Ramón Tejada Holguín /EL SIGLO
Si alguien pide que levanten las manos quienes piensan que la Constitución Dominicana debe ser modificada, de seguro que la gran mayoría de los sectores que crean opinión las alzarán con entusiasmo. De ser así, la discusión se debería centrar en el cómo y el qué debe ser reformado. Pero, lo cierto es que no es así. Los principales actores involucrados en el proceso de reforma constitucional hablan lenguajes diferentes, y difieren en cuanto al contenido de las palabras relevantes. Estamos ante una Babel constitucional
Un vistazo a la prensa de la semana nos revela que tres son las palabras claves sobre las que cada actor tiene su propia idea y se aferra a ella con uñas y dientes: Reforma, Comisión y Constituyente.
PRIMERA PALABRA CLAVE: REFORMA. Se dice que para una proporción importante de senadores y diputados, reforma es sinónimo de la extensión en dos años de sus mandatos. Sin embargo, hay evidencias de que no todos los senadores y diputados piensan igual. El 30 de marzo, alrededor de 70 diputados y diputadas sostuvieron que es necesario enmendar la Constitución de la República, pero rechazaron que "se actúe en forma apresurada", ya que, si bien el actual Congreso Nacional está dotado de las facultades legales para realizar las modificaciones a la Carta Magna, la prudencia política aconseja que las enmiendas se desarrollen en un ambiente de mayor equilibrio, pluralismo y participación (EL SIGLO, 29-03-2001).
El lunes 9 de julio, Darío Gómez, quien puede ser visto como el visible "extensionista", sostuvo que la reforma constitucional se hará "caiga quien caiga" sin la participación de la sociedad civil y a través del Senado y no de una Asamblea Constituyente (El Siglo 10-07-2001), al día siguiente, martes 10, cambió de opinión y aplazó la reintroducción de su proyecto de reforma "para estudiar algunas propuestas y sugerencias hechas por las subcomisiones que integran la Comisión Especial" (El Siglo, 11-07-2001). Lo cantinflezco de la posición de este senador evidencia las dificultades que tendrían quienes lo usan como caballo de batalla si se atreven a sacar la cabeza en bloque. No es que haya quienes piensan igual que Él, es que no desean "quemarse".
Para un sector de la sociedad dominicana no se puede hacer una reforma constitucional sin que se tome en cuenta el sentir y el pensar de la "sociedad civil". Estos sectores están más preocupados, al parecer, por la forma que por el contenido. Esto provoca que se preocupen más por la definición del mecanismo de reforma que por el significado de la reforma misma; sin quererlo se alían a sectores que estarían opuestos totalmente al tipo de modificación a que aspiran, pero que prefieren usar el argumento de la discusión de la forma; como una manera de darle largas a la discusión substantiva. No tienen una visión clara del significado que la palabra reforma implica, ni el juego de poder que entraña.
Un cambio constitucional conlleva, al menos en el papel, una redefinición del poder. Por ejemplo, sectores evangélicos ya están hablando, con razón, de la necesidad de que en la Constitución quede clara y precisa la libertad de culto, y de acabar con la idea de la existencia de una iglesia oficial. Evidentemente que la Iglesia Católica y sus representantes no están interesados en una reforma que propicie la reducción de su poder y su relación con el Estado. El Concordato no es negociable para la jerarquía católica.
El Ejecutivo tiene otra idea de la palabra reforma. De hecho no tiene una visión clara de su significado. Su intervención en el debate es resultado de las presiones de sectores importantes de la sociedad dominicana, y se relaciona estrechamente a las luchas intestinas del PRD, en la cual el presidente de ese partido y del Senado tienen roles protagónicos. Dice el decreto que crea la Comisión Especial: "la intención manifiesta de un grupo de legisladores encaminada a introducir modificaciones a la Constitución de la República, ha originado encendidos debates públicos y contradictorios que es necesario canalizar adecuadamente para un mejor desenvolvimiento de la vida institucional de la Nación" (EL SIGLO 27-03-2001).
