninguna investigación.
Otras
denuncias incluyen la ejecución de préstamos que no han sido aprobados por el
Congreso, la concertación de préstamos con empresas españolas para compra de
equipos y servicios grado a grado, y favoritismo para comerciantes como Héctor
Evertz (10 hospitales por 49.3 millones de dólares, dos carreteras en concesión
por 20 años, una carretera en concesión por 22 años y una orden de compra del
Plan Renove por 40.8 millones de dólares).
El
Departamento de Prevención de la Corrupción inició investigaciones sobre
actividades ilícitas denunciadas en el Banco Agrícola. El director del
organismo, Radhamés Rodríguez Valerio, fue interrogado y reveló que una casa
en El Milloncito la vendió al empresario español Mario Pérez, de MAPET, por 4
millones de pesos, con lo que inició la construcción de una vivienda valorada
en 6 millones de Las Praderas. No se han dado a conocer los resultados de las
investigaciones de DEPRECO.
Otras
denuncias y conflictos, vinculados a corrupción, favoritismo o grado grado,
incluyen la asignación de la construcción del acueducto de la Línea Noroeste,
la compra de medicamentos por parte de PROMESE sin que los mismos hayan sido
aprobados por el Departamento de Drogas y Farmacia de Salud Pública, e
irregularidades entre inspectos del IDSS e procuradores fiscales y ayudantes de
fiscales de Santo Domingo y Santiago. Los fiscales de Santiago y La Romana se
encuentran suspendidos.
Fausto
Rosario Adames
Melba
Barnett, Coordinadora General de Participación Ciudadana
El
gobierno no ha sido lo suficientemente diligente para investigar las denuncias
de corrupción. Por lo menos no ha dado señales de que lo esté haciendo.
Simplemente ha dicho que tiene expedientes en sus manos pero no se nota un
resultado de ese trabajo. El presidente vendió la idea de que se podía meter
la pata, nunca la mano, sin embargo ha habido muchas denuncias y no se evidencia
que se esté haciendo un trabajo de investigación para sancionar la corrupción.
Ha continuado la entrega de obras y la compra de grado a grado, a pesar de que
se había prometido que esa práctica desaparecería.
Roberto
Cassá, presidente de la Academia Dominicana de la Historia
No
he dado seguimiento a las opiniones oficiales sobre la corrupción, pero tengo
entendido que no ha habido un planteamiento formal al respecto, y en tal sentido
me parece que el Gobierno ha pecado de indiferencia asumiendo una voluntad
positiva en la persona del Presidente de la República al problema de la
corrupción, que es uno de los problemas neurálgicos que atraviesa el país
desde hace bastante tiempo. Soy de opinión de que hace falta no sólo un
planteamiento de tipo genérico, sino la ejecución de acciones con efectos
–creíbles- para ir limitando este flagelo.
Pedro
Catrain, politólogo
El
tema no ha tenido una relevancia significativa. Al margen del caso de Bienes
Nacionales, no ha habido ningún otro caso que pudiera llamar la atención de la
opinión pública. Pero la gente tiene la idea de una corrupción generalizada
en el actual gobierno, incluso las encuestas reflejan esto. Evidentemente hay síntomas
de corrupción en el actual gobierno, sobre todo por esa idea del clientelismo
político tan predominante en el PRD de que la llegada al gobierno significa el
acceso a un botín que le pertenece por haber participado en la campaña
electoral. El propio Presidente parceló el gobierno a partir de las tendencias
en el PRD, lo que abre todos las puertas de la corrupción política.
Guillermo
Moreno, Ex fiscal del Distrito Nacional
Pienso
que en materia de corrupción el manejo del gobierno ha sido inadecuado. En
primer lugar porque el gobierno no ha logrado definir una estrategia preventiva
contra la corrupción, que le envíe con toda claridad a los funcionarios el
mensaje de que los actos de corrupción a ningún nivel y en ninguna
circunstancia se van a permitir. Aunque el Departamento de Prevención de la
Corrupción ha manejado bastantes expedientes y denuncias, no ha podido quitarse
la imagen de que su trabajo está salpicado por motivaciones políticas. La
lucha contra la corrupción requiere de una dirección política con pautas
claras y con el ejemplo que emane del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo debe
actuar con toda transparencia para que sus actuaciones sean la norma en la
administración pública y en la sociedad.
Mu
Kien Sang Ben, Directora del Proyecto de Iniciativa Democrática (PID)
A
mi juicio el gobierno no ha sido coherente con su declaración de principio de
enfrentar la corrupción no sólo la del pasado gobierno, sino la que se
produzca en esta administración. Ha habido sistemáticas denuncias de corrupción
y de posibles tráficos de influencias, como en el Plan Renove, aunque hubo ya
una decisión del Presidente de asumir el control. Otros casos han sido los de
PROMESE, la entrega de obras grado a grado, el conflicto por el acueducto de la
línea noroeste. Otra denuncia sin solución es la del tráfico de ilegales
chinos provenientes de Hong Kong, quienes han venido al país con visas falsas.
Creo que no ha habido una decisión institucional de enfrentar el tema a pesar
de ser uno de los puntos básicos de su promoción en la campaña electoral.
30
de agosto, 2001
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