A estas alturas, cuatro cosas deben estar claras. Primero, por los altos precios internacionales de los alimentos y de los hidrocarburos, los altos precios de los alimentos llegaron para quedarse, y cualquier contención es de carácter temporal o excepcional. Segundo, los hogares pobres son muy vulnerables a estas alzas y esto representa una seria amenaza para el estado de salud de esa población. Tercero, con excepciones, los subsidios generalizados son fiscalmente insostenibles y son generalmente indeseables por el enorme nivel de desperdicio. Cuarto, la respuesta de largo plazo a la crisis alimentaria pasa por fortalecer la capacidad de autoabastecimiento, más no necesariamente el autoabastecimiento de hecho, en condiciones de mayor inclusión social, productividad y competitividad, y por un proceso sistemático de reducción de la pobreza y de la indigencia, y de eliminación de las privaciones humanas básicas.

Sin embargo, el gobierno y el país no pueden esperar por las soluciones de largo plazo. El hambre no espera. Por ello, se impone la asistencia de emergencia a grupos vulnerables que les garantice, en el corto plazo y mediano plazos, el ejercicio de un derecho humano, el derecho a la alimentación.

Preliminarmente,  hay al menos cuatro instrumentos que pueden ser usados de manera alternativa, o simultánea y coordinada para este propósito.  El primero es las intervenciones nutricionales preventivas de la Secretaría de Salud especialmente dirigidas a mujeres embarazadas o lactantes y niños/as menores de 3 años. Esta es la población más vulnerable pues en ella las consecuencias del hambre son irreversibles. Es por eso que la población infantil debe ser la primerísima prioridad y última línea de defensa en los esfuerzos por sostener y mejorar el estado de salud y nutrición.

En ese sentido, es urgente un reforzamiento de al menos tres aspectos. Primero, la promoción de la lactancia materna. Es una vergüenza que la lactancia exclusiva hasta los 6 meses, vital para el buen estado nutricional del/la recién nacido/a, no llega al 5%. Eso hay que revertirlo. Segundo, la provisión de micronutrientes y/o alimentos fortificados a embarazadas, mujeres lactantes y niños/as menores de tres años. Actualmente, esta acción es muy limitada. Tercero, continuar impulsando las iniciativas de fortificación de alimentos para la población en general.

El tercero es el programa de plazas agropecuarias de la Secretaría de Agricultura, el cual se expandió recientemente en respuesta a las urgencias alimentarias asociadas a las tormentas de octubre y diciembre.  Un reforzamiento focalizado de este programa en municipios y comunidades urbanas y rurales seleccionadas y el subsidio en esas plazas de productos seleccionados puede ser una alternativa eficiente para mejorar la disponibilidad y el acceso a alimentos de hogares vulnerables.

El cuarto es Comer es Primero del Programa Solidaridad, el cual ya está cubriendo una significativa proporción de hogares pobres. Un incremento en el monto de la transferencia y/o la transferencia de complementos alimenticios fortificados para niños y niñas menores de 3 años puede hacer la diferencia para el estado nutricional de los hogares beneficiarios.

Esta lista no agota necesariamente todas las opciones y hay mucho espacio para la creatividad. Sin embargo, cualquier conjunto de opciones elegidas tiene que estar basado en al menos los siguientes principios. Primero, no se trata de un favor ni de caridad sino de la obligación del Estado para el ejercicio de un derecho humano.  Es por ello que un requisito fundamental es que la cuestión de la seguridad alimentaria y nutricional adquiera carácter de política de Estado. Segundo, la población prioritaria es la infantil, especialmente la de menos de tres años. Tercero, sin desmedro de eventuales reformas institucionales, antes que construir nuevos programas o instituciones, se trata de fortalecer y reforzar las responsabilidades y obligaciones de cada institución y cada actor, impulsando además una estrecha coordinación y colaboración, algo en lo que hay un tremendo déficit en el país.  El ojo debe estar puesto en ir construyendo un sólido e integral sistema de protección social en el que la alimentación, la nutrición y la salud tengan un rol central. Y tercero, cualquier acción en esta línea, como todas aquellas que tienen carácter de política pública, tiene que ir acompañada de un buen proceso de monitoreo y evaluación que ayude a corregir rumbos, cuando sea necesario, y que les haga transparentes y permita rendir cuentas.