La necesidad de la reforma constitucional es sentida, pero, antes de abordar el cómo, el qué y el cuándo, los diversos actores deben ponerse de acuerdo en el significado de la reforma, en el para qué. Desde nuestro punto de vista la realización de cambios en la Constitución dominicana actual deben tener como norte el estimular la construcción de instituciones políticas estables y favorecer los procesos de ciudadanización y democratización, lo cual no podrá lograrse sin diálogo; es claro que en el proceso de construcción de un nuevo marco constitucional sectores muy poderosos se verán afectados.
Una reforma sustantiva del orden social, político y económico que supone el cambio en la Constitución debe hacerse a través de "actores" con representatividad social, proyectos estratégicos consensuados, agenda clara y mandatos expresos, que es precisamente de lo que carece nuestro actual sistema político. Cualquier acuerdo realizado en el contexto actual carecerá de legitimidad, será una reiteración de la práctica elitista de entender el consenso como acuerdos de aposentos realizados de espalda a la sociedad dominicana. El peligro de que los cambios en la Constitución vayan en contra de la gobernabilidad y la paz social es real, la historia así lo sugiere. La unificación de la elecciones, la reducción de la autonomía del poder judicial, son sólo algunos de los aspectos que están en juego.
Como bien ha planteado Flavio Darío Espinal, autor de "Constitucionalismo y procesos políticos en la República Dominicana", las diversas modificaciones a la Constitución "no han sido fruto de verdaderos pactos amplios de carácter político, que haga posible una sustentación en el tiempo de las instituciones creadas. Eso hace que los ordenamientos constitucionales que se han creado en el país hayan sido históricamente muy frágiles, no viables" (EL SIGLO, 26-03-2001)
SEGUNDA PALABRA CLAVE: COMISIÓN. Algunos la han relacionado estrechamente a la palabra anterior, y la ven como una oportunidad para la participación de los diversos sectores de la sociedad, y para que la palabra reforma sea discutida, por un amplio espectro de organizaciones. Lamentablemente, algunos entendieron que la exclusión de representantes de los diputados y senadores era una fortaleza, cuando en realidad fue una debilidad (cf. Análisis Político del 1-04-2001)
Si bien no era el espacio de interacción ideal, tenía la virtud de "producir un efecto positivo al alejar de manera significativa la posibilidad de una reforma constitucional apresurada y sin participación, y abre de manera oficial el espacio para una discusión amplia y medular de la forma a utilizar para implementar esta modificación" (Declaración de Participación Ciudadana 28-03-2001). Su mayor virtud era la de ser un espacio de interacción entre diversas organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos, los cuales, es de suponer, a fin de cuenta son quienes controlan a sus senadores y diputados.
La Comisión, me atrevo a plantear, pudo haber sido un buen ejercicio de participación y democracia, de manera que sus conclusiones fueran vistas como el sentir de una parte de la sociedad dominicana. El artículo 117 de la Constitución es claro al decir que en la ley que ordenaría la reunión de la Asamblea Nacional se determinará el objeto de la reforma e indicará los artículos de la Constitución sobre los cuales versará. De manera que los comisionados bien pueden tratar de llegar a acuerdos y luego negociar con los senadores y diputados para establecer con claridad las modificaciones y su sentido. Claro, para esto se necesitaría que cada actor conozca el rol que en una democracia debe jugar, y, además, que el norte sea la búsqueda de fórmulas de negociación. Hay excesivos protagonismos, y pretensiones desmedidas de parte y parte. Y hay quienes están dentro con el interés de torpedear el proceso.
Se dirá que los comisionados, a diferencia de los senadores y diputados, no fueron elegidos por la sociedad dominicana, ni siquiera por sus propias organizaciones, ya que el decreto que los ampara fue evacuado por el Poder Ejecutivo. Quizás por esta razón es que Participación Ciudadana dijo que su intención al participar en la comisión es "servir de canalizadora a todas las inquietudes de las organizaciones y personas que no figuran en la misma, para lo cual estará diseñando un plan que establecerá un mecanismo de consulta amplia a nivel nacional" (Declaración de Participación Ciudadana 28-03-2001).
Hay evidencias de que no hubo consenso entre los comisionados sobre cuál es el significado de la comisión. Para algunos el objetivo último era detener las pretensiones de algunos senadores y diputados de robarle dos años a la voluntad popular, para otros se tenía un excelente escenario para la discusión y el diálogo alrededor de un tema tan importante como la reforma constitucional, otros lo vieron como un escenario para lucirse, y sectores poderosos lo vieron como un territorio fangoso del que podría surgir un monstruo incontrolable que podría llegar a cuestionar su cuota de poder.
La comisión es una evidencia palpable de las dificultades que tiene la sociedad dominicana para sentarse en las mesas de negociaciones, pero también sugiere que la sociedad dominicana desea cambios. Soplan aires de cambios en la sociedad dominicana, y como en todo momento de cambio, los viejos aparatos de representación van perdiendo legitimidad y surgen nuevos actores, o se remozan algunos viejos.
La encuesta que Penn, Schoen & Berland realizó para EL SIGLO a principios de año, evidencia que los votantes no desean que "sus representantes" sean quienes modifiquen la Constitución: no importa el partido por el cual votó en las presidenciales, ni el sexo, ni el nivel educativo; poco más de la mitad de los y las dominicanos(as) mayores de 18 años (55%) piensa que este no es el momento para modificar la Constitución. El 53% de los y las encuestados(as) por Penn, Schoen & Berland, además, creen que la constituyente debe ser la que modifique la Constitución de la República; sólo el 42% cree que debe ser modificada por el actual Congreso (El Siglo, 4-03-2001). La etapa por la que atraviesa la sociedad dominicana es la de la crisis de la representación, sin que todavía se perfile con claridad el surgimiento de nuevos actores políticos.
TERCERA PALABRA CLAVE: CONSTITUYENTE. Constituyente, para algunos, es la única forma válida de reforma constitucional, es la garantía, dicen, de que el pueblo, ese ente amorfo y difuso, participará en la redefinición de la Carta Magna, la ven como sinónimo de panacea, de demiurgo creador de lo bueno. Para otros, es sólo una forma de obstaculizar el proceso de reforma, crear incidentes que avivan la distancia entre el Poder Legislativo, los partidos y la sociedad civil, de manera que a nadie se le ocurra recurrir a argumentos hostosianos sobre la educación. Es la forma de evitar que en el papel se consigne la necesidad de una República secular.
Para otros la constituyente no es más que una forma de escamotear el papel que el artículo 117 de la Constitución le asigna a diputados y senadores. En la actualidad, dicen, la única forma legítima, legal y constitucional de crear la constituyente es modificando ese artículo y los siguientes. Pero, la verdad es que la constituyente no es la única forma de reforma constitucional que puede garantizar la participación de la sociedad dominicana.
Recién creada la Comisión Especial, reseñé unas declaraciones de Flavio Darío Espinal, experto en materia constitucional y ex embajador dominicano ante la OEA, en la que recomendaba "un mecanismo que combine dos cosas: por un lado, que la Asamblea Nacional sea la que tenga la atribución de hacer las reformas, pero que al mismo tiempo cualquier reforma a la Constitución sea sometida a un referéndum", para a seguidas plantear que "a fin de cuentas todos los desafíos de la Comisión se resumen en uno sólo: lograr crear ese mecanismo. Los y las comisionadas se están jugando el respeto y el prestigio ganado hasta la fecha." (El Siglo 1-04-2001).
Constituyente no es panacea de nada, y la experiencia internacional lo ha demostrado. La demanda actual ha de ser por un pacto que permita una reforma constitucional y del Estado que viabilice la construcción de una sociedad más democrática y plural. Pero que no se quede en el papel, ni se quede en un puro fetichismo de las formas. Para eso hay que aceptar que nuestro país está formado por partidos, congresistas, Poder Ejecutivo, los gremios, agrupaciones civiles, expertos y ciudadanos en general que pueden y deben debatir los contenidos de la reforma constitucional, que hay sectores que verán mermados su poder si se hace una constitución democrática. El que tenga oídos que oiga: las palabras Reforma, Comisión y Constituyente son volátiles y elusivas en la República Dominicana de hoy, el ciudadano dominicano común se queda perplejo ante la polisemia de las palabras, y no sabe quién defiende a quien, mira extrañado que hay aliados estratégicos que hoy se ven enfrentados, y que hay potenciales contendientes que hoy parecen ser aliados.
15 de Julio del 2001